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40 años de la Constitución española

El dilema de hacer región de islas

El mayor legado de la democracia con Canarias fue concederle un autogobierno por primera vez en su historia

El dilema de hacer región de islas

El dilema de hacer región de islas

La democracia equiparó a nuestra sociedad con la europea y garantizó libertades y derechos políticos, económicos y sociales largamente ansiados. Pero el mayor legado que aportó a Canarias fue dotarla, por primera vez en su historia, de capacidad para autogobernarse. El experimento era tan novedoso en unas Islas acostumbradas a ser gobernadas íntegramente desde fuera, o con un poder local muy condicionado, que el proceso de elaboración de su Estatuto de Autonomía fue más largo y proceloso que en la mayoría de las restantes comunidades.

Ya en las primeras negociaciones Canarias no empezó con buen pie. De entrada quedó excluida de la denominada Comisión de los Nueve, el órgano en el que el Gobierno de Adolfo Suárez reconoció a la oposición y le encomendó la tarea de ir trabajando el consenso. Además de dos representantes sindicales y los cuatro partidos de entonces (socialistas, socialdemócratas, liberales y democratacristianos), se dio cabida a algunas regiones. En principio las que habían refrendado su estatuto en la República: Cataluña, País Vasco y Galicia. Pero a la reunión previa celebrada en el despacho de Enrique Tierno Galván para designar a los nueve miembros asistió un canario, José Carlos Mauricio. Lo hizo en calidad de representante de la Junta Democrática, donde confluía la oposición salvo la PlataJunta del PSOE. Mauricio planteó ante los asistentes, unas setenta personas, que a Canarias, por su singularidad histórica y lejanía, le correspondía tener voz propia en la citada comisión: "Hubo un momento en que se abrió la posibilidad de incorporarnos, pero la intervención de un representante valenciano reivindicando también un puesto bloqueó finalmente esa petición y Canarias quedó desplazada". Fue la primera oportunidad de lograr que las Islas ganaran protagonismo en el proceso de construcción de la democracia española y su organización autonómica. Pero no fue posible. La singularidad canaria sí encontró sin embargo encaje en la Constitución: concretamente en tres artículos referidos a su peculiaridad insular y en la disposición adicional tercera, que reconoce su REF al prever que se requerirá informe previo de la comunidad para su modificación.

Canarias en la Constitución

Esta disposición se introdujo a última hora gracias a la oportuna intervención de otro canario, José Miguel Bravo de Laguna, después de que las presiones de los diputados y senadores isleños de todos los partidos no lograran garantizar su inclusión. El propio Bravo de Laguna explica como "la fórmula que planteábamos desde las Islas había llegado a la comisión mixta Congreso-Senado, pero se planteó que había que suprimirla porque podía plantear problemas en la negociación de España con la Comunidad Económica Europea". De ahí que "el portavoz del Senado Antonio Jiménez Blanco, que era de mi mismo partido [el Grupo Liberal, integrado en UCD], salió de la reunión, me llamó y logré convencerlo que siguiera defendiendo el tema del REF, porque en Canarias no se entendería ese rechazo".

Y es que en el expreso reconocimiento constitucional de Canarias pesó un antecedente que había tenido lugar en pleno franquismo: la aprobación del REF de 1972. Este había sido posible gracias a la defensa común que realizó toda la oposición anti-franquista, incluidos los reformistas del régimen, para lograr un sistema económico y fiscal que compensara la lejanía y vulnerabilidad estructural del Archipiélago. Ese entendimiento había de hecho permitido a Canarias jugar un papel muy activo durante la transición, constituyendo la primera Junta Democrática de toda España (incluyendo al PSOE de Jerónimo Saavedra, que en el resto del territorial había creado una plataforma alternativa: la PlataJunta).

El REF, que se había intentado incluso vincular a la aprobación de un Estatuto para Canarias (el IUDE), fortalece de hecho la opción autonomista de las Islas. Pero para crear la Comunidad Autónoma de Canarias había una cuestión previa que resolver, que el historiador Francisco Quintana resume como "el dilema de hacer región de Islas". Así lo cuenta en Historia Contemporánea de Canarias: "La consecución de la autonomía constituyó un hito histórico de gran importancia en Canarias. Significó una ruptura respecto al pasado, asentado sobre estructuras administrativas de carácter insular y provincial, desde una situación de dependencia y subordinación política impuesta por un centralismo en las relaciones Canarias-Estado".

