Los diputados canarios apoyaron ayer de manera unánime la aprobación de la ley sobre los menores robados a sus madres y padres en Canarias durante la etapa preconstitucional. Según los colectivos de defensa de los intereses de los afectados, el número de casos en las Islas podría llegar hasta los 600, casi 300.000 en toda España. La norma obliga a todas las instituciones públicas a abrir sus archivos para el esclarecimiento de este tráfico humano "deleznable" e "indigno", en palabras de los parlamentarios.

La proposición de ley promovida por Podemos cristalizó ayer en un texto articulado que recoge también la creación de un banco de ADN (ácido desoxirribonucleico), molécula que encierra la información genética suficiente para determinar la procedencia familiar.

Con los afectados en la tribuna, los ponentes reconocieron no haber podido alumbrar la ley que se deseaba. Lo impidió la inexistencia de la norma estatal sobre la materia. El informe del Consejo Consultivo advirtió sobre la inconstitucional invasión de competencias que contenía el proyecto original. No obstante, también todos los grupos convinieron en que se ha alumbrado la mejor norma posible.

"Ahora hay que ponerle músculo para que no se quede en simples letras", advirtió el presidente del colectivo Sin Identidad de Tenerife, Raúl Rodríguez. A su juicio, ha llegado el momento de que los afectados continúen la labor investigadora para arrojar luz sobre cada uno de sus casos.

La parlamentaria socialista Teresa Cruz enumeró los fundamentos de la ley: "Derecho a la verdad, que significa disponer de la información; tutela judicial, para impedir que nadie se vaya de rositas; reparación, que en este caso significa conocer las verdaderas identidades y que ya después cada afectado decida qué hacer, y asegurar que hechos como estos jamás se vuelvan a producir".

Por su parte, la nacionalista Guadalupe González lamentó la ausencia de calidad moral que permitió "tapar" primero estos hechos y "esconderlos" cuando "en los años 80 se comenzó a tener conocimiento de ellos". En la misma línea, el popular Miguel Jorge incidió en el derecho que asiste a todas las personas para que puedan conocer su propia historia. "Saber quién es tu madre" y conocer también "qué criminal impidió que te abrazara desde el primer día".

Desde la bancada de Nueva Canarias (NC), el diputado Luis Campos resaltó la imposibilidad de que "nadie en la sociedad pueda mantenerse al margen ante causas como esta". Además, destacó "el enorme drama" que afrontan los afectados. Por todo ello, consideró el acuerdo unánime de todos los partidos para sacar adelante esta norma como un episodio que "dignifica la actividad política".

Raúl Rodríguez celebró "la valentía" con la que se ha conducido el Parlamento de Canarias para dar respuesta a un derecho fundamental y poner en manos de "las víctimas la libertad que requerían" para poder conocer su historia real.

Manuel Marrero, parlamentario de Podemos que impulsó la maquinaria para dar cobertura legal a la investigación de los afectados, incidió en la necesidad de que la norma se concrete en resultados. "La asepsia está bien para los artículos de una ley, pero no basta cuando se busca reparación y verdad", explicó.

Recurrió a una cita de Ortega y Gasset para resaltar la utilidad de la ley aprobada ayer. "Negar el pasado es absurdo e ilusorio", expuso parafraseando al filósofo español para concluir en la imposibilidad de afrontar el presente y aún menos el futuro con garantías en caso de colocar el olvido como premisa principal.

"Todos queríamos una ley más ambiciosa, pero las competencias son las que son", afirmó desde el grupo Mixto Melodie Mendoza, quien mostró su preocupación por la paralización de la norma estatal en el Congreso de los Diputados. No obstante, avanzó que el texto se mejorará cuanto sea posible desde el momento en que la Cámara Baja haga sus deberes y despeje cualquier duda en torno al contexto competencial en el que podrá moverse el Archipiélago.

"En esta tierra ha habido episodios deleznables", aseguró Campos. El diputado de NC incidió en el incremento que registra la capacidad de entendimiento político cuando al legislar hay detrás personas que empujan.