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Fulminar los conciertos sanitarios, subir y bajar impuestos a la vez y un sello 'verde'

Los grupos parlamentarios presentan un total de 180 propuestas de resolución | Cada partido tenía un límite máximo de 30

Entre las decenas de propuestas de resolución que los partidos presentan en cada debate sobre el estado de la Nacionalidad hay, como en botica, de todo. Hay tanto y tan variopinto que hasta es posible encontrar fórmulas diametralmente opuestas para conseguir lo mismo. Y el dinero no suele ser problema, porque el papel lo aguanta todo, también el del registro del Parlamento. No es así inusual encontrarse con medidas que de llegarse a poner en práctica desbaratarían los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Pero al fin y al cabo se trata del debate sobre el estado de la Nacionalidad, que cada año es menos debate y más barraca de pimpampum -para desgracia de la primera institución del Archipiélago-, de modo que lo importante es hacerse notar. Y ni que decir que a poco más de dos meses de las elecciones, habría sido difícil cambiar la tendencia. Al menos esta vez, en un detalle digno de elogio, se llegó al acuerdo de que cada grupo presentara un máximo de 30 propuestas. Obviamente todos presentaron 30. Un total de 180 medidas, en su mayoría extemporáneas „faltan poco más de tres meses para las elecciones„, que sirven, eso sí, como preludio de los programas electorales para las elecciones autonómicas de mayo.

El PSOE propone de entrada al Parlamento que certifique el "rotundo fracaso" del Gobierno en la lucha contra las listas de espera. "Principalmente", aclaran los socialistas, en los ejercicios 2017, 2018 y 2019, es decir, después de que su Jesús Morera fuera destituido, lo que ocurrió, por tanto, en la misma legislatura que condenan. Siempre hay, en definitiva, un antes y un después, porque otra característica usual de las propuestas de resolución -de parte de ellas- es que tienen corta memoria. El responsable siempre es el presidente de Gobierno de turno. El partido que hace la propuesta solo pasaba de refilón por esta o aquella consejería. Y esto es así aunque hayan pasado de refilón, léase PP y PSOE, en más de una ocasión y hasta legislaturas enteras.

Sea como sea, los socialistas también quieren un plan de lucha contra la pobreza -otra paradoja: el PSOE en Madrid no ha transferido los 30 millones para el mismo fin incluidos en la ley de presupuestos estatales-, subir el IGIC a los niveles en que estaba antes de la última reforma y, entre otras muchas cosas de marcado carácter social, "al menos" 90 millones de euros más de los ya consignados en las cuentas regionales para atender a las personas dependientes.

Los populares, claro, también tienen su receta. Y no sorprenderá que la suya insista por enésima ocasión en bajar el tipo general del IGIC al 5%. Lo reclaman desde el minuto siguiente -casi- a que el Gobierno de Paulino Rivero lo subiera aquel día de mediados de 2012. Siguen sin cejar en su empeño. Además, el PP también quiere establecer plazos máximos de espera para recibir atención médica y coincide con el PSOE en la necesidad de un plan contra la pobreza. Es más, coincide incluso con Podemos. Ambos creen necesario que el Ejecutivo lance una campaña de difusión del nuevo sistema electoral, para que el 26 de mayo nadie se quede en fuera de juego sin saber dónde va cada papeleta.

En Podemos también tienen claro que hay que acabar con los conciertos sanitarios. Y hay que hacerlo a razón de un 10% menos cada año. Que en diez años, y eso como máximo, no quede ni un solo paciente en la cama de un hospital privado, salvo que se la pague el paciente, claro. Sería, de llevarse a cabo, una desprivatización exprés. Los de Pablo Iglesias apuestan también por eso de que quien contamina paga. Proponen para ello una etiqueta verde que marque a los servicios que cumplen las normativas medioambientales y también a los que no. Una suerte de letra escarlata de la sostenibilidad.

CC traslada a las propuestas de resolución sus vanos deseos de un nuevo sistema de financiación autonómica y del blindaje -uno de verdad- del Estatuto y el REF. Los nacionalistas plantean también una fórmula para transmitir las casas de Visocan a sus inquilinos, lo que podría resolver casos como el de El Caracol, en Telde.

NC propone subida de impuestos, moratoria, tasa turística, subida de la PCI, renta ciudadana y plan contra la pobreza. ASG insiste en la necesidad del vuelo directo La Gomera-Gran Canaria.

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