La intención de Pedro Sánchez de dar a Baleares el mismo trato económico y fiscal que a Canarias choca de frente con una de las leyes fundamentales de la Unión Europea (UE). Nada menos que con el Tratado de Funcionamiento de la UE. El mismo que ampara expresamente el fuero canario y limita las ayudas de Estado -que en esencia son exenciones en favor de determinados territorios- a unos pocos casos muy concretos. Y el archipiélago mediterráneo no cumple ninguna de las dos condiciones que permitirían a España justificar ante las instituciones comunitarias el copia y pega del REF canario al Régimen Especial Balear (REB). Ni es Región Ultraperiférica (RUP) ni sufre "una grave situación de subempleo". Es más, la autonomía que preside Francina Armengol, compañera de Sánchez en el PSOE, tiene un PIB per cápita superior a la media nacional. Difícilmente -imposible con la actual legislación en las manos- podría Bruselas consentir lo que de facto supone equiparar un territorio que está a 86 kilómetros de la Península a otro que está a 1.800.
Así lo explicaron ayer, fuera del debate meramente político, algunos de los mayores expertos en el Régimen Económico y Fiscal (REF). El Tratado de Funcionamiento de la UE prohíbe las ayudas de Estado porque pueden alterar la libre competencia dentro del mercado interior comunitario. Se trata de que todos los territorios jueguen con las mismas cartas. Hay, eso sí, tres excepciones y cuatro posibles excepciones. Las excepciones son las ayudas de carácter social, las subvenciones para paliar las consecuencias de desastres naturales y -ya sin razón de ser- las ayudas a determinadas regiones de Alemania cuyas economías se vieron dañadas por la división del país tras la Segunda Guerra Mundial. Y las posibles excepciones son las ayudas a promover la cultura y conservación del patrimonio, las destinadas a un proyecto de interés común europeo, las que se consignen para actividades o "regiones económicas" que "no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común" y, por último, las que compensan la situación de comunidades como las Islas. Es decir, las ayudas al desarrollo económico de regiones "en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, así como el de las regiones contempladas en el artículo 349, habida cuenta de su situación estructural, económica y social". Los territorios mencionados en el artículo 349 son las nueve RUP, entre ellas la única de soberanía española: Canarias.
Baleares, sencillamente, "no entraría" en los supuestos que prevé la normativa comunitaria para permitir ayudas de Estado. José Luis Rivero Ceballos, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna (ULL), explicó que el REB que el Gobierno central ha aprobado vía real decreto-ley en su vertiente económica -la parte fiscal la ha plasmado en un anteproyecto de ley que tendrá que verse ya en la próxima legislatura- "no se justifica ni en el ámbito europeo ni en el ámbito español". Rivero Ceballos insistió en que el archipiélago mediterráneo no es una RUP -ni puede serlo- y tampoco puede considerarse una región desfavorecida. Antes bien, Baleares se mueve en la media europea en términos de PIB per cápita, y en cifras nacionales está por encima de la media. "Cuando enfrente a la normativa comunitaria se dará cuenta del resultado... Es muy muy difícil que esto salga adelante", avanzó el catedrático de la ULL.
Sonia Mauricio, otra experta en el REF y profesora de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), fue incluso más directa que su colega de la ULL. "Esto es un invento de última hora", subrayó Mauricio, que reconoció estar muy sorprendida por la forma y el fondo con que el gabinete de Pedro Sánchez ha abordado las exigencias del Govern balear, que lleva tiempo queriendo atribuirse unos derechos económicos y fiscales que no le corresponden.
De entrada, la profesora de la universidad grancanaria hizo hincapié en la necesidad de que las Cortes se pronuncien al respecto, toda vez que un régimen especial "no puede quedar establecido por un decreto". En cualquier caso, Mauricio, que forma parte de la Cátedra del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, adelantó que cuando el texto llegue a Bruselas no pasará el corte: "No tiene recorrido". "Todo tiene que ir a Europa, son ayudas de Estado, y solamente están las excepciones de las regiones RUP o de territorios con altas tasas de desempleo", ahondó la experta, que apuntó que de lo que se está hablando es "de un tema muy serio".
Ricos y pobres
Además, Sonia Mauricio recordó que Baleares es dentro de la UE una región bien posicionada, al contrario que Canarias, que "desgraciadamente" también necesita el fuero ya no solo por su lejanía respecto del territorio continental, sino también por sus actuales circunstancias económicas, sensiblemente peores que las del otro archipiélago español. "Baleares es muchísimo más rica dentro de la Unión Europea", argumentó.
En cualquier caso, la profesora de la Ulpgc le augura al fuero balear el mismo final que tuvieron las llamadas vacaciones fiscales vascas. Estas tenían como objetivo promover la inversión extranjera en el País Vasco rebajando el Impuesto de Sociedades, y su caso llegó incluso al Tribunal de Justicia de la UE. No hubo duda y la sentencia de 2006 fue contundente al calificar las vacaciones fiscales de "ayudas estatales incompatibles con el mercado común". En su momento, Cantabria y La Rioja denunciaron el caso por considerar que Euskadi hacía una suerte de dumping fiscal que podría desembocar en que empresas instaladas en su territorio se fueran al País Vasco.
Sea como sea, los expertos consultados no creen que la controversia a la que ha dado lugar la estrategia del Gobierno, el Govern y el PSOE -el copia y pega del REF- pueda afectar en modo alguno a los derechos conquistados por Canarias. "La legislación canaria va por su lado y esto iría por otro", aseveró Rivero Ceballos.
