Nuevo aviso de la justicia al Ministerio de Fomento sobre su obligación de abonar a Canarias las cantidades comprometidas en el anterior convenio de carreteras y sus sucesivas adendas, y que la crisis y los recortes de la pasada legislatura dejaron en el limbo. Son ya más de 950 millones de euros entre el coste de las actuaciones previstas para los años 2012 a 2016 y la creciente demora de intereses que el Tribunal Supremo acordó, mediante cuatro sucesivas sentencias firmes en los primeros meses del 2018, que el Estado debía asumir por el compromiso adquirido con la Comunidad Autónoma.
Tras las sentencias del Alto Tribunal y la negativa de Fomento a reconocer toda esa deuda reclamada por el Gobierno regional de Fernando Clavijo, el pleito entre ambas administraciones sigue sobre la mesa y es ahora la propia Audiencia Nacional la que interviene para apremiar al Ministerio a que cumpla con su obligación. Lo ha hecho a raíz de la presentación el pasado día 27 de febrero por parte del Ejecutivo regional, ante esta instancia judicial, de los incidentes de ejecución de cada una de las sentencias previas, y ante la falta de respuesta del Ministerio.
Así, la Sala Octava de lo Contencioso Administrativo remitió el pasado día 6 una diligencia a Fomento dándole un plazo de diez días hábiles para que informe sobre el estado de ejecución de esas sentencias, según han confirmado a este periódico fuentes del organismo judicial que preside el canario José Ramón Navarro. Aunque el plazo teórico ya se ha cumplido, las mismas fuentes aclaran que el requerimiento puede haber tardado algunos días en llegar al Ministerio ya que se hace a través de correo certificado, y eso demora el procedimiento. En todo caso, señalan que lo normal es que el departamento que dirige el ministro José Luis Ábalos debe responder como muy tarde a lo largo de la próxima semana. Este periódico trató ayer sin éxito obtener la versión de Fomento a este respecto.
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Transportes y Obras Públicas, Pablo Rodríguez, estima en un mes el plazo razonable para tener alguna respuesta sobre esta reclamación judicial, es decir, en torno al día 27 de este mes, más o menos el mismo plazo que le ha dado la Audiencia Nacional al Ministerio para que atienda su requerimiento y le informe.
Rodríguez insiste en que este paso judicial dado por el Gobierno de Canarias reclamando to-da la deuda a Fomento no impide que la Consejería persevere en la "senda de la negociación" sobre los plazos y condiciones del pago del resto de la deuda que sí reconoce, un total de 600 millones.
El Estado sólo admite tener que pagar las obras que están certificadas, pero no las que se realizaron con los fondos que adelantó la comunidad autónoma, unos 345 millones.
El vicepresidente canario asegura no obstante que los contactos con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, con el que se negociaba esta cuestión, se han cortado en seco tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 26 de abril, y da por hecho que esto no cambiará hasta que un nuevo Gobierno central tome posesión y se configure un nuevo equipo en Fomento. Recuerda en este sentido el consejero que los últimos contactos datan del 14 y 15 de febrero, primero en una reunión suya con el propio Saura, y después en otra de la comisión de seguimiento del convenio, en las que no se alcanzó ningún acuerdo.
Nuevos escenarios
En esas reuniones, sí se acordó trabajar un documento sobre cómo hacer para que el Ministerio puede ir librando parte de la deuda reconocida sin que ello suponga que la consejería deba renunciar a la vía judicial para exigir el resto de los fondos contemplados en el convenio anterior. Según Pablo Rodríguez, a una primera respuesta afirmativa del Ministerio siguió de forma inmediata otra en sentido contrario, lo que mantiene en estos momentos el conflicto en vía muerta.
El Gobierno regional considera que la Audiencia Nacional no va a entrar en el fondo del asunto y que se limitará a instar al Ministerio a que cumpla las sentencia del Supremo y pague la deuda. "En teoría, los hechos están juzgados y solo cabe resolver el incidente de ejecución", afirma el consejero, quien recuerda que ya no hay posibilidad de que Fomento pida una "aclaración" sobre cómo ejecutar esa sentencias porque ya se pasó el plazo que el propio procedimiento establece.
Sin embargo, Rodríguez reconoce que se pueda dar la situación de que el Ministerio empiece a pagar parte de la deuda que sí reconoce, y que diga que ya está cumpliendo con las resoluciones del Supremo sin explicitar que no lo abonará todo. "En ese caso estaremos en otro escenario y ya veríamos cómo actuar", responde el vicepresidente canario.
El desencuentro en la interpretación de las sentencias del Supremo sobre estos pagos es lo que motivó que Canarias se negara a firmar el acuerdo extrajudicial que proponía Fomento cuando se rubricó el nuevo convenio de carreteras (hasta el 2025 por valor de 1.200 millones) el pasado 22 de diciembre. El pulso ha llevado a una situación límite a las carreteras en ejecución en estos momentos en las Islas, pues al no renovar-se la adenda del año 2017 (101 millones) corren el riesgo de no concluirse.
