La magistrada Victoria Rosell ha pedido una excedencia al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para volver de nuevo a la política con Podemos. Tal y como publicó LA PROVINCIA/ Diario de Las Palmas el pasado sábado 16 de marzo, la dirección nacional de la formación morada ofreció a la magistrada encabezar la candidatura al Congreso por Las Palmas, como ya ocurrió en las elecciones generales de 2015.

Con este fichaje, en el próximo escenario electoral, la formación morada pretende garantizar el escaño de Alberto Rodríguez en Santa Cruz de Tenerife, así como ganar un segundo, mientras que en Las Palmas el objetivo es amarrar los dos escaños en una contienda electoral donde la dispersión del voto y la indecisión de los electores están marcando la agenda de los partidos. Rosell iría pues como cabeza de lista y Meri Pita como segunda, mientras que Carmen Valido pasaría a la candidatura al Parlamento de Canarias.

La última vez que Rosell apareció en la vida política fue en 2018 cuando Podemos planteó su nombre en su negociación con el PSOE para ser vocal del CGPJ con el aval de la asociación judicial Jueces para la Democracia, de la que forma parte. No obstante, finalmente su nombre se cayó de la lista de elegidos para el órgano de gobierno de los jueces.

Con la solicitud de la magistrada al CGPJ se confirma su vuelta a la política activa tras vivir la experiencia de estar seis meses en el Congreso de los Diputados en 2015. En esos momentos lo que cortó en seco la trayectoria política de la jueza fue su enfrentamiento con el exministro José Manuel Soria, hasta el punto de que ella misma renunció a repetir candidatura en los siguientes comicios, en junio de 2016, debido a que el Tribunal Supremo había admitido una querella del exdigirente canario del Partido Popular. La querella le achacaba una serie de supuestas irregularidades en su desempeño como jueza de instrucción en la que le achacaba una serie de supuestas irregularidades en su desempeño como magistrada de instrucción en un caso por delito fiscal contra Miguel Ángel Ramírez.

Rosell fue exonerada después de cualquier irregularidad en relación con ese asunto, primero por el CGPJ, que no vio falta disciplinaria alguna; después por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anuló el expediente que había abierto la Fiscalía; y luego por la Sala de lo Penal del TSJC, que archivó finalmente la querella de Soria que había admitido el Supremo.

Los estertores de la pugna entre Rosell y Soria aún se mantienen. La principal consecuencia ha sido la confrontación abierta entre la magistrada con el juez Salvador Alba, en el que éste último ha sido el peor parado ya que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de diez años de prisión por cinco presuntos delitos, entre ellos prevaricación judicial, cohecho, falsedad en documento oficial y revelación de secretos. Asimismo se solicita hasta 29 años de inhabilitación. Alba se encuentra actualmente apartado de la profesión.