Clavijo celebra saber "por fin" dónde debe dar explicaciones sobre el 'caso Grúas'

De esa forma aludió Clavijo a la aclaración formulada por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna (Tenerife), Celia Banco, antes de comenzar en ese municipio el acto del 60º aniversario de la Cooperativa Agrícola San Miguel.

"Tras haber sido citado y después anulado y las distintas explicaciones que he dado en el Parlamento, por fin ya se dónde tengo que ir a dar las explicaciones", referió.

Clavijo informó de que ha dado instrucciones a sus abogados "para poder, cuanto antes, ir a explicarle a su señoría cualquier duda que le haya surgido sobre el expediente de rescate de la concesión del servicio grúas de La Laguna" en el año 2014, siendo alcalde de esa ciudad.

El mandatario reiteró ayer que esta investigación responde a "una denuncia política" y recalcó que "no sólo se secuestró y no se interrumpió el servicio de grúas, sino que no le costó ni un euro al Ayuntamiento porque el préstamo [de 120.000 euros concedido a la empresa concesionaria] fue devuelto con intereses incluso".

"Espero que ya, por fin, con estas explicaciones todo quede perfectamente aclarado", aseveró el presidente.

El denominado caso Grúas gira en torno a una serie de decisiones que se tomaron en el Ayuntamiento de La Laguna a partir de 2003, cuando el entonces concejal de Seguridad Ciudadana (y más tarde alcalde de la ciudad), Fernando Clavijo, recomendó privatizar la gestión del servicio municipal de retirada de vehículos, la "grúa".

El caso llegó a los juzgados en 2017 de la mano de los concejales en la oposición de Nueva Canarias y Podemos y desde entonces ha vivido varias vicisitudes: primero la juez que lo inició decidió archivarlo, luego la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife la corrigió y ordenó investigar indicios complementarios que podían incriminar a Clavijo (para entonces ya presidente de Canarias), más tarde la juez se lo trasladó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias ante la condición de aforado del presidente para que finalmente el caso regresar al juzgado una vez que con el nuevo Estatuto de Autonomía, desde noviembre, perdiera el aforamiento.

Fernando Clavijo se ha quejado públicamente de que la Fiscalía no se pronunciase sobre el fondo del asunto mientras el caso estuvo en el TSJC, y ha denunciado que el Ministerio Público le ha perjudicado en sus derechos al no cumplir los plazos establecidos y actuar de forma dilatoria e, incluso, ha manifestado que sopesa presentar una querella tras salir a la luz un primer informe de la Fiscalía Superior en el que se aconsejaba archivar el caso al no hallar indicios de delito. El documento se envió a la Fiscalía General del Estado donde fue retenido hasta la aprobación del Estatuto que modificó su condición jurídica. El informe final, sin embargo, se decantaba por procesarlo en el juzgado ordinario.

A finales de marzo la fiscal Anticorrupción María Farnés, que se hizo cargo del caso apenas unas semanas antes, cuando el TSJC acabó por quitárselo de encima, se dirigió a la juez encargada del mismo para exponerle su análisis de todo lo instruido hasta la fecha: a su juicio, en 2014 se comete un delito de prevaricación, por omisión, que provoca el resto de las irregularidades analizadas, cuando el Ayuntamiento no toma la decisión de rescatar la concesión del servicio grúas a pesar de que desde la intervención munipal le advertían de que la empresa había cometido faltas graves que obligaban a ello. Farnés ve en la actuación de Clavijo indicio de los delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.