España negocia con distintos países africanos de los que proceden los menores inmigrantes, en especial con Marruecos, su devolución a su entorno familiar, siempre que se garanticen "los derechos del menor". El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se mostró ayer proclive al retorno de los menores extranjeros no acompañados (Mena) a sus países de origen, en un foro organizado por la Cadena Ser en el Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria, al ser interpelado por la situación de los niños que llegan, en su mayoría, por las costas españolas en cayucos o pateras, a los que la legislación española concede amparo. Cuando un menor migrante arriba a suelo español sin la compañía de un adulto, las comunidades autónomas son las encargadas de su tutela y no puede ser expulsado, a no ser que lo reclamen sus familiares en los países de origen.
El Ministerio del Interior lleva meses negociando la devolución de los menores, sobre todo con Marruecos, país del que procede alrededor del 70% de los en torno a 12.000 niños y adolescentes inmigrantes que tienen acogidos o tutelados los servicios de protección de menores de las comunidades autónomas, aunque también ha aumentado el número de chicos que vienen de Argelia y de países subsaharianos como Guinea, Costa de Marfil o Nigeria. El objetivo del Gobierno central es reactivar un acuerdo bilateral de repatriación de 2007 que entró en vigor en 2013 pero su aplicación ha sido prácticamente nula. El año pasado, según la memoria de la Fiscalía, se ejecutaron apenas cinco repatriaciones de menores.
En Canarias no se han dado casos, expone el consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Barragán, quien ve bien que se hayan activado las negociaciones con Marruecos y con otros países si hay garantías -como precisó el ministro- de que los menores recibirán un buen trato y, además, se negocia con las comunidades autónomas cómo va a ser la devolución. En las Islas hay unos 374 menores inmigrantes repartidos entre los 39 centros de acogida.
Poca diligencia
Grande-Marlaska reprochó ayer a sus antecesores inmediatos en el cargo la "poca diligencia" que demostraron al no prepararse para un repunte de los flujos migratorios hacia España debido al paulatino cierre de la ruta del Mediterráneo central, sobre todo entre Libia e Italia, aunque esta situación "se veía venir hace tiempo". Abogó por llevar una política en materia de inmigración que combine "humanidad y seguridad" y que preste una atención adecuada a quien "huye de su país por diferentes circunstancias". Fue taxativo al asegurar que "no existe efecto llamada, existe efecto huida", y consideró que la mejor política para tener una "inmigración ordenada" y dentro del marco de la legalidad es colaborar con los países de los que parten la mayor parte de esas personas. "España va a necesitar a los inmigrantes para mantener su estado del bienestar", aseveró con convencimiento. El ministro recordó que la crisis de los cayucos que sufrió Canarias hace doce años sirvió para aprender cómo debía gestionarse este problema, principalmente con equipos conjuntos en esta materia con las autoridades de Marruecos, Mauritania o Senegal. Las unidades de la Guardia Civil y la Policía que trabajan en países africanos en colaboración con las autoridades nacionales de esos estados han ayudado a frenar centenares de salidas hacia España, en particular hacia Canarias, aseguró Grande-Marlaska. Entre los años 2017 y 2018 se produjo un "incremento importante" de inmigrantes irregulares llegados a las Islas por vía marítima, ya que se pasó de los algo más de 400 en el año 2017 a los 1.307 que alcanzaron las costas en 2018. No obstante, el ministro precisó que comparativamente el dato entre un año y otro "sí es importante, pero el número real no es algo inasumible en parámetros de lo que han sido otros años". En este sentido, anunció que ya está en marcha el expediente para ampliar la capacidad del sistema electrónico de fronteras, el SIVE, en la isla de Lanzarote.
'Brexit'
A la conferencia del ministro del Interior en el Auditorio Alfredo Kraus acudió una amplia representación de autoridades políticas, militares y agentes sociales y económicos de las Islas. A preguntas de los presentes, el ministro consideró que "es negativo" que el Reino Unido salga de la Unión Europea (UE), y abogó por la celebración de un segundo referéndum. Con todo, afirmó que "en el peor de los supuestos", desde hace meses el Gobierno trabaja en el brexit con una comisión específica y unos planes de contingencia "preparados y dispuestos para hacer frente a una hipotética salida sin acuerdo". Planes de contingencia en los sectores "principales y esenciales", como son los ciudadanos tanto españoles como los 300.000 británicos que viven en España, así como "en el marco económico y de negocios más sensibles" en referencia al transporte aéreo, marítimo, agricultura, pesca o el efecto turístico, expuso.
Por otro lado, el ministro se mostró convencido de que próximamente habrá un nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con "garantías plenas de independencia, de separación de poderes". Grande-Marlaska ha ejercido durante años como magistrado de la Audiencia Nacional y se declaró ayer un "leal defensor" del sistema de elección del órgano de gobierno en cuanto a que los miembros del CGPJ sean elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado.
Dispersión de presos
Al ser cuestionado por la renuncia del juez de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, como presidente del CGPJ, Marlaska afirmó que "no es muy imparcial" porque el magistrado canario "es uno de los juristas más solventes" de España, además de "ser amigo personal" y demostró sus valores con la renuncia. Marlaska censuró además las palabras del portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, el también juez Francisco Serrano, sobre las concentraciones de colectivos feministas a las puertas de esa Cámara en contra de la violencia machista. "No se puede permitir que haya una kale borroka en la puerta del Parlamento", criticó Serrano, a lo que Marlaska contestó: "Una persona como esa no va a echar tierra sobre la carrera judicial ni sobre lo que pensamos quienes la componemos". Sobre la dispersión de los presos de ETA en diferentes cárceles, el ministro del Interior respondió que "era una política antiterrorista, no una política penitenciaria", por lo que no cree conveniente mantenerla una vez disuelta la banda.
