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Un idilio que termina en divorcio

El Gobierno canario defiende su gestión, tras la convocatoria de los comicios al Parlamento, en un mandato donde recobró la relación con el Estado ahora rota

Quedan apenas dos meses para la celebración de las elecciones autonómicas, insulares, locales y europeas y el Parlamento canario ha cerrado prácticamente sus puertas -se mantiene la Diputación Permanente- tras la publicación el pasado martes en el BOC de la convocatoria de los comicios del 26 de mayo. Acaba, por tanto, una legislatura que empezó con un pacto en cascada con el PSOE, que se rompió un año y medio después, y que concluye con un Gobierno en minoría de CC dirigido por Fernando Clavijo. Un Ejecutivo que se marcó como un objetivo esencial recuperar las relaciones con el Estado, rotas por el anterior Gabinete de Paulino Rivero, a cuenta principalmente de las prospecciones petrolíferas y por sus constantes fricciones con el ministro canario de Industria, José Manuel Soria .

Clavijo logró iniciar la legislatura con una suerte de idilio con el Gobierno de Mariano Rajoy que ha terminado en un sonado divorcio con el de Pedro Sánchez. Y no porque el PP o el PSOE entiendan mejor a Canarias sino porque el anterior Ejecutivo necesitaba los votos en Madrid de CC, e incluso de NC, los número 175 y 176 del Congreso, para sacar adelante sus leyes y al de Sánchez no le han hecho falta. Esa es la lectura que hace el propio Clavijo de la relación que el Gobierno central- indistintamente del PP o del PSOE-, mantiene con Canarias. Si necesitan el apoyo de los nacionalistas canarios, las Islas cuentan, si no, se produce el olvido de los compromisos adquiridos o el incumplimiento de leyes tan importantes como el REF o el Estatuto de Autonomía, como lo hicieron en los primeros presupuestos de Pedro Sánchez de 2019, o con los más de 300 millones de euros que aún restan por transferir de las cuentas estatales de 2018. A esto se une ahora otra dura batalla: que no se permita invertir los 300 millones de euros de superávit de la Comunidad Autónoma en servicios públicos, por los límites derivados de la regla estatal de gasto pese a ser una región que ha cumplido con creces los objetivos de déficit. Para el Gobierno canario se trata a las Islas con desprecio, extremo que niega el PSOE.

Pese a estas fricciones, el Ejecutivo regional considera que Canarias ha avanzado considerablemente en esta legislatura y, sobre todo, desde que gobierna en minoría y ha podido desarrollar su programa llegando a los acuerdos necesarios para sacar, entre otras cuestiones, los presupuestos, los mayores de la historia. La oposición parlamentaria tiene otra visión, y considera que los datos en empleo, educación, sanidad, dependencia o pobreza son negativos. Para Clavijo es indudable que restan múltiples cosas por hacer, pero afirma que "todos los indicadores socioeconómicos de Canarias están mucho mejor que en el 2015" y, por primera vez desde 2008, cuando la crisis impactó de lleno en la economía canaria, la tasa de desempleo ha bajado del 20% y en 2018 Canarias superó el nivel de los 900.000 ocupados, lo que significa que en esta legislatura se han creado ya ma?s de 120.000 empleos. Además, solo en 2019, el presupuesto destina 82 de cada 100 euros a las personas y colectivos más vulnerables -6.485 millones-.

Este mandato que está a punto de cerrar ha obtenido logros históricos en opinión del Gobierno regional, que empezaron con la restauración de las relaciones con el Gobierno de Rajoy por lo que se logró la cesión de los fondos del extinto Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE), además de la renovación del Régimen Económico y Fiscal (REF), la crucial desvinculación del REF del sistema de financiación, además de aprobarse en el Congreso el Estatuto de Autonomía de Canarias, y anclarse en esta ley las medidas económicas del fuero canario, esencial para compensar los sobrecostes derivados de la ultraperificidad. Todo ello ha aumentado la financiación de la Islas.

También se recuperaron convenios como el de carreteras, el plan de empleo o los fondos para la pobreza -discutidos ahora por el Gobierno socialista-, se aprobó el 75% de la bonificación para los traslados entre islas y con la Península o las ayudas al agua de riego. El Gobierno defiende que se han bajado las listas de espera sanitaria, mejorado la PCI y la dependencia y se han aprobado leyes trascendentales como la Ley Suelo o la de Servicios Sociales.

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