La Provincia - Diario de Las Palmas

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

La ley impide a Curbelo y Allende unir Parlamento y cabildo tras el 26M

CC y ASG impulsan una reforma exprés para cambiar el régimen de incompatibilidades

Belén Allende. J. L. G.

La actual redacción de la ley de cabildos impide que los presidentes y consejeros insulares hagan doblete en el Parlamento regional. Es decir, Casimiro Curbelo y Belén Allende no podrían compatibilizar el acta de diputado con la presidencia de los cabildos de La Gomera y El Hierro, como ha ocurrido en esta legislatura, tras las elecciones del 26 de mayo. Pero el problema no se circunscribe a los casos de los líderes de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) y la Agrupación Herreña Independiente (AHI), sino que obliga a los partidos a replantearse sus estrategias de cara a los comicios. La habitual fórmula de que el candidato al cabildo figure también en la lista insular a la Cámara autonómica -una estrategia de la que hay ejemplos en casi todas las fuerzas políticas- dejará de ser una posibilidad. Queda margen, eso sí, para que el Parlamento saque adelante una reforma exprés de la ley en los tres meses y medio que restan hasta las elecciones. De momento, Coalición Canaria (CC) y ASG ya han elevado una proposición de ley a la Mesa de la Cámara para modificar la normativa y levantar el veto a los dobletes. La propuesta, para la que solicitan el procedimiento de urgencia por la cercanía del 26M, se presentó este lunes con la firma de los portavoces de los grupos nacionalista, José Miguel Ruano, y mixto, cargo que precisamente ocupa Casimiro Curbelo.

La Ley de cabildos insulares se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el 14 de abril de 2015. Su entrada en vigor se pospuso hasta dos meses después de la publicación, hasta el 14 de junio, de modo que cuando se celebraron las últimas elecciones autonómicas y locales, que tuvieron lugar el 24 de mayo de 2015, aún no existía incompatibilidad entre el cargo de diputado y el de consejero de gobierno insular. Fue ese período transitorio el que permitió los dobletes de Curbelo y Belén Allende. Aunque desde entonces han sido varias las voces que han apuntado que el veto a la doble condición de presidente de cabildo y diputado podría ser inconstitucional -argumento que CC y ASG exponen en su proposición de ley-, lo cierto es que los partidos no han movido ficha hasta ahora, cuando casi han transcurrido cuatro años.

Así pues, a tan solo tres meses y 13 días de las elecciones, el polémico artículo 61 de la ley de cabildos sigue vigente. Y, por tanto, los partidos tendrán que tener presente que sus candidatos a los cabildos no podrán serlo también al Parlamento autonómico si antes no llegan a un acuerdo en el pleno de la Cámara para modificar la normativa. Además, la prohibición no solo afecta a quienes ocupan las presidencias insulares, sino también a todo aquel que sea consejero de cabildo con responsabilidades de gobierno. Las quinielas de nombres que podrían ver peligrar su posición en una u otra lista si no se produce la modificación de la ley van mucho más allá de Curbelo y Allende. Son los casos, por ejemplo, de la actual portavoz parlamentaria del PSOE, Loly Corujo, y del actual presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés. La primera es la candidata socialista justamente para suceder a San Ginés al frente de la corporación conejera, y el de este último es un nombre siempre presente en CC a la hora de confeccionar la lista insular al Parlamento. Ni una ni otro, por más que consigan los votos suficientes, podrían compaginar ambas responsabilidades si antes no hay cambios en la ley.

Es en concreto el punto dos del artículo 61 de la ley de cabildos el que bloquea los dobletes. "Los miembros del consejo de gobierno insular están sujetos al régimen de incompatibilidades establecido en la legislación básica de régimen local y en la legislación de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Comunidad Autónoma de Canarias. No obstante, los miembros del consejo de gobierno insular podrán compatibilizar su cargo con la condición de senador", reza el artículo.

En consecuencia, la ley establece una incompatibilidad "sin precedentes en nuestro ordenamiento jurídico", según defienden los grupos nacionalista y mixto en la proposición de ley, a la que ha tenido acceso este diario. Entienden en CC y ASG que estas limitaciones pueden vulnerar el derecho de sufragio pasivo, esto es, el derecho a presentarse para ocupar cargos públicos, en este caso el de diputado autonómico.

Es más, los redactores de la proposición de ley consideran que el hecho de que sí se permita ser presidente o consejero insular y a la vez senador "refuerza" la tesis de la vulneración del derecho de sufragio pasivo. ¿Por qué? Pues básicamente porque no encuentran una razón "objetiva" que justifique esa excepción y no otras. Y ello sin olvidar que este veto no existe en el caso de los consejeros del Gobierno de Canarias ni tampoco en el de los miembros de los consistorios municipales, los ayuntamientos. "Lo que viene a ser a todas luces una discriminación en los derechos políticos de los miembros de los consejos de gobierno insulares", insisten.

Hay que recordar que José Miguel Ruano, firmante de la proposición de ley como portavoz del grupo parlamentario nacionalista, es profesor de Derecho Constitucional y letrado en excedencia de la Cámara autonómica. Por lo tanto, la propuesta cuenta con el aval de este experto en la materia, quien, no obstante, no es el único que considera inconstitucional el régimen de incompatibilidades.

En cualquier caso será el pleno de la primera institución de las Islas el que tendrá que manifestarse sobre la proposición de ley, si bien todo parece que reúne los ingredientes para prosperar. De entrada porque si no se cambia el controvertido artículo, estarán patas arribas las estrategias electorales de más de un partido. No en vano, el tirón de los presidentes de cabildos suele ser garantía de éxito en las listas al Parlamento, lo que ya no sería posible.

La ley ya estuvo envuelta en polémica cuando el presidente del Cabildo tinerfeño optó a ser diputado nacional, posibilidad tampoco permitida. Carlos Alonso y la Fecai la calificaron entonces de "inconstitucional".

Compartir el artículo

stats