El real decreto-ley en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha plasmado el nuevo Régimen Especial de Baleares (REB) incluye la primera de las promesas en que se sustenta el intento de dar forma a una especie de fuero para la región mediterránea. En este nuevo real decreto-ley de los ocho meses del PSOE al frente del Ejecutivo central se pone negro sobre blanco el compromiso de pelear en Bruselas para que se incrementen las ayudas al transporte de mercancías que reciben las empresas baleares. Es decir, el compromiso, que tendrá que asumir el próximo Gobierno, de tratar de convencer a las instituciones comunitarias de la necesidad de que las empresas del archipiélago mediterráneo puedan recibir más de los 200.000 euros en tres años que marcan el máximo. Esto supondría modificar la normativa sobre las ayudas de minimis, esas que los países pueden aprobar sin saltarse la prohibición de dar ayudas de Estado -por eso el límite son esos 200.000 euros-. Conseguir esto es fundamental para que la otra gran promesa, la de que Baleares tenga medidas fiscales similares a las de Canarias -como una Reserva para Inversiones que el Gobierno de Sánchez ya anunció tras el Consejo de Ministros el viernes- pudiera hacerse realidad. De momento, la parte fiscal del REB ya está en un anteproyecto al que el Ejecutivo dio su visto bueno.
