Ni 42 millones de empleo ni 30 de pobreza

La negativa del Ejecutivo central se fundamenta en una cuestión normativa, lo que generó más indignación si cabe en el Gobierno canario. No en vano entienden que en realidad se trata de un subterfugio de última hora para justificar que no se envíe el dinero. Según el Ministerio de Trabajo, los fondos para el PIEC y para combatir la pobreza no pueden transferirse porque se recogieron en los presupuestos generales de 2018 como subvenciones nominativas. Y este tipo de partidas, argumentan desde Madrid, no se prorrogan aunque se hayan prorrogado los presupuestos. En cambio, en el Gobierno canario están convencidos de que si hubiera voluntad política, no habría inconveniente alguno para que las Islas pudieran contar con ese dinero. Y, por si fuera poco, a la negativa a transferir esos 72 millones se suma el hecho de que Madrid cuestiona el pago de los sexenios al profesorado. Una retribución que se paga en función de la formación del profesor y que la Consejería de Educación acordó con los sindicatos para equiparar a los funcionarios de las Islas a los del resto del país. Madrid dice ahora que se contraviene la normativa estatal porque se supera el límite máximo de complementos.

Así pues, el de ayer fue un día aciago para las relaciones Canarias-Estado. Tras la reunión del Consejo de Gobierno, las responsables de Empleo, Cristina Valido, y Educación, Soledad Monzón, flanquearon a la portavoz del Ejecutivo, Rosa Dávila, en la habitual rueda de prensa. Dávila explicó que al capítulo del superávit hinchado con 500 millones del dinero de carreteras (que por tanto Canarias solo podría usar para pagar deuda) se habían sumado nuevos "desprecios" del Gobierno de Sánchez. "Desprecios" que en nada tienen que ver, argumentó, con el trato que se dispensa a territorios con buenas perspectivas electorales para el PSOE. Estas regiones concentran casi 6.000 millones de gasto aprobado en los tres últimos meses en el Consejo de Ministros. En ese contexto, la portavoz calificó de "atropello" que el Gobierno central encuentre fórmulas para repartir gasto e inversión incluso a regiones que no han cumplido ni el techo de gasto ni el control del déficit (la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ha recibido 1.200 millones) y que, en cambio, no solo no transfiera ni un euro a las Islas, sino que, además, les niegue los dineros del PIEC y para combatir la pobreza "En medio de este escenario se nos comunica que partidas que están en los presupuestos generales del Estado gracias a que fueron prorrogados no son objeto de prórroga aun siendo parte de nuestro Régimen Económico y Fiscal", enfatizó Dávila.

Cristina Valido leyó la carta en la que se le comunica que el Ministerio de Trabajo entiende que las subvenciones nominativas no se prorrogan. Es norma general que cuando se prorrogan unas cuentas, como es el caso de las de 2018 por la falta de apoyos de Sánchez para sacar adelante sus propios presupuestos, las partidas que contiene también se prorrogan, de modo que los euros que había para este o aquel objetivo se mantienen en igual cantidad. Por eso Canarias contaba con recibir los 42 millones del PIEC y los 30 para luchar contra la pobreza, que, por si fuera poco, no se recibieron totalmente en 2018, sino que aún hoy no se han transferido 18 de los 30. Sin embargo, el Ministerio argumenta ahora que las subvenciones nominativas no se prorrogan, algo que en el Gobierno regional ni siquiera se esforzaron en desmentir porque entienden que si hubiera voluntad, este subterfugio legal no sería obstáculo para enviar unos fondos que, para más inri, están previstos en el REF y el Estatuto de Autonomía, y ello sin tener en cuenta "la palabra dada". "Y digo la palabra dada porque tanto el PIEC como los fondos para pobreza están en la agenda canaria que en su día se pactó con los dos partidos que han gobernado [PP y PSOE], por lo que la cuestión de cómo lo pongan en los PGE es responsabilidad de quien hace los PGE", subrayó Valido.

A esto se suma el problema con los sexenios, que el año pasado se pagaron sin más. El Estado los rechaza por entender que vulneran la legislación básica. En el fondo, en Madrid entienden que se supera el límite permitido a los complementos, lo que llevaría a reducir los sexenios en hasta un 80%. Además, Canarias considera que ni son nuevos complementos ni suponen un incremento desmesurado sobre los salarios establecidos. Los sexenios se pagan al profesor que los pida tras seis años (de ahí su nombre) solo si ha mejorado su formación.