La fiscal General el Estado, María José Segarra, negó ayer que se haya producido "ninguna injerencia por parte del Gobierno o de la Fiscalía" en el caso Grúas, como sugiere el presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, tras los cambios de criterio del ministerio público durante el procedimiento. "La Fiscalía es independiente y se rige en sus dictámenes por la legalidad', subrayó. Además, afirma que la Fiscalía Anticorrupción "ha hecho un estudio sosegado de una causa complicada", como tildó al procedimiento seguido para determinar la actuación de Clavijo en la concesión de un préstamo a una empresa de grúas cuando era alcalde de La Laguna en 2014, para que no se interrumpiera el servicio municipal.

Clavijo ha defendido en todo momento que el procedimiento administrativo fue correcto y ha criticado los cambios de parecer de la Fiscalía. El caso ha sido asumido ahora por Anticorrupción y aprecia indicios de delito. Cuando Nueva Canarias y Podemos denunciaron el procedimiento en 2017 la Fiscalía de La Laguna no vio indicios de delito y archivó la causa. Después, coincidiendo con el cambio en la Fiscalía General del Estado al acceder Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, apreció indicios de prevaricación y malversación y remitió la causa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El presidente ve irregular además que la Fiscalía General del Estado esperara a la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias para determinar que el TSJC ya no era competente en la causa al perder Clavijo el aforamiento con la nueva ley y reclama otro informe anterior de la Fiscalía Superior de Canarias que archiva la causa.