El empresario Ignacio González Martín ingresará en prisión en el plazo de cinco días para cumplir una condena de cinco años y tres meses por un delito de malversación de caudales públicos. Junto al promotor Antonio Plasencia, vendió los terrenos del frente de la playa de Las Teresitas al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por un precio muy superior al valor real estipulado hasta en tres informes.
La Unidad de Delincuencia Económica y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional decidieron no detenerlo el pasado lunes y el tribunal de la Sección II de la Audiencia Provincial optó por que fuera examinado por dos médicos forenses. La evaluación de González se produjo en la mañana del pasado martes en la planta baja del Palacio de Justicia de la capital tinerfeña. El presidente del tribunal, Joaquín Astor Landete, y los magistrados Jaime Requena y Fernando Paredes, en función del informe de los forenses, dictaron ayer el auto de ingreso en prisión.
El documento médico afirma que Ignacio González tiene problemas de salud relacionados con su edad, ya que tiene 85 años, pero "no presenta en el momento actual" una repercusión en el conocimiento "que le impida entender el sentido de la pena que se le ha impuesto", por lo que no resulta posible suspender la ejecución de la condena, según el artículo 60 del Código Penal.
El texto añade que "tampoco se informa de que el penado presente una enfermedad que pueda ser calificada" actualmente "como grave e incurable". El auto aclara que "el informe forense recibido precisa que los cuidados sanitarios que pueda requerir el penado pueden ser prestados por el Servicio Médico Penitenciario, sin perjuicio de la relevancia que los mismos puedan tener para resolver posteriormente sobre el mejor modo de ejecutar la pena impuesta".
El letrado Antonio Espinosa, del colectivo Justicia y Sociedad (la acusación popular en el proceso del caso Las Teresitas), manifestó ayer que comprende "el drama que se produce cuando un familiar entra en prisión, pero las penas se tienen que cumplir cuando no existen causas legales para proceder a la suspensión de las condenas de privación de libertad, como así han determinado los médicos forenses en este asunto".
También expresó su deseo de que el Estado, a través de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, le preste todos los servicios sanitarios y asistenciales que necesite.
Antonio Espinosa indicó que la sentencia del Tribunal Supremo, al ratificar la de la Audiencia Provincial de 2017, y la ejecución de la misma, demuestra que "la Justicia es igual para todos y las últimas resoluciones son un síntoma de justicia democrática, así como de que el Estado de Derecho funciona".
Los tres primeros condenados por el caso Las Teresitas que ingresaron en prisión, el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, y el empresario constructor Antonio Plasencia Santos ingresaron en Tenerife II durante la tarde del pasado lunes. Al día siguiente fueron destinados al Módulo 6, también conocido como de respeto.
En este departamento de la cárcel más importante de la provincia occidental se incentiva la convivencia entre todos los reclusos que ocupan sus celdas. Según las fuentes internas consultadas, los internos se comprometen a aceptar una serie de normas y su estancia en el módulo es voluntaria. La dirección del centro y los equipos técnicos solicitan la participación e implicación de los presos de este recinto en las diferentes tareas, tanto individuales como colectivas. Además, se fomenta el diálogo entre los reclusos.
El centro penitenciario realiza evaluaciones diarias o semanales de cada uno de los internos. Una de las fuentes aclaró que en este tipo de módulos de respeto "el margen de confianza es mayor que en el resto del régimen ordinario".
