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El plan de carreteras tiene que pasar una vez más por el Consejo de Ministros

El Gabinete de Pedro Sánchez, pese a autorizar la modificación de la asignación presupuestaria, aún tiene que dar su visto bueno a los términos del convenio

El plan de carreteras tiene que pasar una vez más por el Consejo de Ministros

Al convenio de carreteras aún le queda camino por recorrer para su aprobación definitiva. Pese a que el Consejo de Ministros autorizó ayer una modificación de la asignación presupuestaria que permite avanzar en la financiación en esta materia, el plan de obras viarias hasta el 2025 pendiente de firma con el Estado tiene que regresar a la reunión del Gabinete de Pedro Sánchez. Una vez superado el primer escollo -con el que el Gobierno central cambió "el techo de gasto" de Fomento para generar el marco presupuestario necesario para la suscripción del acuerdo plurianual de ocho años, la firma de la adenda de prórroga del anterior convenio y la devolución de lo no invertido en las Islas entre 2012 y 2017-, el Consejo de Ministros tiene aún que ratificar "el fondo" del nuevo plan.

Los plazos son muy ajustados. Madrid se comprometió a cerrar el convenio de carreteras, dotado con una inversión de 2.100 millones de euros, durante la semana del día 17 de este mes. El pasado 23 de noviembre, el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Ejecutivo regional, Pablo Rodríguez; el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, mantuvieron un encuentro en la capital de España para ultimar el plan. El Gobierno central avisó entonces al canario de todos los pasos que debían darse antes de la firma, algo que provocó que el cierre del convenio, en vez de producirse antes de final de noviembre -tal y como había prometido a finales de octubre el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, al jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo-, se retrasara hasta mitad de diciembre.

Rodríguez se muestra "optimista" y "positivo" por el impulso logrado ayer, si bien recalcó que el Ejecutivo central "tendrá que correr" para cumplir con los plazos comprometidos. El Consejo de Ministros se reúne cada viernes en Moncloa, por lo que solo restan los próximos días 14 y 21 para que el Gabinete de Sánchez dé luz verde al convenio en las fechas comprometidas. Éste requiere, además, un informe favorable de la Abogacía del Estado y de la Intervención General del Estado.

"No contemplamos ningún escenario que no sea uno en el que el ministro Ábalos cumpla con los plazos que nos dio. Este primer acuerdo, más que generarnos preocupación, nos genera satisfacción", aseguró Rodríguez. El consejero recalcó, sin embargo, que de no suscribirse este año el plan de carreteras, no solo no se podría adjudicar obra nueva, sino que además se paralizarían las ocho que están ahora en ejecución con el consiguiente impacto en el empleo.

La adenda de prórroga del anterior convenio implica la inyección de 100 millones a las obras que aún no se hayan finalizado. El acuerdo para la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo obligan al Estado, a su vez, a transferir al Archipiélago unos 864 millones por lo no invertido entre 2012 y 2017, junto a los intereses correspondientes. A estas cantidades se suman, además, las partidas comprometidas en el nuevo plan de carreteras, que alcanza los 1.200 millones.

El propio Clavijo dudó la semana pasada de la palabra del Ejecutivo de Sánchez durante la sesión de control al Gobierno al indicar que "no es la primera fecha que dan y no se cumple".

Hace apenas cuatro días el consejero regional de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, se desplazó a Madrid para sellar el protocolo de obras hidráulicas, que abarca un plazo de doce años y cuenta con una inversión de 915 millones para la realización de 185 obras. No suscribió, en cambio, el primero de los tres convenio que recoge el mencionado protocolo, un acuerdo indispensable para la ejecución de las intervenciones. El Ministerio de Transición Ecológica finalmente ha apuntado a la segunda quincena de enero como posible horizonte para la firma de ese primer convenio, dotado con 296 millones.

A lo anterior se suma las reticencias del Estado para que el convenio de infraestructuras educativas, que también está pendiente de firma, sea plurianual, como solicita el Ejecutivo canario. En cualquier caso, Madrid sostiene que los retrasos en la suscripción de los acuerdos y el cierre presupuestario del presente ejercicio no descontarán ni un solo céntimo de los fondos que el Archipiélago tiene que recibir.

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