Vox ha anunciado este viernes la expulsión del presidente y el coordinador del partido en Las Palmas de Gran Canaria, la disolución de su Comité Ejecutivo Provincial y el inicio de los trámites para constituir una comisión gestora en la provincia.
El partido liderado por Santiago Abascal ha explicado que exigió a Ricardo Braña, presidente provincial, la dimisión por no haber comunicado al partido que había sido condenado en firme por un delito contra la Hacienda Pública, una circunstancia que le inhabilita para ocupar el cargo, según los estatutos de la formación.
Por su parte, José Luis Moyano, hasta ahora coordinador de Vox en la provincia, ha sido cesado de todas sus funciones y se le ha retirado la militancia "por comportamientos y actitudes amenazantes inapropiadas".
"Una forma de actuar que es claramente contraria a los estatutos de este partido", justifica la formación.
Como consecuencia de estos hechos, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha tomado la decisión de disolver el Comité Ejecutivo Provincial y proceder a iniciar los trámites para la constitución de una Comisión Gestora.
El presidente de Vox la provincia de Las Palmas, Ricardo Braña, tiene pendiente de cumplir una condena firme de dos años y seis meses de cárcel por fraude fiscal, suspendida a condición de que de que abone los 281.539 euros en impuestos que dejó de pagar a Hacienda antes de 2021.
La dirección de Vox ha tenido conocimiento de esa condena hace días y ya ha pedido a Ricardo Braña que renuncie a sus cargos en el partido.
Baña fue condenado en 2016 por el Juzgado de lo Penal número 6 de la capital grancanaria por una operación de compra y posterior venta de terrenos en Antigua (Fuerteventura) realizada a través de la sociedad Ibertowers Canarias SL que reportó unos beneficios de 877.120 euros.
La sentencia consideró Braña y el otro administrador de Ibsertowers Canarias en aquellos momentos fueron penalmente responsables de que no se abonaran los impuestos correspondientes a ese beneficio, cifrados en 281.539 euros.
La Audiencia de Las Palmas concedió después a Braña una suspensión de la condena, a condición de no delinquir en tres años y de abonar su deuda tributaria antes del 14 de enero de 2021
