Habría bastado una excusa para evitar someterse al vapuleo. Sin embargo, la delegada del Gobierno central en las Islas, Elena Máñez (PSOE), prefirió no dar pie a la crítica por dejación y vistió su rostro de cuanta amabilidad fue capaz para, desde primera fila, encajar golpes sin manos en forma de enumeración de incumplimientos a los que, en opinión del Ejecutivo canario, Madrid somete a las Islas.
No varió el rictus en el par de ocasiones en que la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila (CC), la aludió directamente y por su nombre de pila. Unos metros más atrás, el también socialista y alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, se revolvía con mayor libertad en su asiento, seguro de que no era su figura la que buscaba el respetable tras cada salpafuera.
El próximo jueves se sientan a una misma mesa el presidente canario, Fernando Clavijo, y varios de sus consejeros, por una parte; y las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Política Territorial, Meritxell Batet, por la contraria. Por lo visto ayer, los puntos de partida de ambos bandos están tan claros como alejados. Lo que los rectores de la comunidad autónoma depositan en el saco de los agravios no es más que un continuado ejercicio de demagogia para quienes mandan en España.
El Gobierno canario quiere que cada partida se pase por la picadora a conciencia y que el nombre de las Islas se escriba con letra de molde en la casilla del destinatario. Eso pone de los nervios hasta a la siempre flemática Batet, que empieza a hartarse del amplio espacio que ocupa el Archipiélago en el dosier de prensa diario que le hace llegar su servicio de comunicación.
Defiende el PSOE que sobre la mesa tan solo hay un proyecto presupuestario, perfectamente retocable en el trámite de enmiendas. Y dice Coalición que se enmendará lo que se deba pero nunca partiendo de puntos distintos de los acordados con el anterior Gobierno de España, que comandaba Mariano Rajoy. Es decir, si entonces se concretaron convenios plurianuales en materia de carreteras u obras hidráulicas, por ejemplo, la suma que de manera automática y sin lugar a la discusión debe acompañar a dichos conceptos es la que responde a la subsiguiente anualidad. Y si el Estatuto de Autonomía recientemente aprobado obliga al Estado a enviar dinero para luchar contra la pobreza, junto al nombre de esa partida "no puede haber un cero", señaló la consejera.
En cada ocasión en que, a su juicio, la gravedad del caso expuesto lo requirió, la guardiana de las arcas regionales conjugó el verbo enfatizar mediante la desaceleración del relato y la reducción del volumen. La expresión facial, el movimiento de las manos y la pulcridad en la dicción tomaron entonces el relevo.
Solo se refugió tras el atril cuando se sometió a las preguntas de los congregados, entre ellos sus correligionarios de ocasión José Miguel Bravo de Laguna, candidato al Cabildo de Gran Canaria, y Nardy Barrios, que lo intentará con el Ayuntamiento de la capital de la Isla.
Cumplió con creces su obligación de mantener despierto al foro. Incluso recurriendo con limitada fortuna a adoptar el acento peninsular de quienes insistían en que Canarias debía incluir en su Estatuto el control de "los ríos y las cuencas" porque "todos los estatutos lo tienen". Y se esforzó por mantener la impostada ausencia de seseo para reseñar que hubo quien tras aprobarse el incremento hasta el 75% del descuento en los billetes de barco y avión para los residentes le espetó: "Al final os vamos a tener que pagar un crucero". Y concluyó la consejera: "No son privilegios".
