Acabar con un problema grave. Los representantes laborales de los agentes de seguridad de los cuerpos de seguridad estatal Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y Sindicato Unificado de Policía (SUP), junto con la Agrupación de Policía Canaria de FSC-CCOO, se han unido para sacar adelante un convenio de colaboración con los colegios oficiales de la psicología de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife para luchar contra las silenciosas muertes de los compañeros que se quitan la vida y que se ha convertido ya en la principal causa de muerte de los policías. Los datos en Canarias hablan por sí solos: en el Instituto Armado, de los once suicidios que se han registrado este año en España, cuatro han tenido lugar en las Islas; mientras que la Policía Nacional vivió en el Archipiélago cuatro de las doce fallecidos ocurridos en 2017 en el territorio nacional. Y es que tan sólo dos psicólogos, uno en el Instituto Armado y otro en la Policía Nacional, atienden a los más de 6.000 agentes destinados en la comunidad.
Especialistas de los sindicatos estatales no saben a ciencia cierta por qué los agentes destinados en Canarias son más propensos a quitarse la vida. "No me arriesgo a dar ninguna explicación ni tampoco veo que exista alguna peculiaridad de que por trabajar en las Islas implique mayor índice de suicidio", señala Francisco Antonio Tenorio, secretario de prevención de riesgos laborales y salud laboral de AUGC en Tenerife y licenciado en Psicología, quien agrega que "puede ser algo coyuntural".
Tanto para Tenorio como para Roberto Alonso, psicólogo y criminólogo del SUP, cuando una persona decide suicidarse entran en juego varios factores. "Es cierto que la profesión de policía está muy expuesta, la vulneración psicológica es bastante grande y existe una alta prevalencia de problemas de salud mental, eso es un hecho verificado", apunta Alonso. Entre las causas, enumera el estrés laboral al afrontar hechos traumáticos con muertes, catástrofes, abusos infantiles o servicios con armas de por medio; turnos rotatorios de mañana, tarde y noche, sobrecarga laboral o dificultades en la conciliación familiar. "Todo hace que tengamos un nivel alto de patologías relacionadas con el estrés", incide.
Jerarquía y disciplina
Estos factores son aún mayores en la Guardia Civil, un cuerpo militarizado con una "rígida jerarquía y disciplina", declara Tenorio. En este sentido, el delegado de AUGC en Las Palmas, Juan Couce, añade los expediente disciplinarios que se abren que pueden llevar a los agentes a una prisión militar "por una simple tontería". Couce recalca que la Benemérita, además, carece de un servicio de psicología eficiente. "Hay 56 profesionales en toda España para la Guardia Civil, en Canarias sólo uno". "Pero es que ese uno", que atiende a los 3.000 guardiasciviles destinados en las Islas. Otros guardias civiles apuntan que otro de los problemas es que el psicólogo es un teniente coronel, lo que a algunos agentes le dificultan contar sus problemas al verlo como un superior jerárquico más que como un psicólogo que, además, sólo realiza funciones de inspección de bajas. Por ello, desde AUGC abogan porque se contrate un servicio externalizado con profesionales civiles.
En la Policía Nacional se topan con esta misma problemática. Los más de 3.000 agentes que hacen las labores de vigilancia de las Islas sólo tienen un psicólogo al que acudir, pero además este servicio médico tiene una función fiscalizadora, "de control de bajas y asistencias, no existe nada respecto a la ayuda y el apoyo psicológico". "Los protocolos que hay actualmente son bastante estigmatizantes con el tema de las bajas psicológicas por el hecho de que somos policías, no hay una idea de promover el bienestar en ese sentido", explica Roberto Alonso, quien agrega: "Realmente, no hay recursos para hacer frente a las situaciones estresantes y traumáticas" que viven los agentes. Y es que de las cuatro plazas de facultativos de la Unidad Básica Sanitaria de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, sólo está ocupada una por una psicológica; mientras que las otras cuatro de técnico sanitario están vacantes.
Para evitar estas muertes, ambos expertos ponen como ejemplo algunas policiales europeas y los Mossos d'Esquadras. En el primero de los casos, Alonso indica que en el viejo continente, después de una intervención en la que el policía usa el arma o es víctima de una agresión, "esta protocolizado tener que pasar por una consulta psicológica no como algo negativo, sino como si te hubieras roto un hueso y tengas que pasar por el traumatólogo" ya que "has puesto en riesgo tu vida o el de otras personas". En la consulta se decide si el agente continúa trabajando o si el profesional necesita un reposo ante la situación de estrés vivida. Sobre la policía catalana, Tenorio apostilla que tienen el servicio de psicología externalizado, como solicita AUGC, "con unos resultados fascinantes, apenas se dan datos de suicidios y es un ejemplo clarísimo que en el estado español está funcionando".
Ante la pasividad de la administración, AUGC, SUP y la Agrupación de Policía Canaria de FSC-CCOO firmaron la pasada semana un convenio con el Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas y el Colegio Oficial de Psicología de Tenerife para la colaboración en la prestación de servicios, realización de acciones conjuntas y formación en materia de seguridad y psicología policial. Entre los objetivos está la organización de las I Jornadas Canarias de Salud Mental en Cuerpos de Policía, que se celebrarán el 14 y 15 de febrero del próximo año; la creación de una Comisión Técnica de Psicología Policial y la atención psicológica especializad a los miembros de los cuerpos de policía.
En este último punto, el sindicato de la Policía Nacional ha dado un paso adelante con el programa ViveCNP, que proporciona apoyo tanto a los agentes asociados al SUP como a todos aquellos que requieren de apoyo psicológico. "El proyecto nació en Galicia después de que un compañero se suicidara", declara José Luis Guedes, secretario del sindicato en Canarias. El programa ha seguido en los archipiélagos balear y canario.
El Gobierno de España también ha mostrado su preocupación por la alta siniestralidad en los cuerpos de seguridad estatal. Asi, el ministerio de Interior ya ultima un protocolo preventivo ante los suicidios mediante un test interno que determine si existe un peligro real, según informó El País.
