El déficit de efectivos que sufren las policías locales de Canarias se incrementará en 2019 por la entrada en vigor del decreto que permite adelantar la edad de jubilación de los agentes municipales hasta los 59 años si reúnen los requisitos que contempla el texto. Esta medida puede afectar en las Islas a corto plazo a alrededor del 10% de la plantilla total que, según los últimos datos, son poco más de 3.000 efectivos, lo que significa que unos 300 agentes estarían en condiciones de jubilarse el próximo año con la nueva normativa.

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno regional ha trasladado a los 88 ayuntamientos canarios la necesidad de convocar procesos selectivos y oposiciones extraordinarias para cubrir las vacantes que se van a generar en los próximos meses. De hecho, una disposición adicional de los presupuestos del Estado de 2018 ya preveía esta situación y autoriza a las corporaciones municipales a disponer de una tasa adicional de reposición determinada por el número de bajas que se prevean como consecuencia del adelanto de la edad de jubilación.

Pocos ayuntamientos a día de hoy están preparando este tipo de ofertas de empleo público, lo que puede provocar problemas el próximo año a medida que haya agentes que se jubilen antes de tiempo. Hasta ahora la edad máxima para retirarse en la policía local era de 66 años, pero a partir del 1 de enero puede ser hasta cinco o seis años antes si acreditan 37 años de actividad y un mínimo de 15 cotizados como miembros del cuerpo.

El Gobierno central aprobó el decreto que regula esta medida en el Consejo de Ministros del pasado viernes con la idea de rejuvenecer las plantillas de policías locales y tras una larga reivindicación de los sindicatos policiales, para igualarse a los policías nacionales y autonómicos. Canarias parte ya con la desventaja de que cuenta con un déficit de más de un millar de efectivos y la prejubilación agrava esta situación ya que hay municipios donde se generarán más problemas para cubrir turnos, sobre todo las noches y los festivos, y tener más efectivos en las calles.

Concurso regional

La Federación Canaria de Municipios (Fecam) ha planteado al Gobierno regional la posibilidad de que la Comunidad Autónoma asuma un concurso regional por el número de plazas que se van a quedar vacantes con las prejubilaciones y que sean los ayuntamientos los que acudan a las listas que se generen para ir cubriendo las necesidades que se vayan produciendo. Incluso desde la directiva de la Fecam se plantea crear una bolsa de empleo con policías interinos, algo que se está estudiando desde el punto de vista jurídico y que los sindicatos rechazan categóricamente.

Los municipios advierten que las ofertas de empleo público tardan como mínimo un año entre que se convocan y que se incorporan los adjudicatarios de las plazas, por lo que ofertar ahora supondría que hasta finales de 2019 o principios de 2020 no estarían cubiertas de forma definitiva las plazas que se vayan generando a medida que se jubilen los agentes afectados por la nueva normativa.

"A efectos prácticos nos vendría mejor que se hiciera una única convocatoria y no 88 ofertas distintas, sumamos todas las plazas que están vacantes en estos momentos para crear una bolsa que puedan cubrir las plazas como sucede en la docencia o en la judicatura", aseguran desde la entidad que representa a los ayuntamientos del Archipiélago.

El PSOE y Nueva Canarias presentaron enmiendas en el Parlamento al presupuesto de 2019 para intentar que el Ejecutivo asuma esta convocatoria con el fin de cubrir las plazas vacantes de policías locales, propuestas que no han fructificado. La última oportunidad será en el pleno del Parlamento de esta semana, el último del año, en el que se aprobarán definitivamente las cuentas autonómicas.

Los sindicatos cuestionan la petición de la Fecam y advierten que esta medida por parte del Gobierno central ya estaba prevista desde hace meses y por eso los presupuestos del Estado de 2018 ya la incluía en una disposición adicional. "Los ayuntamientos no han hecho los deberes", critican las centrales sindicales, y ahora hay municipios que se han puesto manos a la obra a preparar las convocatorias, entre ellos los más habitados, cuya falta de efectivos se ve agravada por estas prejubilaciones contempladas en el nuevo decreto.