"Lo que se dé a Canarias, Baleares lo quiere, no aceptaremos una coma menos". Francina Armengol avisó en mayo de 2017 que pelearían ante el Ejecutivo estatal por conseguir el mismo trato económico y fiscal que recibe Canarias. Antes, en 2015, el Gobierno del PP ya había iniciado los trámites para sacar adelante el Régimen Especial de Baleares (REB). Pero no prosperó entre las críticas desde el archipiélago mediterráneo por considerarlo insuficiente.
La coincidencia de colores políticos -los del PSOE- en el Govern y el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha facilitado ahora que parte del REB, la de las medidas económicas, esté ya en vigor y que la otra parte, la de los incentivos fiscales, se haya plasmado en un anteproyecto de ley. Una herramienta que de ponerse en práctica de manera efectiva quebraría el principio de solidaridad entre las regiones que consagra la Constitución. ¿Por qué? Pues porque supondría dar ayudas y ventajas económicas y fiscales a una Comunidad Autónoma rica. Es más, las mismas ayudas y ventajas que Europa consiente en el caso de Canarias por su lejanía, bajos niveles de renta y problemas estructurales, como la imposibilidad, por ejemplo, de contar con un gasoducto que la una a la Península, lo que ya es una realidad en Baleares por su cercanía a la costa levantina. Sensibles diferencias entre una Región Ultraperiférica (RUP) relativamente pobre y un territorio relativamente rico.
"La cuestión ya no es ser o no ser RUP, porque las especificidades de Canarias están reconocidas desde antes de su reconocimiento como región ultraperiférica, la cuestión es que Canarias tiene un Régimen Económico y Fiscal (REF) como resultado del principio de solidaridad que está en la Constitución española". De forma tal que si el REF se suprimiese o menoscabase, lo que resultaría golpeado es la solidaridad interterritorial.
El doctor Alberto Génova, experto en Derecho Financiero y Tributario, profesor de la Universidad de La Laguna y, entre otros cargos, ex director general de Tributos del Gobierno de Canarias, ahonda en su argumento y recuerda que reducir la carga fiscal -los impuestos- a los residentes en Baleares tiene una consecuencia directa. Que alguien tendría que pagar lo que se dejaría de aportar en el archipiélago mediterráneo. "¿Quién? Los restantes ciudadanos", explica. De hecho hay autonomías que son contribuyentes netas -dan más de lo que reciben- y hay otras que, como Canarias, reciben más de lo que dan. Ese es, en resumen, el principio de solidaridad, que se quebraría si se llegara a poner en práctica una suerte de fuero, el REB, que equipara a la rica Baleares con la pobre Canarias. Algo "insolidario", sentencia Génova.
Esto no ha impedido, sin embargo, que el Gobierno central haya plasmado en el real decreto-ley su compromiso de dar batalla en Bruselas para que permita que las empresas baleares reciban más ayudas al transporte de mercancías. O que en el anteproyecto de ley con las medidas fiscales incluya una reserva para inversiones que "permitirá a las empresas reducir hasta un 90% en la base imponible del Impuesto de Sociedades la parte del beneficio que destinen a reserva para futuras inversiones". Es decir, el mismo instrumento y en las mismas condiciones que en Canarias. "También incluye una bonificación del 10% en Sociedades y en IRPF por rendimientos derivados de bienes producidos en Islas Baleares", anunció el Ejecutivo de Sánchez. Y la bonificación será mayor si se cumplen una serie de condiciones. De nuevo, por tanto, se copia el modelo de Canarias.
En el carácter "insolidario" del REB insisten también expertos como el secretario técnico del Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Hernández Castro, y el delegado en Gran Canaria de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Miguel Ángel Alonso Paradela. Pero Hernández Castro agrega también el "desconocimiento" de las razones históricas, que no caprichosas, del REF.
"Está calando ese discurso de nosotros pedimos que ya se nos dará, y eso no puede ser", apunta el representante del Colegio de Economistas sobre el "problema" de la cada vez mayor carencia de una política de Estado. "Ahora se trata de pedir e influir políticamente", continúa Hernández Castro, que contrapone el trato del Gobierno a Baleares o a Cataluña ?en este último caso a pesar de sus reiterados incumplimientos de los objetivos de déficit? al dado a Canarias, que en los fracasados presupuestos para 2019 no solo no llegaba a la media de la inversión, lo que vulneraba su fuero, sino que también sufría el olvido del Ministerio de Hacienda en la reforma del Impuesto de Sociedades, que metía a las empresas de las Islas en el mismo saco de las del resto del país, lo que también habría vulnerado el fuero. "En el País Vasco sería imposible algo así", asevera.
Sin motivos para venir
Hernández Castro pone un ejemplo de cómo esa falta de visión de Estado que denuncia puede repercutir ahora en Canarias. El experto explica que en estos momentos trabaja en una posible inversión en el Archipiélago en la que el sobrecoste de la lejanía se compensa con la libertad arancelaria y las herramientas fiscales del REF. "Pero si esta empresa encontrara los mismos incentivos en Baleares, no habría elementos objetivos para deslocalizarse e instalarse en Canarias, porque tendría lo mismo a 1.700 kilómetros menos de distancia del continente", reflexiona.
Se perderían así la inversión y los puestos de trabajo en beneficio de una autonomía que se mueve en la media de riqueza europea y en detrimento de otra que apenas está en el 75%. Por eso es "muy complicado" que Bruselas acepte este REB, remata Alonso Paradela, "muy muy complicado". "Si Europa coge y cambia el criterio de ultraperiferia, apaga y vámonos", concluye Hernández Castro. "Bruselas no lo va a consentir", apoya Génova, que recuerda que la insularidad debe tenerse en cuenta en el sistema de financiación autonómica para ambos archipiélagos, pero que por sí sola no justifica medidas que rompen la solidaridad, principio básico de la Carta Magna.
