La última sesión plenaria de la IX legislatura sirvió para que 32 años después Canarias estrene una Ley de Servicios Sociales. Consensuada entre todos los grupos, la norma otorga carácter universal al derecho de los ciudadanos de las Islas a ver cubiertas sus necesidades más básicas del mismo modo que lo están las sanitarias o educativas, por ejemplo. Para ello, prevé un incremento paulatino de la partida presupuestaria hasta llevar los 400 millones de euros actuales hasta los más de 1.000 en doce años.

Los halagos sobrevolaron la Cámara en todas direcciones durante el último debate sobre esta ley, considerada por el presidente autonómico, Fernando Clavijo, como "la más importante" de los últimos cuatro años "junto a la del Suelo. Con esta, finalizamos las reformas estructurales que nos marcamos", señaló el jefe del Ejecutivo.

A tanto llegaron los parabienes, que el propio Clavijo, en los pasillos del Parlamento, reconoció, como minutos antes había hecho en la tribuna de oradores su consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, el trabajo realizado por la que fue su vicepresidenta, la socialista Patricia Hernández para sacar adelante esta ley. "No me duele en prendas", sostuvo el presidente.

Valido fue la única destinataria de una crítica. Precisamente se la tributó la ponente del PSOE, Teresa Cruz, quien explicó que "bastaron 16 meses de Patricia Hernández" en la consejería para pergeñar un anteproyecto de ley tras "dos legislaturas" de intentos estériles por parte de Coalición Canaria (CC).

"No es día para protagonismos ni egocentrismos", le afeó la actual consejera antes de reconocer la labor realizada durante nueve meses por su predecesora, todos los ponentes, el letrado y el resto del personal del Parlamento y del departamento que dirige de cara a sacar adelante la ley; ensalzamiento que fue coral durante todo el debate sobre la norma.

Dar la vuelta al calcetín

Fueron varios los ponentes que destacaron en sus discursos el arduo trabajo hasta "dar la vuelta como a un calcetín", apuntó Josefa Luzardo (PP), al proyecto de ley que les entregó el Gobierno. "Era un texto malo de solemnidad", explicó la diputada popular.

Del mismo modo que resaltaron la capacidad de diálogo demostrada por todos los parlamentarios a pesar de las diferentes visiones que tienen sobre la manera de abordar los servicios sociales. "Soy testigo de que todos los que estaban allí pensaban en las personas", aseguró desde Podemos María del Río.

Luis Campos, de Nueva Canarias (NC), único hombre que integró una ponencia con marcado acento femenino, resaltó "el diferente modo" en que se han tramitado la Ley de Servicios Sociales y la del Suelo, aquella sacada adelante con solo los grupos que han apoyado al Ejecutivo desde que quedó en minoría tras la expulsión de sus socios del PSOE en diciembre de 2016.

A pesar de no tener cubierta la totalidad del presupuesto hasta dentro de doce años, está previsto que en solo seis tenga a disposición de los ciudadanos la totalidad del catálogo de servicios que ofrece. Entre ellos, el reconocimiento de las voluntades de los ciudadanos en vida, que estos cuenten con profesionales de referencia y que puedan hacer un seguimiento de sus expedientes por medios telemáticos.

La tribuna estuvo poblada por profesionales que trabajan en este ámbito. También ellos aplaudieron en pie la aprobación.