El Congreso de los Diputados se unirá hoy al clamor surgido en Canarias en los últimos días por parte del gobierno regional, sindicatos y patronal, clamando al Estado que firme de manera urgente los dos principales convenios de infraestructuras que están pendientes de concretarse, el de carreteras y el de obras hidráulicas, y cuyos fondos suman en los actuales Presupuestos estatales 350 millones de euros. El llamamiento de la Cámara baja se producirá esta misma mañana con toda probabilidad en el seno de las comisiones de Fomento y Transición Ecológica, respectivamente, donde el PP y el PSOE van a prestarse el apoyo para aprobar sendas proposiciones no de ley (PNL) presentadas por cada uno ambos grupos cuando, curiosamente, los populares estaban en el Gobierno y los socialistas en la oposición.
En ambos casos, uno y otro grupo, más allá de las críticas a la gestión de los convenios que han hecho en cada caso el anterior Gobierno del PP y el actual del PSOE, se ven en la tesitura de apoyar la iniciativa del otro para no caer en contradicciones respecto a lo que sostienen en Canarias. Es decir, van a reclamar al unísono la necesidad de que ambos convenios se concreten urgentemente y se lleve a cabo ya, a solo dos semanas de que concluya el año, la transferencia de fondos del actual ejercicio presupuestario.
Tanto los portavoces populares como los socialistas en cada una de las comisiones dan por hecho el respaldo del resto de los grupos a sus respectivas propuestas, aunque reconocen que el debate será duro por los reproches que se se harán sobre las razones por las que a estas altura del año aún no se han firmado esos acuerdos, descargando hacia el otro la responsabilidad por la situación actual.
El PP es el autor de la PNL sobre el convenio de carreteras, presentada inicialmente durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy pero actualizada a finales de junio, con el PSOE ya gobernando y con el ministerio de Fomento dirigido ya por el controvertido José Luis Ábalos. La propuesta popular, con todo, sigue siendo muy genérica ya que estaba pensada para instarla a su Gobierno, y se limita a reclamar que se "proceda de manera urgente a la firma del Convenio de Carreteras" ente el Estado y Canarias "con el objeto de desarrollar las actuaciones contempladas" en esta materia y su "adaptación a la realidad social y económica actual", así como establecer "una estructuración de su financiación de manera que se pueda atender a la ejecución de las actuaciones que se establezcan como prioritarias".
La portavoz del PP en Fomento, Ana Zurita, asegura que la iniciativa estaba pensada originalmente para actualizar el convenio como consecuencia de la sentencia del Supremo sobre el pago de la deuda y el reajuste de la adenda firmada hace un año para pasar 101 millones de los Presupuestos del 2017 a los actuales. "Pero nunca pensamos que la firma se iba a demorar tanto y no existe ninguna justificación creíble para el nuevo aplazamiento de la firma del convenio de carreteras entre el Estado y el Gobierno de Canarias", un documento que, asegura, "serviría para aliviar la grave situación de las carreteras canarias y que el Gobierno del PP dejó completamente listo, incluso con la financiación reflejada en los presupuestos en vigor, para su firma inmediata".
Los socialistas confirman que apoyarán la propuesta considerando que "no existe ninguna contradicción entre lo que reclama el texto del PP y las previsiones de Fomento", que es aprobar en Consejo de Ministros el próximo viernes la autorización del convenio y su inminente firma posterior.
En relación con el convenio de obras hidráulicas, la iniciativa a debate parte del PSOE y fue presentada hace casi tres años, aunque también se ha actualizado para adecuarla a la nueva situación, fundamentalmente al hecho de que ya se ha firmado, el pasado 4 de este mes, el Protocolo de Aguas entre Canaria y el Estado por valor de 915 millones para un total de 186 actuaciones en 12 años, un documento que es una mera hoja de ruta teórica y que debe desarrollarse en convenios específicos cada cuatro años.
La PNL socialista se limita a instar a "iniciar las negociaciones" para la redacción de un "nuevo convenio en materia de agua, donde se establezca el régimen de colaboración, coordinación y financiación" entre el Estado y Canarias. El diputado socialista por Las Palmas, Sebastián Franquis, asegura que el objetivo de la propuesta es reclamar al Ejecutivo que inicie los trabajos para "desarrollar el Protocolo que ya se ha firmado y cuyo primer paso es el convenio para los primeros cuatro años". Franquis confía en que todos los grupos apoyen la propuesta pese a que hay aspectos de las enmiendas presentadas por Cs y por Podemos que no comparten en su totalidad y que el PSOE podría no asumir.
El PP, por su lado, avanzó ayer su apoyo a la propuesta, pero exigiendo mucha más concreción en las inversiones futuras, sobre todo la contemplada en las cuentas de este año por valor de 41,8 millones, porque "el Protocolo firmado es una mera declaración de intenciones", según la diputada Ana Zurita.
Agua agrícola
Por otro lado, el diputado de NC, Pedro Quevedo, presentó ayer una pregunta escrita al ministerio para la Transición Ecológica sobre cómo va a dar cumplimiento a la previsión presupuestaria de este año de destinar 8 millones de euros de ayuda a la extracción y desalación de agua para uso agrícola, una partida que sí se ejecutó a tiempo en las cuentas estatales del 2017 por parte del ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, donde está anclada presupuestariamente, pero que ahora está bloqueada por estar fuera de las ayudas prevista por el departamento al que se han transferido las competencias en aguas tras la remodelación del Gobierno central. Sobre esta misma cuestión también ha preguntado al Ejecutivo la diputada de CC, Ana Oramas, mientras que la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de Canarias seguía ayer sin recibir ninguna información al respecto pese al riesgo de que la partida se perdería si no se transfiere antes de finalizar el año.
