El Gobierno de Canarias tiene ya en licitación una serie de obras en carreteras por un montante de alrededor de 600 millones de euros, es decir, la mitad del montante del nuevo convenio suscrito con el Estado, que supondrá la transferencia de 1.200 millones en ocho años. El consejero de Obras Públicas y Transportes del Ejecutivo regional, Pablo Rodríguez, adelantó ayer en el pleno del Parlamento autonómico que a lo largo del primer trimestre del año se licitarán nuevos trabajos por otros 200 millones de euros más, hasta un total de 800.
El también vicepresidente del Gobierno de Canarias explicó que son cuatro los trabajos que ya están publicados en la plataforma de contratación del sector público. Se trata del contrato para la ejecución de las obras de la nueva carretera que discurrirá entre los municipios tinerfeños de El Tanque y Santiago del Teide, que es la vía que falta para cerrar el llamado anillo insular, por un montante de 310,7 millones de euros; de los trabajos del tramo El Risco-Agaete de la segunda fase de la carretera de Agaete a La Aldea, en Gran Canaria, por 194,4 millones; de los servicios de control y vigilancia que deberán prestarse durante las obras de esa segunda fase de la carretera de La Aldea, por 5,9 millones; y también de los servicios de control y vigilancia de los trabajos del tercer carril de la autopista TF-1, la del sur de Tenerife, en el tramo entre San Isidro y Las Américas, por una cuantía de 1,4 millones de euros. Pablo Rodríguez hizo hincapié que son cuatro empresas las que pujan por hacerse con el contrato para ejecutar las obras de la carretera de La Aldea, por la que los vecinos llevan años esperando y que estará adjudicada, previsiblemente, ya en febrero.
El consejero y vicepresidente aprovechó además la interpelación del líder del PP en las Islas, Asier Antona, para subrayar que es "absolutamente falso" que el Gobierno regional ejecutara trabajos en las carreteras de la región por una suma inferior a la que transfería el Estado. Rodríguez detalló que desde 2009, cuando la Administración regional comienza a ejecutar los trabajos en la red viaria de forma directa, y hasta diciembre de 2017, cuando se extingue el anterior convenio de carreteras entre el Estado y la Comunidad Autónoma, se ejecutaron trabajos por un montante de 1.455 millones de euros. Sin embargo, agregó, los fondos provenientes de las arcas estatales ascendieron a "poco más" de mil millones de euros. "De ahí que siempre hayamos dicho que la deuda es superior a 450 millones", ahondó el nacionalista. Y si a ese dinero de obras ejecutadas con fondos propios se suma la parte que el entonces gobierno del PP recortó unilateralmente y que Canarias no pudo poner de su bolsillo, la deuda total asciende a los 945 millones que, con intereses, ha de transferir el Estado. Fomento, sin embargo, entiende que los fondos correspondientes a trabajos no ejecutados no tiene por qué transferirlos, lo que llevó al vicepresidente a no firmar el acuerdo extrajudicial con el ministro José Luis Ábalos.
Antona replicó a Rodríguez que no puede escudarse en la falta de fondos porque el año pasado llegaron a las Islas 300 millones y el Gobierno de Canarias fue "incapaz de ejecutarlos".
