Bajeza inaceptable. La portavoz del Gobierno canario y consejera de Hacienda, Rosa Dávila, arremetió ayer con dureza contra el Estado por no transferir los 30 millones de euros consignados en los presupuestos estatales de este año para el plan de lucha contra la pobreza al no haber ejecutado 1,4 millones de los fondos transferidos para el plan de 2017. Dávila aseguró que se trata de un hecho "insólito" porque nunca había ocurrido, ya que siempre se ha negociado la manera de compensar o devolver los fondos pero sin perder los del siguiente ejercicio.
De los 11 millones de euros de 2017 se ejecutó el 85% de los mismos y han quedado 1,4 millones que los ayuntamientos dejaron sin gastar por falta de tiempo ante los plazos "inflexibles" impuestos por el Ministerio. La portavoz añadió que 15 ayuntamientos renunciaron directamente a asumir los fondos y ejecutarlos por los plazos tan ajustados y la falta de tiempo. Aquí Dávila mencionó al Ayuntamiento de Agüimes como uno de los municipios que dieron este paso: "No creo que en Agüimes no haya problema de pobreza, quizá el alcalde llegó a la conclusión de que era incapaz de articular un programa complejo como este en poco tiempo", añadió.
Así y todo el Ejecutivo valora que se pudiese ejecutar y justificar hasta el 85% de los fondos porque la Comunidad Autónoma se anticipó, adelantando los trámites ante la dilación en la contestación del Ministerio a la ampliación del plazo, que se demoró tres meses.
Rosa Dávila recordó que la dotación de un plan específico para combatir la pobreza está en el Régimen Económico y Fiscal (REF) reformado y aprobado recientemente, por lo que tildó de "inadmisible" la actuación del Gobierno central porque se está hurtando a las administraciones públicas canarias de 30 millones de euros por un reintegro de una cantidad, cuando también existe una responsabilidad del Ministerio por transferir tarde los fondos y con plazos cerrados sin ninguna otra opción. Dávila reiteró que a día de hoy el plan contra la pobreza de 2018 se queda sin partida ante la actitud de Madrid. Además, el Gobierno canario ha asumido el pago de 75.000 euros en intereses.
Los fondos transferidos a los ayuntamientos iban destinados a prestaciones sociales básicas, lucha contra la pobreza infantil y ayudas de emergencia social. Fue la primera partida la que no se terminó de ejecutar, mientras que las otras dos sí, después de que el Estado ampliara el plazo hasta el pasado mes de septiembre.
A pesar de que los fondos se consignaron en el presupuesto de 2017, éste entró en vigor en junio y no fue hasta noviembre cuando se firmó el acuerdo y ya fue este año cuando se transfirieron las cantidades. Por dos veces se solicitó la ampliación del plazo para ejecutar los fondos debido al poco tiempo que se habilitó.
