La defensa del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, estudia acudir al Tribunal Supremo para interponer una querella por prevaricación contra la Fiscalía, además de formular una queja con la intención de que el ministerio público abra una investigación interna sobre la actuación "irregular" en el caso Grúas. El presidente del Ejecutivo está decidido a llegar "hasta las últimas consecuencias" en las acciones legales por el proceder de la Fiscalía.

"Las irregularidades no están en el Ayuntamiento de La Laguna sino en la Fiscalía", sentenció ayer Clavijo al conocer el contenido de un informe de la Fiscalía Superior de Canarias publicado por LA PROVINCIA/DLP, que nunca vio la luz, y donde se concluye que no hubo delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación en la actuación del presidente cuando era alcalde de La Laguna, por lo que propone el archivo de la causa .

El exhaustivo informe fue elaborado por la Fiscalía Superior de Canarias y supervisado por el secretario técnico de la Fiscalía del Estado, Fernando Rodríguez Rey, en cuyo departamento lo mantuvieron retenido a la espera de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias que elimina los aforamientos. El 8 de noviembre, dos días después de que entrara en vigor la carta magna canaria, la Fiscalía Superior de Canarias emitió su informe al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) donde evitaba entrar en el fondo del proceso y solo hacía hincapié en que este que ya no ostenta la competencia en el caso, al perder Clavijo su condición de aforado, y la causa debe volver al juzgado de La Laguna.

Para Fernando Clavijo el proceder de la Fiscalía le está provocando indefensión al alargar una causa en la que por ahora sigue sin ser parte, -no está investigado- pero que le perjudica políticamente. Vuelve a ser el candidato de CC a la Presidencia del Gobierno y las elecciones se celebran dentro de cinco meses. El presidente considera que la Fiscalía debió informar sobre el fondo del asunto después de que la jueza que inició el caso en La Laguna lo elevara al TSJC, el pasado 28 de agosto, siendo aforado. Por ello sus abogados analizan acudir al Supremo por un delito de prevaricación por omisión en dictar una resolución a sabiendas de que podia ser injusto.

El presidente se mostró ayer "tristemente sorprendido" al constatar de que sus sospechas acerca de la existencia de ese informe eran ciertas "y ahora ha quedado contrastado". Sostiene que el documento "asume la totalidad de la tesis del Ayuntamiento" y concluye que no hubo delito de prevaricación ni de malversación de fondos en la concesión de un préstamo de 120.000 euros, cuando era alcalde de La Laguna, a la empresa concesionaria del servicio de retirada de vehículos del municipio para que pudiera continuar prestando el servicio debido a su delicada situación económica. Para el presidente "se ha demostrado que es una acción política, y parece que las irregularidades no están en La Laguna sino en la Fiscalía". La denuncia fue interpuesta por Unid@s se puede y Por Tenerife-Nueva Canarias, grupos de la oposición en el consistorio tinerfeño.

Clavijo no entiende que la Fiscalía no se pronunciara sobre si consideraba que delinquió o no y en lugar de ello optó por recomendar al TSJC que devolviera el caso al juzgado. La Fiscalía General del Estado avaló ayer esta decisión. "En este supuesto concreto", expone a Efe "ante la inminencia de la pérdida de competencia del órgano investigador [en ese momento el TSJC], consecuencia directa de la entrada en vigor de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, se consideró oportuno suspender la presentación de ningún escrito", sobre el llamado caso Grúas.

PREGUNTAS CLAVE

La actuación del ministerio público, en el punto de mira

  • ¿Por qué la querella por prevaricación?Los abogados del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, entienden que la Fiscalía Superior de Canarias, con el aval de la Fiscalía General del Estado, ha podido cometer prevaricación por omisión de una resolución a sabiendas de que podía ser injusto. En el documento que retuvo el ministerio público estatal a la espera de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias, que elimina los aforamientos, no se apreciaban indicios de delito en el caso Grúas. El Estatuto se aprobó el 6 de noviembre y dos días después la Fiscalía Superior de Canarias presentó su informe sobre la causa al TSJC_: no entraba en el contenido sino que se limitaba a sostener que el Alto Tribunal no era competente ya, al perder Clavijo el aforamiento.
  • ¿Por qué la queja?La defensa del presidente cree que la Fiscalía General del Estado debe realizar una investigación interna sobre el procedimiento del ministerio público y la demora en emitir su informe.