El recorte de 334 millones que el Ejecutivo estatal pretende llevar a cabo en el convenio de carreteras dejaría en el aire las siete vías de las Islas que siguen sin finalizar procedentes del plan anterior. El tijeretazo a los algo más de 2.100 millones acordados ha sentado como un auténtico jarro de agua fría en el seno del Gobierno canario.
El Consejo de Ministros aprobó el 7 de este mes una modificación presupuestaria para retocar el techo de gasto de Fomento y generar el marco presupuestario necesario para la rúbrica del acuerdo plurianual de ocho años de 1.200 millones, la devolución de lo no invertido en el Archipiélago en materia de carreteras entre 2012 y 2016 a la que obliga diversas sentencias del Tribunal Supremo -934 millones con los intereses incluidos- y la adenda de prórroga del convenio anterior para dilatar su vigencia hasta 2021.
Los fondos para costear la finalización de las obras que están en ejecución son los que peligran si el Ejecutivo central no da marcha atrás en su decisión. Éstas son la cuarta fase de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria y la obra complementaria de la vía Pagador-Guía en Gran Canaria; Costa Calma-Pecenescal y la autovía La Caldereta-Corralejo en Fuerteventura; la obra complementaria de Ofra-El Chorrillo en Tenerife, y la circunvalación de Tazacorte y Bajamar-Tajuya en La Palma. De consumarse el hachazo, el Gobierno canario tendría que restar fondos de la inversión prevista para obras nuevas para dedicarlo a la culminación de las vías en construcción, cuyo coste supera los 200 millones.
Fomento explicó ayer al Ejecutivo regional que el recorte que quieren introducir se debe a trabas impuestas por el Ministerio de Hacienda, un argumento que no satisface al Gobierno canario después de que el propio secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, celebrara la aprobación del convenio en la cantidad acordada tras la modificación del techo presupuestario del área dirigida por José Luis Ábalos. Hacienda solo quiere devolver unos 600 millones del acuerdo extrajudicial, una cantidad que se corresponde con el gasto de la obra ejecutada y que había sido adelantada por el Gobierno regional. El Ejecutivo canario busca ahora alguna fórmula que permita justificar las vías que están en ejecución y recibir el dinero que Madrid amaga con restar mientras la formación socialista de las Islas presiona en Madrid para que se ingrese la totalidad de la cantidad acordada.
El Ministerio se ha comprometido a dar una respuesta en 24 horas. El vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Ejecutivo regional, Pablo Rodríguez, no quiere más excusas. "Necesitamos firmar ya el convenio con las condiciones pactadas. Es lo justo para Canarias", sostuvo.
