La Constitución española de 1978 tiene siete padres, y ninguna madre. Podría decirse por las apariencias que fue parida contra natura: solo por hombres. Sin embargo no fue exactamente así. Aunque "los siete magníficos", es decir los ponentes elegidos por las partidos que la consensuaron, acaparan la atención mediática sobre aquella norma en su 40 aniversario, no fueron más que la cúspide de un trabajo mucho más representativo y amplio. En su proceso de elaboración participaron de hecho cientos de políticos, técnicos y expertos y muchas menos políticas, técnicas y expertas. En ese tiempo el hombre estaba sobre representado y entre los 39 miembros de la Comisión Constitucional, por ejemplo, sólo hubo una mujer: la abogada y diputada vallisoletana Teresa Revilla, a quien se recuerda por "su brillante defensa de la igualdad" en el pleno del Congreso. También la canaria María Dolores Pelayo jugó su papel, en concreto en la elaboración del artículo sobre la igualdad jurídica del hombre y la mujer en el matrimonio. En materia de educación y libertad de expresión tuvieron también voz otras mujeres; e incluso en materias entonces muy masculinizadas: los principios rectores de la economía fueron prácticamente redactados por Gloria Begué, quién fuera posteriormente magistrada del Tribunal Constitucional.
El caso es que el primer texto constitucional fue enmendado de forma amplísima (más de 1.200 enmiendas) y el borrador que iba tomando forma se atascó y desatascó en numerosas ocasiones. Las presiones fueron constantes y múltiples y no pocas relacionadas con los derechos de las mujeres y el impacto que suponían algunos cambios en la concepción tradicional de la familia. Finalmente, el presidente Adolfo Suárez encargó a Fernando Abril Martorel y Alfonso Guerra coger aquel toro por los cuernos y salvar las últimas reticencias de los nostálgicos del régimen, los militares, la Iglesia, los defensores de la familia, la clase empresarial, la banca, las fuerzas nacionalistas y un largo etcétera.
También los colectivos de mujeres de entonces, bien vinculados a los partidos en los que militaban (en su mayoría de izquierdas) o a grupos de mujeres juristas, presionaron para que la Constitución garantizara con la mayor amplitud, pero también precisión posible, los derechos tantas veces reclamados y negados durante la dictadura: desde la libertad para divorciarse hasta el derecho al aborto, pasando por un diverso abanico de reivindicaciones. La Constitución de 1978 sacó finalmente a las mujeres del ostracismo a que las había abocado el franquismo: la España en la que sólo se las permitía reinar (y de aquella manera) en su casa. La nueva Carta Magna entroncó con el breve periodo de libertad que supuso la República para las mujeres, y cambió radicalmente la concepción se tenía de algunos hechos directamente vinculados con ellas: su sexualidad, la maternidad, su incorporación al mundo laboral o su acceso a los centros de toma de decisiones.
Desde aquel 1978 hasta 2018 se han producido, sin duda, significativos avances en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Y se han sucedido diversos hitos en momentos determinados. Pero en términos generales podrían condensarse a dos los saltos históricos que ha registrado este tiempo. En primer lugar, el acceso de las mujeres españolas a la píldora, ya que el control de la natalidad supuso toda una revolución para su forma de vida. Pero también el último 8M va a significar, por su carácter masivo, un antes y un después en la lucha feminista.
El delito de prevenir
Antes de que se aprobara la Carta Magna, se había producido ya una reforma del Código Penal, para despenalizar precisamente el adulterio y la venta y uso de anticonceptivos. Prevenir un embarazo se consideraba hasta entonces delito, en una sociedad marcada por la moral católica. Una encuesta detectó que todavía en 1978 el 48,6% de las mujeres de entonces no utilizaba ningún método anticonceptivo; el 23,6% el coitus interruptus y 6,4 el método Ogino. Sólo el 12,5% usaba la píldora o el DIU, mientras el 5% recurría al preservativo. La ligadura de trompas y la vasectomía no se legalizarían hasta 1981.
Un año antes se había reconocido el divorcio, aunque en realidad la ley abarcaba campos mucho más amplios, entre ellos la filiación, la patria potestad y el régimen económico del matrimonio. Un lustro más tarde, en 1985, se aprobó la ley que regulaba el aborto. Todas estas reformas tuvieron lugar tras largos y enconados debates, que hoy parecen lejanos y hasta ridículos en no pocas ocasiones. Hubo movilizaciones a favor y en contra y un clamor de los sectores más tradicionales contra "las medidas revolucionarias" que se iban incorporando al sistema jurídico, y social, español: "Se vendrá abajo la familia", advertían. Con el paso de los años quedó de manifiesto que más venirse abajo, se vino a arriba, en el sentido de que nuevas formas de familia han sido reconocidas con el devenir de los años. Sobre todo tras la aprobación del matrimonio homosexual, que no se produce hasta entrado este siglo.
Aún así, y pese a ser apoyada por el 66% de los españoles, la tramitación de esta ley provocó también fuertes movilizaciones sociales en contra. Era una muestra más de que los progresos sociales seguían siendo en 2005, como en épocas pasadas, difíciles de lograr. Y en ese pulso, la Iglesia católica jugó entonces, como antes, un papel activo junto a las fuerzas conservadoras. De hecho, el Partido Popular presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que se resolvió en 2012 a favor de la constitucionalidad del matrimonio homosexual.
