"Condeno los hechos delictivos y lamento profundamente cómo han influido en la imagen del Ayuntamiento de Santa Cruz y de la ciudad este asunto. Ahora, una vez que la sentencia del caso Las Teresitas es firme, vamos a ir a por todas para recuperar hasta el ultimo céntimo de la operación de compraventa de la playa y para que, por supuesto, el Consistorio se quede también con la titularidad de los terrenos. Lo haremos reforzando nuestros servicios jurídicos y sin escatimar recursos para ello". Así lo anunció ayer el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, en relación a la sentencia del Tribunal Supremo con la que se han ratificado las condenas de prisión para el exalcalde nacionalista Miguel Zerolo; el exedil de Urbanismo, Manuel Parejo, también de CC; el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín; el exsecretario de Urbanismo, Víctor Reyes, y para los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, condenados a prisión por corrupción urbanística.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife dictó ayer, un día después de conocerse el fallo judicial, una instrucción con la que ordena a la Asesoría Jurídica del Consistorio chicharrero que "continúe con todas aquellas actuaciones necesarias", para dar cumplimiento a las sentencias del Supremo y de la Audiencia Provincial en relación a la compra del frente de la playa de Las Teresitas, "al objeto de recuperar la totalidad del dinero público invertido en la compra de los terrenos, así como hacer efectivas la indemnizaciones en favor del Ayuntamiento, garantizando con ello la defensa del interés general".

Bermúdez recordó que ya en abril de 2017 dictó otra instrucción, justo el mismo día de notificarse la sentencia de la Audiencia Provincial sobre el particular. Esa primera actuación se sustanció al mes siguiente en un acuerdo de la Junta Local de Gobierno, que se adhirió a la solicitud de medidas cautelares planteada por el Ministerio Fiscal para asegurar "la totalidad de las cantidades que, en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos, reconoce la sentencia a favor del Ayuntamiento".

En el citado acuerdo se señalaba que el importe afianzado por los condenados, 26 millones de euros, no garantiza el pago de las responsabilidades civiles impuestas, "dado que es menor que el importe de la indemnización civil fijada en la sentencia, 52,5 millones [pagados por el Ayuntamiento en 2001 por una terrenos que ya eran suyos], y de los intereses correspondientes, 9,1 millones".

"En esa dirección, el Ministerio Fiscal solicitó, acción que respaldó el Ayuntamiento, que se requiriera a todos los condenados para que designen bienes realizables [saldos de cuentas bancarias, depósitos o productos financieros, así como bienes muebles o inmuebles] que sean suficientes para garantizar el pago de la totalidad de indemnizaciones". Una vez que la sentencia es firme, "ha llegado el momento de utilizar todos los recursos procesales y jurídicos,con el objetivo de recuperar hasta el último céntimo", señala Bermúdez.