El Diputado del Común propondrá al Parlamento de Canarias que incluya la mediación dentro de la ley de la institución para que las administraciones públicas estén obligadas a estar presentes en la resolución de aquellos conflictos por los que sean convocados. El Diputado del Común, Rafael Yanes, espera que esta modificación se lleve a cabo con celeridad cuando se constituya el nuevo Parlamento tras las elecciones del próximo 26 de mayo, puesto que también tienen que poner en marcha otras modificaciones recogidas en el nuevo Estatuto de Autonomía que afectan a la entidad, como el cambio de nomenclatura, ya que pasa a llamarse Diputación del Común.

El Defensor del Pueblo Andaluz es pionero en materia de mediación en España y "ha tenido un resultado magnífico", según Yanes. Quien aseguró que la mediación "va a marcar un nuevo método de trabajo, que suplirá el escrito frío en formato pregunta respuesta y la confrontación por el diálogo".

Yanes realizó estas declaraciones durante la presentación de las jornadas Mediación: presente y futuro, organizadas por el Diputado del Común, que tendrá lugar en el Club La Provincia el jueves 21 de febrero. El objetivo de este encuentro es "potenciar la transparencia, el buen gobierno, la participación, el respeto a los derechos ciudadanos", según explicó el Diputado del Común. En ese paraguas de respeto a los derechos ciudadanos contemplan la mediación como instrumento para la solución de conflictos, "dejando a un lado la confrontación y sustituyéndola por el diálogo". Las jornadas están enmarcadas en el proyecto DEMOS, financiado por la Unión Europea en el programa Interreg.

Rosalía Fernández Alaya, presidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación de España (Gemme), organismo que participa en la organización de las jornadas, considera que las defensorías del pueblo pueden ser el catalizador necesario en el proceso de cambio para que la ciudadanía pase de la cultura de la confrontación a la cultura del diálogo. La magistrada defendió que los jueces han detectado que las leyes por si mismas no era suficientes, por lo que muchas veces los conflictos no tienen una respuesta jurídica o solo la tienen en parte. "Notamos que nuestra sociedad se estaba acostumbrando a delegar sus decisiones en un tercero y la ciudadanía tiene que darse cuenta de que hay otras maneras de resolver los conflictos", sostuvo Fernández Alaya.

Las jornadas, organizadas para acercar la mediación a la ciudadanía y mostrar que los ciudadanos pueden relacionarse de una manera diferente con la administración para resolver sus conflictos, profundizarán en las ventajas de la mediación. "Entendemos que puede haber un desequilibrio entre el ciudadano y la administración, pero con la mediación se compensa ese desequilibrio", explicó la magistrada. Quien aseguró que las defensorías del pueblo reciben muchas quejas de ciudadanos que no se sienten escuchados por la administración o por falta de respuesta, pero en la mayoría de las ocasiones, "basta una simple reunión para que la ciudadanía sienta a la administración más cercana o para que la administración se involucre".

El pasado 21 de enero el Consejo General del Poder Judicial trabajó en un foro por la mediación en el que se concluyó que "hay una imperiosa necesidad de que las administraciones se involucren en la implantación de la mediación" y que se haga con voluntad efectiva, es decir, con dotación presupuestaria suficiente para que los ciudadanos puedan acceder a este mecanismo de solución de conflictos, concluyó Fernández Alaya.