La Comunidad Autónoma superó los 8.000 millones de euros de ejecución presupuestaria en 2018, el mayor nivel logrado hasta ahora. Los datos provisionales de la Intervención General avanzan que se alcanzó el 94,52%, lo que coloca al Ejecutivo regional como la Administración canaria que presenta mejores niveles de ejecución frente a cabildos -80,7%- y municipios -76,02%-. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, contrarrestó las críticas de la oposición con los datos que ahora tendrá que refrendar el Ministerio de Hacienda, que en 2017 situó a Canarias con un nivel ejecutado del 96,67%, por encima de la media de las comunidades autónomas.
Las cifras oficiales correspondientes a 2017 sitúan a las entidades locales españolas -ayuntamientos y diputaciones- en un nivel medio de ejecución del 82,06%, mientras que las corporaciones locales canarias no llegan a ese porcentaje. La Comunidad Autónoma supera con creces a los cabildos y como ejemplo significativo el de Gran Canaria, cuyos datos de ejecución de los presupuestos de 2017 fueron del 86,3%, diez puntos menos que el Ejecutivo autonómico. En los capítulos seis y siete, relativos a las inversiones y las transferencias de capital, el nivel de ejecución en la Corporación grancanaria fue del 68%, mientras que la Administración regional superó el 80%.
La consejera de Hacienda acusó a la oposición de lanzar cosas que no pone el informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas del ejercicio de 2017 y recordó que el Gobierno canario, a través de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, ha presentado alegaciones por discrepar del tratamiento técnico que, en su opinión, tienen que tener los derechos pendientes de cobro.
Discrepancias
"La Audiencia de Cuentas en ningún momento relaciona el remanente y los derechos pendientes de cobro con la existencia de superávit o déficit. Eso no lo dice, entre otras cosas, porque es una barbaridad", subrayó. Dávila indicó que el Gobierno canario confía en que las alegaciones que ha presentado permitan que el Tribunal de Cuentas verifique y aclare las discrepancias que existen respecto al tratamiento técnico que tienen que tener "los derechos pendientes de cobro de los últimos 33 años".
"Nosotros mantenemos que el tratamiento técnico que se ha hecho es el correcto y la Audiencia de Cuentas ha cogido otra metodología, que no se acerca a la de la Comunidad Autónoma, y se tendrá que dirimir en el ámbito de la propia Audiencia y en el Tribunal de Cuentas", agregó.
El avance del que informó ayer Dávila supone que por primera vez la Comunidad Autónoma supera los 8.000 millones de ejecución, 447,16 millones más que en el ejercicio de 2017. "La contabilidad pública es la mejor herramienta de transparencia y confianza de una institución", añadió para verificar la realidad de datos que cuestiona la oposición.
La titular de Hacienda destacó que se ha alcanzado este nivel de ejecución a pesar de los condicionantes negativos del pasado año, entre ellos la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que está causando un grave retraso en los procesos de licitación de todas las administraciones, y la demora en la llegada de las partidas destinadas a Canarias por los presupuestos del Estado", indicó. Rosa Dávila también recordó que un volumen importante de los recursos provenientes del Estado llegaron en los meses de noviembre y diciembre debido a que las cuentas de 2018 entraron en vigor a mitad de año.
El nivel de ejecución medio en los últimos cuatro años ha superado el 94%. El ejercicio de 2016 fue el que logró un porcentaje mayor con un 97,49%, según las cifras oficiales refrendadas por el Ministerio de Hacienda. Por capítulos, las inversiones reales alcanzaron una ejecución presupuestaria del 63,81%, mientras que las transferencias de capital se situaron en un 92,26%, ligeramente inferior a la media del presupuesto.
