El Gobierno de Canarias asistirá este martes con "espíritu constructivo" a la reunión que mantiene con el Ejecutivo central para corregir las nuevas cuentas estatales. La delegación canaria encabezada por el presidente Fernando Clavijo pondrá sobre la mesa los incumplimientos que denuncia por la caída de la inversión en los presupuestos generales para este año y la supresión de las ventajas fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF). Tras el encuentro que el propio Clavijo y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, mantuvieron a mediados de enero en las Islas, no se han producido más contactos entre ambas partes para acercar posturas. Pese a ello, el Ejecutivo regional espera encontrar una actitud receptiva para obtener un resultado positivo del encuentro al entender que "se ha abierto una puerta".

La portavoz del Gobierno en Canarias y consejera de Hacienda, Rosa Dávila, recalcó ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la presentación o no por parte de CC de una una enmienda a la totalidad a los presupuestos en el Congreso dependerá de si se corrigen o se mantienen los incumplimientos que denuncian, como una caída de la inversión para el Archipiélago en más de un 55% o la eliminación de las deducciones en el impuesto de sociedades que "mutilan, cercenan y generan inseguridad jurídica". "Si se corrigen y tenemos un documento por escrito firmado nosotros modificaríamos nuestra posición", aseguró.

El tiempo corre en contra. El objetivo es alcanzar un acuerdo antes del 8 de febrero, , día en el que finaliza el plazo para que los diferentes grupos registren las enmiendas a la totalidad de las cuentas. Dávila subrayó que el Ejecutivo regional no puede dar por buenas unas cuentas que excluyen partidas importantes como la compensación para el agua de riego o el plan de lucha contra la pobreza, "Podríamos discutir la cantidad, si es una otra, pero la realidad es que en este momento están a cero.

A la reunión asistirán, por parte de Canarias, Clavijo, Dávila, y el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán; y por parte del Gobierno central, Batet y la ministra de Hacienda María Jesús Montero.