El Ministerio de Hacienda ha mutilado la parte fiscal del fuero canario en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Si el proyecto de ley de presupuestos sale adelante en sus actuales términos, las empresas instaladas o que quieran instalarse en Canarias perderán buena parte de las ventajas fiscales del REF. Las deducciones, por ejemplo, desaparecerían de un plumazo. Es más, ni siquiera está claro que las factorías que desafían la lejanía y optan por operar en el Archipiélago puedan seguir beneficiándose de la importante bonificación a la producción. El olvido del fuero regional en los cambios tributarios del gobierno de Pedro Sánchez ha encendido así todas las alarmas en el Gobierno de Canarias y las patronales del Archipiélago, que preparan su respuesta a una situación inédita en la historia del Régimen Económico y Fiscal.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció en verano que aplicaría dos grandes cambios en el Impuesto de Sociedades. Por un lado, que las multinacionales y grandes empresas tributen obligatoriamente un mínimo del 15% de la base imponible del impuesto. Por otro lado, que las empresas que facturen menos de un millón tributen por el 23%, dos puntos menos para aliviar así su carga fiscal. Tras el anuncio de Montero, desde la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias se remitió al Ministerio una carta para recordarle que debía tener en cuenta las singularidades de las Islas. No en vano, el REF prevé una serie de bonificaciones y deducciones en favor de las empresas del Archipiélago para potenciar la economía. Por ejemplo, para promover inversiones o facilitar la instalación de nuevas industrias en una Comunidad Autónoma con poco peso del sector secundario. Esa misiva fue la primera de las varias remitidas. Pero ninguna de las cartas ha servido para que el Gobierno central atienda la advertencia del Ejecutivo canario. El régimen de tributación mínima ideado por el Ministerio obvia la mayor parte de las especificidades del Archipiélago. Es la primera vez desde 1972, cuando nació el REF, que se produce un olvido de tal magnitud, según han asegurado desde el Ejecutivo autonómico.
El artículo 64 del proyecto de ley de presupuestos establece que las empresas con una cifra de negocio de al menos 20 millones de euros y todas las que tributen bajo el régimen de consolidación fiscal (los holding) tendrán que pagar por el Impuesto de Sociedades un mínimo del 15% de la base imponible. La única excepción en el caso de las Islas es la de las empresas adscritas a la Zona Especial Canaria (ZEC). Para el caso de las firmas integradas en esta área de baja tributación, Hacienda las libera del pago mínimo del 15% en la parte de la base imponible que corresponda a sus negocios bajo el paraguas de la ZEC. No hay ninguna mención más a las particularidades del REF. Ni en las bonificaciones ni en las deducciones.
En el caso de las bonificaciones se menciona, en general, aquellas "que sean de aplicación", que se restarían a esa cuota mínima del 15%. En la Consejería de Hacienda, la Agencia Tributaria Canaria y las patronales de la región -con especial preocupación en la Asociación Industrial de Canarias (Asinca)- se multiplican las consultas y los contactos para descifrar si esa mención a las bonificaciones "de aplicación" incluye las específicas del REF. Es el caso, por ejemplo, de la bonificación a la producción de bienes corporales, que queda ahora en el aire. Es una bonificación que permite a las industrias y empresas agrícolas o ganaderas, por las dificultades que entraña su actividad a 2.000 kilómetros de la Europa continental, rebajarse un 50% la cuota íntegra del impuesto. Este incentivo fiscal consiste, por tanto, en que una empresa productora que tenga que tributar por un 25% de su base imponible tribute efectivamente por un 12,5%. La idea es que esto compense los extracostes de las entidades que operan en Canarias. Al no haber mención en la ley de los PGE a las bonificaciones específicas del REF, la duda está en si esa empresa que hoy tributa efectivamente por el 12,5% tendrá que hacerlo a partir de ahora por el nuevo mínimo del 15%. Y la diferencia no es baladí. Para una empresa que facture 50 millones supondría pagar 1,25 millones más o menos por el Impuesto de Sociedades. Incluso aunque pudiera entenderse que caben las bonificaciones del REF pese a que no se las mencione, ¿qué empresa se atrevería a aplicar la bonificación del 50% arriesgándose a una inspección de Hacienda? El presidente de Asinca, Andrés Calvo, tiene claro que "ante la duda, nadie se va a arriesgar".
Con todo, lo peor viene por la parte de las deducciones del REF, que literalmente desaparecen. La ley presupuestaria habla únicamente de la deducción por doble imposición -la que se aplica para que los beneficios de los socios, una vez pagado el impuesto por la empresa matriz, no tributen por segunda vez-. Ninguna otra deducción aplicable podrá disminuir el mínimo del 15%. Para hacerse una idea del impacto, basta con apuntar que el 95% de las industrias canarias, es decir, nueve de cada diez, aplican conjuntamente la bonificación a la producción de bienes corporales y la deducción por inversiones.
Uno de cada dos euros
Hay unas 330 empresas en Canarias con una cifra de negocio de más de 20 millones de euros, según datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondientes a 2016. En principio, todas estarían obligadas por la nueva tributación mínima. Estas grandes sociedades solo representan un 0,56% de las 58.697 empresas que hay en las Islas. Pero, no obstante, representan al mismo tiempo el 48% del total de la facturación empresarial, esto es, prácticamente uno de cada dos euros, lo que sirve para hacerse una idea de su peso en la economía regional. Y de paso para entender la alarma creada en el Archipiélago.
