Organizaciones empresariales y sindicales cierran filas en torno a la defensa del Estatuto de Autonomía y del Régimen Económico y Fiscal (REF), leyes recién modificadas por las Cortes, para que el presupuesto del Estado de 2019 refleje los "derechos adquiridos" por las Islas en su fuero. El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha convocado de nuevo a su consejo asesor para la tarde del lunes, una vez que se conozcan las partidas de las cuentas estatales relativas a Canarias cuando se presente el proyecto de ley en el Congreso el mismo día por la mañana. La convocatoria de este órgano de la Presidencia ha sido una constante en los dos últimos años por el afán de Clavijo de lograr el consenso con los agentes económicos y sociales.
Las dos patronales canarias consideran que las principales leyes canarias son un logro pactado por toda la sociedad canaria después de años de negociaciones y con un amplio consenso, por lo que sus contenidos son vinculantes para el Gobierno central y así lo debe reflejar en sus presupuestos. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, recuerda que el frente que plantea el presidente del Ejecutivo no es nuevo porque ya empezó para que fuese posible acordar la reforma del REF económico y la modificación del Estatuto de Autonomía. "Ahora que tenemos estas dos leyes lo que hay es que cumplirlas tanto por la Comunidad Autónoma como por el Estado. El frente lo abrimos hace tres años y tenemos que estar vigilantes", añade.
Sin embargo, Manrique de Lara comparte con el Ejecutivo regional la desconfianza que le produce la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez ante los convenios y transferencias que aún no se han materializado de los presupuestos de 2018 y la falta de negociación para las cuentas de este año, que se aprueban hoy en el Consejo de Ministros. Para el dirigente empresarial "el temor es por las serias dificultades que se están presentando, tenemos que analizar qué se ha cumplido y qué no de 2018, si se pide la ejecución de sentencia del convenio de carreteras y, sobre todo, que haya un diálogo más fluido entre los dos gobiernos porque los dos presidentes no se reúnen desde octubre. No se trata de montar frentes sino de que la sociedad esté unida como ya lo estuvo para el REF y el Estatuto".
Por su parte, el secretario general de la patronal tinerfeña (CEOE-Tenerife), Eduardo Bezares, no quiso adelantarse a la información que trasladará el jefe del Ejecutivo regional a las organizaciones empresariales y sindicales el lunes pero sí señaló que la patronal tinerfeña está siempre dispuesta a "enriquecer" el debate con propuestas sobre los asuntos que plantea el Gobierno y a respaldar las decisiones que se adoptan.
Cuestionado sobre le cumplimiento del REF y el Estatuto, Bezares sí se mostró totalmente de acuerdo en que estas dos leyes son de obligado cumplimiento por parte de las administraciones públicas porque son "derechos adquiridos" por los canarios con el máximo rango legal, por lo que sí respalda la advertencia al Estado para que esta obligatoriedad se lleve a la práctica.
Las dos centrales sindicales mayoritarias sí tienen matices en relación con el frente social planteado por Clavijo. El secretario general de UGT en las Islas, Gustavo Santana, no entiende cómo el presidente del Gobierno canario pide un frente social contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez sin conocer antes el proyecto de ley de presupuestos del Estado. "Lamento que la cuestión territorial tenga más importancia que los ciudadanos, por eso desde UGT pedimos que la Comunidad Autónoma anteponga los derechos de la población a las banderas", asevera.
Santana demanda de las fuerzas políticas canarias que utilicen el periodo de presentación de enmiendas para lograr mejorar los derechos de los ciudadanos y que no bloqueen la aprobación de las cuentas estatales si éstas contienen avances sociales que afectan a toda la población. UGT exige la derogación urgente de los aspectos más lesivos de la reforma laboral y del actual sistema público de pensiones.
Más crítico con la actuación del Gobierno socialista en relación con Canarias es el secretario general de CCOO, Inocencio González Tosco, que advierte que no se debe dar "ni un paso atrás" en garantizar los derechos de los canarios recogidos en el fuero de las islas. El dirigente sindical espera que no se cumplan los vaticinios del Ejecutivo regional, porque entonces Canarias se vería abocada a convocar movilizaciones y acudir a la Justicia para defender sus derechos. "Se sentaría un mal precedente si desde el primer presupuesto no se cumpliera con lo que establece el REF y el Estatuto", advierte González Tosco.
El representante de CC OO cree aventurado entrar a cuestionar algo que todavía no se conoce pero sí admite que lo ocurrido con el presupuesto de 2018 hace aumentar las dudas en torno a lo que pueda ocurrir con las cuentas de este año. En su opinión, el nuevo proyecto de ley servirá para medir la "sensibilidad" real del actual Gobierno con Canarias y lamenta los problemas para garantizar los fondos que necesita el Archipiélago para no quedarse atrás y garantizar más empleos.