Y es que, efectivamente, toda la historia político-administrativa de Canarias se produce en torno a la organización de la isla, y no de la región. José Carlos Mauricio lo resume así: "Por sus características históricas, la estructura económica, social y política de Canarias es insular. No logra prácticamente nunca una integración regional. No existe una región, existen las islas, y sobre esa base es sobre la que tenemos que construir la autonomía". No fue desde luego nada fácil. El proceso ha sido de hecho calificado por algunos historiadores como "una suerte de tormento que se prolongó en el tiempo y generó episodios políticos muy controvertidos.

Finalmente, el 10 de agosto de 1982, tres años después de que lo hicieran el País Vasco y Cataluña y cinco años más tarde de se iniciara su gestación, el primer Estatuto de Autonomía de Canarias vio la luz. Fue la duodécima autonomía de las diecisiete existentes en dotarse de autogobierno, y no lo hizo por la vía que le permitía acceder al máximo nivel de autogobierno (el artículo 151), sino por la denominada "vía lenta", a través del artículo 143 de la Constitución.

Ni 151 ni 143

El temor a los movimientos separatistas de Canarias y "la cuestión internacional" pesaron como ningún otro factor en la elaboración del Estatuto y el encaje de las Islas tanto en España como en Europa. Por ello, el Estatuto de Autonomía no llegó nunca a ser ratificado en referéndum por los canarios, ante el temor del Gobierno a que fuera rechazado.

La amenaza era doble. Por un lado, los movimientos de Antonio Cubillo y el MPAIC para que la Organización para la Unidad Africana (OUA) aprobara un expedientes para la descolonización del Archipiélago. Y por otro, el amplio respaldo que había logrado en las primeras elecciones de 1977 la Unión del Pueblo Canario (la UPC), que representaba a un nacionalismo soberanista, hasta el punto que se había opuesto incluso a la creación de la autonomía con el lema Ni 151 ni 143: autodeterminación.

En este clima, Canarias perdió el tren de incorporarse al Estado de las Autonomías con el nivel competencial de las comunidades históricas: "La autonomía de 1982 nos concibe como una región española del montón, apenas mejorada con una Ley Orgánica de Transferencias Complementarias a Canarias (Lotraca), que con muchos déficits nos intenta acercar a las denominadas nacionalidades históricas. Y no es hasta este año de 2018 cuando por fin hemos obtenido un Estatuto más decente", opina el presidente del Partido Nacionalista Canario, Juan Manuel García Ramos, para quien la nueva norma "no es sino el principio de un camino que debimos haber transitado hace mucho tiempo".

Ya constituida la Junta Autonómica, las disputas en el seno de las formaciones políticas de entonces, tanto internas como entre partidos, prolongó aún más el proceso. El caso es que, tras cuatro presidentes preautonómicos, el Gobierno de Canarias echa a andar en 1983, con Jerónimo Saavedra como su primer jefe del Ejecutivo. El dirigente socialista volvió a presidirlo en 1991, hasta que fue desplazado por una moción de censura presentada a mitad de legislatura por sus socios de Gobierno, las AIC. Este incidente, junto a otros tantos anteriores y posteriores, pone en evidencia las difíciles relaciones que va a mantener Canarias con el Estado desde el inicio del autogobierno hasta la actualidad.

El peine de Olarte

Una de las disputas más sonadas fue la protagonizada por Lorenzo Olarte en 1989 cuando, como presidente del Gobierno de Canarias, se negó a aplicar las reducciones arancelarias exigidas para entrar en Europa. El dirigente centrista respondió con una frase que, aunque no se hizo viral porque en aquel entonces el mundo era más analógico que virtual, tuvo una amplísima difusión nacional: "Madrid se va a enterar de lo que vale un peine". El Gobierno socialista amagó entonces con aplicar el artículo 155 por vez primera, antes de que se hicieran tristemente famoso al activarse el pasado año en Cataluña.

