La Ley de Servicios Sociales, que permitirá agilizar las prestaciones, se encuentra al límite para ser aprobada antes de que se disuelva el Parlamento canario en marzo, tras un año desde que el Gobierno remitiera el proyecto legislativo a la Cámara regional. La consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, se muestra preocupada por el tiempo que ha transcurrido sin que se haya dado luz verde a la norma, a tres meses de que finalice la actividad parlamentaria por la convocatoria de las elecciones autonómicas y locales de mayo.
Los grupos del Parlamento, incluido CC que sustenta al Gobierno, aseguran que sacarán esta importante ley "sí o sí" en la actual legislatura. Para ello, ya han pedido trabajar el mes de enero en la Cámara, que suele ser inhábil. Todos coinciden en que están en un punto del texto que es de los más complicados, como es definir con precisión el catálogo de prestaciones y servicios que van a tener los ciudadanos. Además, sostienen que se está haciendo un trabajo con mucho detalle y precisión y que la ley que está saliendo es totalmente distinta a la que entró. "El proyecto de ley está quedando muy novedoso, se le está dando la vuelta al documento", expone Elena Luis, portavoz de políticas sociales de CC, quien explica que el texto fue elaborado por el PSOE, cuando Patricia Hernández era consejera del área, y al dejar el Gobierno regional la actual titular, Cristina Valido (CC), le dio el impulso para que entrara en la Cámara en octubre del año pasado. Según Teresa Cruz Oval, diputada del PSOE, el texto va a salir porque si no se sería un "fracaso" para todos los grupos y "el trabajo de la ponencia es bueno".
Los partidos trabajarán en enero, inhábil para ellos, para acelerar con la norma
Con todo, la ponencia parlamentaria que estudia el proyecto de ley se constituyó en junio, ocho meses después de que se registrara en la Cámara. Los grupos presentaron 388 enmiendas a los 90 artículos de que consta la norma. Eso justifica en parte el tiempo transcurrido antes de la ponencia como que también se reunieron con asociaciones del tercer sector, colegios profesionales o la Fiscalía, aunque el Gobierno había consensuado el texto antes de enviarlo al Parlamento. Elena Luis explica que al estudiar con detalle el documento optaron por nuevas reuniones con el sector. Se incrementaron los plazos, pese a que reconocen la urgencia de que la norma se apruebe cuanto antes.
Todos los grupos destacan el "consenso" que está habiendo hasta ahora en la ponencia de la ley y están dispuestos a ceder en algunas cuestiones. Uno de los puntos con más disenso es la renta básica que piden incluir Nueva Canarias o Podemos, mientras que CC, el PP y ASG, con mayoría, apoyan desarrollar más la Prestación Canaria de Inserción (PCI).
Los grupos de la Cámara reconocen que se han entretenido más tiempo del normal porque quieren hacer una relación detallada y mucho más extensa del catálogo de prestaciones y servicios que contendrá la nueva ley. Como ejemplo del grado de definición se ha incluido incluso que las personas que entren en un centro residencial por su grado de dependencia puedan llevarse a sus animales.
Pasado este artículo aseguran que irán más rápido, recalcan, y esperan tener el texto terminado en febrero. Las fuerzas políticas reconocen que la actual ley, tras 31 años de aprobarse, no responde a las necesidades de la ciudadanía. La ponencia trata de ordenar el sistema público de servicios sociales y su financiación.