Sin ir más lejos, la aplicación de esta tributación mínima amenazaría el floreciente negocio de Canarias como plató de rodaje. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos estos rodajes, tanto los nacionales como los de Hollywood, se hacen por medio de agrupaciones de interés económico, una fórmula de asociación empresarial, o de firmas creadas ad hoc por una multinacional para la película. Su actividad está muy limitada temporalmente y es la inmediatez del beneficio fiscal del REF la que hace que se decidan por grabar en las Islas y no en cualquier otro lugar. Y otro caso es el de las firmas que tienen su entidad matriz fuera de Canarias y que operan aquí con establecimiento permanente. Sin los incentivos adicionales del REF, "no les saldrá a cuenta invertir aquí", explican desde la Consejería de Hacienda.
De hecho, lo único que estaría completamente a salvo de la regulación incluida en la ley presupuestaria del gabinete de Pedro Sánchez es la Reserva para Inversiones en Canarias, la RIC, y las bonificaciones a las empresas navieras. Tanto la RIC como las bonificaciones a las empresas de transporte marítimo se calculan sobre la base imponible del Impuesto de Sociedades, de modo que se ponen en práctica antes de la aplicación del nuevo régimen. En otras palabras: el mínimo del 15% se estima sobre una cantidad de la que ya está descontado el importe de la RIC. Dejando esto al margen y la mención explícita de las entidades ZEC -lo que también preocupa en la medida en que se pone negro sobre blanco esta particularidad del REF pero no ninguna otra, un posible argumento para el inspector fiscal de turno-, las empresas canarias tendrán que efectuar sus pagos como cualquier otra de la Península. Se rompe así, de facto, el fuero fiscal de la Comunidad Autónoma.
En concreto, ¿qué quedaría fuera del diferencial fiscal que viene a compensar las peculiaridades de la economía canaria? En primer lugar, por ejemplo, la deducción por inversiones en activos fijos en las Islas. Esta es una figura que ha desaparecido del resto del Estado y que está siendo muy utilizada en los últimos ejercicios, entre otras cosas porque permite el pago de dividendos. Hasta 800 grandes empresas del Archipiélago se acogen a esta deducción. También desaparecería la ventaja fiscal de los incentivos a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica. E incluso la deducción por inversiones en las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro).
Y ello sin tener en cuenta que quedaría sin efecto el incremento del 30% de los incentivos a la creación de empleo.
Es cierto que la norma de la Hacienda estatal puntualiza que las deducciones a las que la empresa tenga derecho pero que no pueda aplicar por la nueva regulación podrá descontárselas en los siguientes ejercicios. Sin embargo, en los siguientes ejercicios la limitación del 15% provocará que ese margen sea "irreal", tal como consideran tanto las patronales como el Gobierno regional, al menos para poder sacar el máximo jugo al nuevo REF, que es lo que marca la diferencia a la hora de que una empresa decida operar en Tenerife y Gran Canaria, por ejemplo, y no en Vigo, Madrid o Valencia. Se provoca, en definitiva, una acumulación de cantidades pendientes de deducción efectiva pero que al tener el mismo límite todos los años se impide su aplicación real.
El impacto, con todo, no se reduce a esas empresas isleñas que ya facturan más de 20 millones, obligadas ahora a tributar un mínimo por más que en su día arriesgaran a la hora de apostar por un territorio alejado y de mercado limitado y por más que sigan apostando por su permanencia pese a los mayores costes del transporte o la energía. Tampoco en la pérdida de atractivo de la economía regional para captar nuevos proyectos, con el ejemplo claro de las producciones cinematográficas. Lo cierto es que otras 53.516 empresas del Archipiélago, que son el gran grupo que factura menos de un millón de euros al año, también pueden verse golpeadas por una medida que, paradójicamente, busca aliviar la situación de la pequeña empresa española.
La nueva regulación de la ministra Montero rebaja de un 25 a un 23% el tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades para esas decenas de miles de empresas de menor dimensión, esas más de 53.000 en el caso de la Comunidad Autónoma. En apariencia, por tanto, esto sería un alivio, y lo será para la mayoría de las pymes españoles, pero no para las canarias. La razón de esta paradoja está en que las medidas compensatorias del fuero regional hacen posible que las 53.516 sociedades isleñas tributen a un tipo medio de poco más del 20% -exactamente de un 20,32% según los datos de 2016, el último ejercicio con datos oficiales-, con lo que las buenas intenciones de la ministra se convierten en malas noticias para las sociedades radicadas en el Archipiélago. En general, por tanto, el sistema es "dañino", consideran en la Hacienda de la Comunidad Autónoma. Sobre todo en las deducciones. Además, supone una subida de impuestos muy superior en Canarias que en el resto del Estado, ya que los tipos efectivos siempre han estado por debajo de los habituales en el país justamente por la aplicación del fuero.
Fuentes del Gobierno regional han explicado que ya se están dando los pasos necesarios para instar al Ejecutivo socialista a que corrija el olvido del REF en el proyecto de ley de los PGE, que ya han sido contestados por su desprecio a las inversiones en la región. Lo cierto es que el PSOE, que timonea el Gobierno, aprobó sin fisuras tanto el nuevo REF como el nuevo Estatuto, cuya vida se cuenta por semanas y que ya ha incumplido.
