El diálogo es la mejor vía para la resolución de conflictos. Este fue el mensaje central de las jornadas Mediación: Presente y Futuro, que tuvieron lugar ayer en el Club LA PROVINCIA, organizado por el Diputado del Común de Canarias, con la colaboración del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación de España (Gemme). La mediación, como herramienta para la abordar enfrentamientos a través del debate, lucha contra la falta de comunicación de la sociedad actual y las instituciones son las primeras que deben dar ejemplo a la ciudadanía. Así lo entiende Rosalía Fernández Alaya, presidenta de Gemme y titular de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, quien impartió la conferencia inaugural del encuentro, bajo el título Mediación al servicio de la ciudadanía.

La magistrada afirmó que los ciudadanos ya están acostumbrados a que sea un tercero -juez o árbitro- quien imponga una solución a sus conflictos. Ante un litigio, el denunciante espera que el juez castigue al denunciado y que "caiga todo el peso de la ley sobre él" pero, según Fernández Alaya, "los jueces no están para machacar a nadie".

La esencia de la mediación es la autogestión. De esta manera los interesados se ven obligados a cumplir la solución acordada por ellos mismos. Sin embargo en la justicia tradicional la pena viene impuesta por un tercero, por lo que los implicados pueden excusar su incumplimiento alegando que no están de acuerdo con la sentencia.

El desarrollo de la mediación en Canarias está por encima de la media nacional. Muestra de ello es que el Diputado del Común regional, encabezado por Rafael Yanes Mesa, planteará al Parlamento de Canarias que incluya la mediación dentro de la ley de la institución para que las administraciones públicas estén obligadas a estar presentes en la resolución de aquellos conflictos por los que sean convocados. Esta iniciativa fue alabada por Fernández Alaya porque la entidad impulsa el fomento del entendimiento y el diálogo. Algo necesario en la actualidad, porque "estamos asistiendo a espectáculos lamentables" por parte de las instituciones. Por este motivo, Fernández Alaya fue tajante al decir que la imagen actual que proyectan las instituciones está causando un gravísimo daño a la sociedad, puesto que "provoca radicalismos y reacciones agresivas", a pesar de que las propias instituciones llaman a los ciudadanos al diálogo y a la cultura de paz, declaró la magistrada.

Yanes Mesa sostuvo que la apuesta por la implantación de la mediación, siguendo el ejemplo del Defensor del Pueblo andaluz, se debe a que gracias a la esta herramienta se facilita el acercamiento entre los interesados y se deja atrás la frialdad de la comunicación a través de cartas. Además, con este método el Defensor del Pueblo sienta ante una mesa a los interesados para llegar a un acuerdo favorable para todos y deja de ser un mero comunicador del problema entre las administraciones y los particulares.

La mediación, que se caracteriza por la voluntariedad, la imparcialidad y la confidencialidad, es una herramienta de participación democrática para la ciudadanía, porque devuelve el protagonismo a los particulares y a las administraciones y les ayuda a asumir la responsabilidad frente a sus propios actos, explicó Fernández Alaya.

A largo plazo, la mediación puede ayudar a descongestionar los tribunales, aunque no es su principal objetivo. Para la magistrada, el verdadero beneficio de este método es que la gente entienda que la sociedad va por el camino de la radicalización. "Se necesita hablar, se necesita consenso y comunicación, las faltas de entendimiento a menudo se dan porque ni siquiera las personas se han sentado a explicar lo que cada una pretende", defendió.

En la sesión vespertina, Juan Francisco Mejías Gómez, magistrado del Juzgado de Primera Instancia de Valencia y vicepresidente de Relaciones Institucionales de Gemme, sostuvo que la mediación es la mejor manera de tutela judicial y que sirve para poner rostro humano a la justicia. En ese sentido, Mejías añadió que los magistrados y mediadores tienen que aspirar a impartir justicia y no solo a aplicar la ley.

Consenso entre las partes

Yeray Alvarado, como representante del Colegio de Abogados de Las Palmas, detalló que los abogados son piezas fundamentales en la mediación y actúan comos catalizadores para que los acuerdos cristalicen. No solo participan en los procesos como mediadores, sino como asesores de los mediados que necesiten de un consejero para comprender el proceso y valorar los acuerdos propuestos.

La mediación administrativa coloca en el mismo plano a las instituciones y a los particulares, de esta manera "se generan empatías recíprocas y se fomenta la predisposición para llegar al consenso, porque con una solución pactada todos ganan", explica Alvarado.

Según Alvarado, los abogados buscan acuerdos y si son económicos y rápidos mejor. Por este motivo, considera que no se pueden oponer a la corriente de concordia y entendimiento de la mediación. Sin embargo, dentro de su colectivo hay voces criticas porque en ciertas jurisducciones se está imponiendo la obligatoriedad mitigada de la mediación, es decir que están obligado a acudir a la mediación antes de ir a un procedimiento judicial. "Esto genera rechazo porque, en muchas ocasiones, retrasa la resolución del caso y, además, contradice la naturaleza de voluntariedad de la mediación", detalló el abogado.

Las jornadas formaban parte del Proyecto Demos que pretende fomentar la cooperación para la mejora de la labor que desempeñan los defensores del pueblo de Madeira, Azores y Canarias, a través del intercambio de experiencias entre las instituciones. Por este motivo, el encuentro contó con la presencia de Miguel Feldmann, asesor de la Provedoria de Justicia de Portugal -equivalente al Defensor del pueblo en el país luso-, quien aseguró que la mayoría de las quejas que llegan a su institución se resuelven poniendo en contacto a la administración con los ciudadanos que pueden dar a conocer sus problemas y se sienten escuchados.