Las tensiones entre las Islas y el Estado o viceversa son ya recurrentes y casi siempre responden a la incomprensión estatal de las especificidades históricas de Canarias. En aquellos tiempos se registraron conflictos de alto nivel ante las presiones que los representantes canarios ejercían en el seno de sus propias organizaciones políticas y en los distintos niveles de la administración, tanto ministeriales como técnicos. Una de ellas la sufrió Eduard Punset, entonces ministro de Relaciones con las Comunidades Europeas, cuando convocó una reunión en Las Palmas para informar de las negociaciones para la integración de España y se encontró con voces discrepantes en Canarias. Pedro Solbes ha sido con diferencia, según diversas fuentes, el ministro que mayor tiempo dedicó a oír a los isleños y que mayor receptividad mostró a la hora de resolver las cuestiones que se le planteaban.

Pero reacción más recordada es, sin duda, la que tuvo Leopoldo Calvo Sotelo cuando, en el breve año que asumió la Presidencia del Gobierno tras la dimisión de Suárez, recibió el informe de la Junta de Autonomía de Canarias. El documento aprobaba la integración en Europa, a condición de que se reconocieran a las Islas sus singularidades. Y cuentan que cuando lo recibió, abrió el último cajón de su escritorio e, indignado, tiró el documento en su interior, al tiempo que afirmaba: "Estos canarios se van a enterar". Ya en reuniones previas con algunos de ellos había mostrado una nula sensibilidad hacia la realidad y las reivindicaciones del Archipiélago.

Mayor sensibilidad de Europa

Canarias ha tenido en realidad más suerte con Europa que con el propio Estado español. Al menos esta ha sido la matraquilla que Manuel Hermoso ha repetido hasta la saciedad cada vez que ha habido que negociar con el Gobierno central la financiación o el encaje de las Islas en España o en Europa. Aún así, el proceso de integración en el mercado común europeo tampoco fue un camino de rosas para Canarias. Primero lo hizo a través del denominado Protocolo 2, una excepcionalidad que Europa no estaba dispuesta a aceptar inicialmente. Y que representa el antecedente de las RUP.

Lo cierto es que la cuestión canaria ha sido en no pocas ocasiones un reto nacional y europeo. Además, disputas relacionadas con la renegociación del REF y la plena integración de Canarias, tras los cinco años de vigencia del Protocolo, están también en la ruptura del pacto de gobierno entre Saavedra y Hermoso. Narran al respecto que Felipe González recibió fuertes presiones desde las instituciones europeas para la plena integración de las Islas, porque "no se puede permitir el precedente de Canarias en la Comunidad Europea". Pacta por ello con ATI el fin del Protocolo 2 a cambio de determinadas ventajas fiscales, que se aprobarán finalmente en 1991, y sobre todo el acceso de los productos agrícolas de Canarias a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), es decir a las subvenciones al plátano.

Este acuerdo se rompe sin embargo dos años después, cuando Hermoso apoya una moción de censura que le convierte en presidente con el respaldo de los 31 diputados que hicieron posible la creación de Coalición Canaria. Nacía así un nuevo nacionalismo canario, en este caso autonomista.

Por fin el máximo nivel competencial

No ha sido hasta este 2018, 40 años después de la aprobación de la Constitución del 78, cuando Canarias ha logrado renovar su viejo Estatuto. Como en la elaboración de su primera norma de autogobierno, su reforma tuvo que superar numerosos obstáculos hasta ver la luz veintidós años después de su anterior modificación de 1996. De hecho, ha sido la última comunidad autónoma en adaptar su Carta Magna a los tiempos que corren. Logrando, por fin, algunas de las competencias que no obtuvo al entrar por el artículo 143 y no por el 151: "El nuevo Estatuto de Autonomía viene a reconocer unas competencias a nuestras instituciones que, aunque muchos han celebrado con cierta embriaguez, no hacen sino hacernos equivalentes a otros territorios como Euskadi, Cataluña, Galicia. Y ya era hora. No obstante, sería inexacto no reconocer en este Estatuto 2018 avances en el autogobierno y en nuestra libertad de movimientos, como incluir la separación de los fondos del REF del sistema general de financiación y el recoger nuestra condición de ultraperiferia, con las ventajas de todo tipo que conlleva esa denominación, ya contemplada en el derecho básico europeo", concluye Juan Manuel García Ramos.

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