"La Constitución nos permitió a las mujeres españolas salir de la discriminación y la dependencia de siglos", reflexionaba estos días Cristina Almeida. Y es que hasta 1975, otro 2 de mayo, las mujeres estaban privadas en España de capacidad de obrar, equiparadas jurídicamente "a los locos, dementes y sordomudos". Precisaban de autorización de sus maridos, padres o tutores para acceder a un empleo, salir de viaje o abrir una cuenta corriente.
Poco a poco se fueron asimilando por parte de la sociedad española los profundos cambios. Aunque ya en la primera etapa democrática hubo auténticas líderes sociales, hoy prácticamente olvidadas. Así, en los años ochenta en Galicia, donde el caballo truncaba la vida de miles de jóvenes, un grupo de madre se organizó para luchar contra los narcotraficantes y la corrupción policial. La Fundación Érguete, liderada por Carmen Avendaño, ayudo a poner entre rejas al capo gallego Laureano Oubiña en la Operación Nécora, al aportar pruebas incriminatorias contra él antes los tribunales. Y por esas mismas fechas, en concreto en 1988, se concedió por primera vez en la historia el Premio Cervantes a una mujer. Fue a María Zambrano, que tenía ya 84 años y recibió por ello el galardón en su casa de mano de los entonces Reyes.
La normalización democrática permitió, en fin, que se fueran elaborando normas largamente reivindicadas por los movimientos feministas. Se crearon también nuevos recursos, como los institutos de igualdad. En 2008, bajo la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se llegó a crear un Ministerio de Igualdad, al frente del cual estuvo Bibiana Aído. Era, además, la ministra más joven de la historia de la democracia española. Pero apenas dos años después, ya en plena crisis y en una remodelación del Gobierno, este ministerio fue rebajado a la categoría de Secretario de Estado de Igualdad, integrado en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
Discriminaciones sutiles
Hubo unos años en que se dio una apariencia de igualdad real, dando la impresión de que todo se había conseguido. Pero la realidad es que la discriminación se ha hecho más sutil y en cierta medida se ha invisibilizado. La prueba de ello la han ofrecido dos acontecimientos recientes, que han provocado movilizaciones masivas: la polémica sentencia de La Manada y las dilaciones de los partidos para consensuar el Pacto de Estado contra la Violencia Doméstica, pese al alcance de esta lacra social: 972 mujeres fallecidas en España desde 2003 (fecha en que hay estadísticas) hasta la actualidad.
Hasta que se produjeron Los cambios constitucionales, los hombres dominaban la vida pública y privada en España. El 22 de julio 1977, cuando el Congreso abrió sus puertas para celebrar la solemne sesión de apertura de la legislatura constituyente, de los 350 diputados que entraron al hemiciclo, una mayoría apabullante eran hombres. Concretamente 329 frente a 21 mujeres: una minoría para representar al 50% de la población española. Y por supuesto solo hombres fueron los encargados de ejercer las portavocías de los grupos parlamentarios.
Del blanco y negro al color
En la actualidad el Congreso de los Diputados es el segundo parlamento más igualitario de Europa, solo por detrás de Suecia, según reflejan los datos del European Institute for Gender Equality. Así, las 144 diputadas españolas ocupan el 41,7% de los escaños mientras que la media europea es del 30% (la cifra se reduce al 26,9% en Francia, un país referente de la liberación de las mujeres). También el Parlamento de Canarias es, por primera vez en su corta historia, mayoritariamente femenino: con un 53% de diputadas se sitúa incluso por encima del español y de los países nórdicos. Y lo preside, también por vez primera, la socialista Carolina Darias.
Además, el aumento de la presencia de las mujeres en el Congreso no es sólo cuestión de cantidad; también de importancia. La Junta de Portavoces fue un órgano compuesto solo por varones hasta 1993, cuando la diputada de Euskadiko Ezkerra, Arantza Mendizábal, entró a formar parte de ella como portavoz del grupo mixto. En la actualidad, tres mujeres son portavoces de los grupos más numerosos de un Congreso presidido por otra mujer. Ana Pastor es la segunda presidenta en la historia de esta Cámara, después de Luisa Fernanda Rudi. Por su parte, Esperanza Aguirre se convirtió en la primera mujer en presidir el Senado, entre 1999 y 2002, un cargo que solo había sido desempeñado por hombres hasta el momento.
En el Gobierno la dinámica también ha sido parecida. La primera mujer que cruzó las puertas del Consejo de Ministros fue Soledad Becerril, que entró al Gobierno de UCD en 1981 después de una remodelación que rompía con la omnipresencia de hombres en el Ejecutivo. Hoy las mujeres son mayoría, y asumen la gestión de once carteras frente a seis ministerios dirigidos por varones y el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez quiso así recoger el espíritu del último 8M, masivo y contundente sobre todo en dos países: EE.UU. y España. Y que se ha convertido en un movimiento de profundo calado y largo alcance, porque aspira no sólo a defender los postulados feministas, sino a representar a cualquier colectivos vulnerable: Paramos para cambiarlo todo, corearon. Más que un lema, toda una declaración.
