El Gobierno regional confía en que el próximo Consejo de Ministros del viernes dé la luz verde definitiva a la firma del convenio de carreteras con Canarias. El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, espera que de este modo se cumpla la fecha pactada entre el Ministerio de Fomento y el vicepresidente y consejero de Transportes, Pablo Rodríguez, para la firma del convenio en la semana del 17.
En este contexto, el Consejo de Gobierno autorizó ayer la firma del acuerdo extrajudicial de ejecución de las sentencias que han dado la razón a Canarias por el incumplimiento del Ministerio de Fomento en cuanto a los compromisos adquiridos en el convenio de carreteras. Es un acuerdo para que se puedan abonar los 945,5 millones de euros en ocho anualidades, de tal forma que el Archipiélago ingresará anualmente unos 118 millones de euros entre 2018 y 2025, lo que permitirá concluir obra contenidas en el convenio e imputar su gasto al mismo, no computando como deuda.
Las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo reconocen el derecho de la Comunidad Autónoma a percibir las cantidades acordadas en el convenio de carretas que el Estado dejó de pagar desde el 2012 a 2017. En consecuencia, el Ministerio de Fomento debe abonar la cantidad de 864 millones de euros, más los intereses legales -80,8 millones de euros- lo que hace un total de 945,5 millones.
Las sentencias del Tribunal Supremo fueron dictadas los días 22 de diciembre de 2017, 19 de febrero, 15 de marzo y 26 de junio de 2018, y estimaron los recursos contenciosos administrativos interpuestos por el Gobierno de Canarias frente al incumpliendo de Fomento.
La ejecución de este acuerdo extrajudicial permitirá concluir obras como la IV fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria; continuar con los trabajos de la vía Bajamar-Tajuya en La Palma; Ofra-El Chorrillo en Tenerife; Costa Calma-Pecenescal y La Caldereta-Corralejo en Fuerteventura.
Quintero, como portavoz del Gobierno, dejó claro que este acuerdo extrajudicial no se firmará sino se rubrica además el nuevo convenio de carreteras, cifrado en 1.200 millones en ocho años, y la adenda que prorroga el actual convenio en 100 millones para concluir obras del actual convenio.
