Podemos y su líder, Pablo Iglesias, quieren contar de nuevo con la magistrada Victoria Rosell. La dirección nacional de la formación morada apuesta por ella para encabezar la candidatura al Congreso por Las Palmas como ya ocurrió en las elecciones generales de 2015. Rosell no ha contestado aún a la nueva oferta, de hecho "se lo está pensando", admiten fuentes de Podemos en Canarias, pero la dirección del partido en las Islas ha dado la callada por respuesta debido a que se trata de una decisión que se está gestionando directamente desde Madrid.
Cuatro años después de su efímera experiencia política, Victoria Rosell puede volver a la contienda partidista, aunque el escenario es muy diferente al de diciembre de 2015. En aquellos momentos Podemos estaba en la cresta de la ola y el fichaje de la magistrada fue muy sonado a nivel nacional, hasta el punto de que el propio Pablo Iglesias contaba con ella si tenía posibilidades de gobernar.
Sin embargo, Rosell apenas estuvo seis meses en el Congreso de los Diputados porque le tocó la legislatura más corta de la democracia. Pero lo que cortó en seco la trayectoria política de la jueza fue su enfrentamiento con el exministro José Manuel Soria, hasta el punto de que ella misma renunció a repetir candidatura en los siguientes comicios, en junio de 2016, debido a que el Tribunal Supremo había admitido una querella de Soria. La querella le achacaba una serie de supuestas irregularidades en su desempeño como juez que ya habían salpicado su campaña electoral, en forma de una denuncia de la Fiscalía de Las Palmas por una presunta falta disciplinaria.
Ya fuera de la política tanto Rosell como Soria, la magistrada fue exonerada de cualquier irregularidad en relación con ese asunto, primero por el Consejo General del Poder Judicial, que no vio falta disciplinaria alguna; después por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló el expediente de la Fiscalía; y luego por la Sala de lo Penal del TSJC, que archivó finalmente la querella de Soria que había admitido el Supremo.
Desde el punto de vista político, el escenario para Podemos no es el mismo de 2015. Tras las últimas convulsiones internas que ha sufrido la formación, las encuestas no le son favorables y todas vaticinan una caída en la intención de voto debido a que el PSOE de Pedro Sánchez está capitalizando parte del voto que hace cuatro años perdió en favor del partido que dirige Iglesias.
Proceso de primarias
En las primarias que celebró Podemos en diciembre entre sus inscritos se impuso la lista encabezada por Pablo Iglesias, siendo el tercer candidato más votado el diputado por Santa Cruz de Tenerife Alberto Rodríguez, mientras que Meri Pita, parlamentaria por las Palmas, ocupó la décima posición. Por lo tanto, todo estaba preparado para que ambos repitieran al frente de las planchas a la Cámara Baja en los comicios generales del 28 de abril.
Con la nueva oferta presentada ahora por parte de la dirección nacional, Victoria Rosell afronta el reto de recuperar el voto de Podemos que está desencantado con la formación. La organización confía en el tirón electoral de Alberto Rodríguez en Tenerife para garantizar su escaño y luchar por el segundo, mientras que en Las Palmas el objetivo es amarrar los dos escaños en una contienda electoral donde la dispersión del voto y la indecisión de los electores están marcando la agenda de los partidos. En este escenario, se puede repetir la combinación de Rosell como cabeza de lista y Meri Pita como segunda, mientras que Carmen Valido pasaría a la candidatura al Parlamento de Canarias.
Aunque Rosell dejó el escaño de la Carrera de San Jerónimo en 2016, tampoco ha dejado de estar desvinculada del todo de Podemos. A finales de 2018, el partido morado la propuso en su negociación con el PSOE para ser vocal del CGPJ con el aval de la asociación judicial Jueces para la Democracia, de la que forma parte. No obstante, finalmente su nombre se cayó de la lista de elegidos para el órgano de gobierno de los jueces.
Los estertores de la pugna entre Rosell y Soria aún se mantienen. La principal consecuencia ha sido la confrontación abierta entre la magistrada con el juez Salvador Alba, en el que éste último ha sido el peor parado ya que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de diez años de prisión por cinco presuntos delitos, entre ellos prevaricación judicial, cohecho, falsedad en documento oficial y revelación de secretos. Asimismo se solicita hasta 29 años de inhabilitación. Alba se encuentra actualmente apartado de la profesión.
