La comunidad autónoma de Baleares ha logrado en el tiempo de descuento que el Gobierno de Sánchez la equipare a Canarias. El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma del Régimen Especial Balear (REB) mediante un decreto ley de medidas económicas urgentes y un proyecto de ley sobre aspectos fiscales para la próxima legislatura con el que amortiguar los efectos de la insularidad. Igual que especifica el Régimen Fiscal de Canarias (REF), la presidenta socialista Francina Armengol ha peleado que el archipiélago mediterráneo reciba cada año del Estado, a través de los Presupuestos Generales, inversiones en la media del conjunto de las autonomías y que irán destinadas, entre otras cosas, a infraestructuras ferroviarias, carreteras, instalaciones hidráulicas, becas de investigación y formación o la mejora de zonas turísticas.
La conquista in extremis de Balares -a solo 86 kilómetros de la Península desde Ibiza, frente a los 1.286 kilómetros de distancia de Las Palmas de Gran Canaria con Cádiz- se produce en plena contienda del Gobierno canario con el central precisamente porque el proyecto de los presupuestos para 2019 incumplía las medidas económicas de compensación a la lejanía y la insularidad que se acaban de reforzar en la modificación legislativa concluida en las Cortes hace apenas cuatro meses y que costó 24 años actualizar y rechaza enviar a Islas fondos pendientes que compensan la insularidad de 2018.
El real decreto aprobado ayer incluye bonificaciones al transporte - el 75% de las tarifas aéreas y marítimas para el transporte de personas en trayectos directos entre las islas y el resto del país que pelearon en el Congreso el pasado año ´Coalición y Nueva Canarias-, y hasta el 65% del coste medio del flete para exportación de productos; promueve las energías limpias, la ejecución de una segunda interconexión de las islas y la península y una compensación para que el precio del gas natural y los gases líquidos sean equivalentes a los de la Península.
Respecto a los incentivos fiscales, el gobierno balear propone reducir hasta un 90% en la base imponible del Impuesto de Sociedades la parte del beneficio que destinen a reserva para futuras inversiones en el territorio igual que ocurre con la Reserva de Inversiones en Canarias y, de otras parte, el 10% en Sociedades y en IRPF por rendimientos derivados de bienes producidos en esas islas.
La copia es evidente. De hecho, Baleares siempre ha mirado los avances de Canarias con una sensación de agravio y con algunas críticas hacia el valor del voto que en ocasiones ha tenido los partidos nacionalistas canarios. Fruto de sus reclamaciones obtuvo un primer aunque modesto reconocimiento de su situación en 1998, cuando se aprobó su primer Régimen Especial de Baleares (REB) que se quedó muy lejos de las pretensiones iniciales.
Y pese a las críticas por los logros canarios en las Cortes, ambos territorios han ido siempre en paralelo a partir de las conquistas alcanzadas precisamente por la presencia y el peso de estas formaciones en la política nacional, ejemplo de ello son los distintos incrementos de las subvenciones al transporte aéreo y marítimo de pasajeros, desde el 33 % inicial al 75 % actual.
Con todo, la comunidad mediterránea dio ayer un salto cualitativo al obtener por primera vez instrumentos fiscales que, de ser aprobados definitivamente en las Cortes, pasarían a engrosar la miscelánea española de regímenes especiales junto al canario y los forales de Navarra y País Vasco. El objetivo balear de contar con sendos mecanismo de carácter económico y fiscal deberá sin embargo esperar a otro momento político dado que, si bien las medidas económicas entrarán en vigor de forma inmediata tras su convalidación en la Diputación Permanente del Congreso, las fiscales están contenidas en un proyecto de ley que deberán esperar su tramitación tras la constitución de las Cortes después del 25 de mayo. Así, la parte fiscal, sobre la que quizá tendrá que pronunciarse Bruselas, estará condicionada a las mayorías parlamentarias que surjan de las elecciones del 28 de abril y al color político del próximo Gobierno y de los pactos políticos que puedan conformarse. El actual Ejecutivo balear confía en que pueda entrar en vigor en 2020 independientemente de quien gobierne en el Estado.
