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José Miguel Ruano

Gobierno, patronal y sindicatos urgen aclarar el superávit con Sánchez, "aquí o en Madrid"

El Consejo Asesor opta agotar la vía política para que los 946 millones puedan gastarse en servicios básicos o infraestructuras

La sede de Presidencia regional en Santa Cruz de Tenerife vivió ayer una intensa mañana de reuniones en la búsqueda de consensos para plantear una estrategia común ante el Gobierno central por el superávit de 946 millones de euros impuestos a Canarias y que pueden perjudicarle mucho a corto, medio y largo plazo.

A primera hora, el presidente, Fernando Clavijo, junto a los consejeros de Economía, Pedro Ortega, de Hacienda, Rosa Dávila, y Servicios Sociales, Cristina Valido, se reunió con los integrantes de su Consejo Asesor -José Carlos Francisco, de la CEOE, Gustavo Santana, de UGT, e Inocencio González, de CCOO- donde acordaron agotar todas las vías políticas y administrativas para intentar convencer al Ejecutivo central de que ese dinero no puede computarse como superávit y derivarse, por tanto, a pagar deuda bancaria. Consideran que de los 946 millones, los 500 millones que el Supremo ha reconocido que el Estado debe a las Islas por los incumplimientos en el convenio de carreteras desde 2012 a 2016 han de usarse para vías o infraestructuras, los 300 de lo que la Comunidad Autónoma ingresó de más el pasado año y que no pudo invertir por la obligación de regla de gasto que impone Madrid, para servicios básicos, así como que los 146 restantes previstos a infraestructuras educativas y empleo que llegaron al filo del nuevo año, acaben en ese destino.

Para ello, han decidido solicitarle al presidente de España, Pedro Sánchez, una reunión urgente, "bien en Madrid o aquí', aprovechando su estancia en Canarias el sábado y el domingo por la precampaña electoral, para, con la presencia de todos los integrantes del Consejo, plantearle lo injusto y problemático de la situación, sus consecuencias para las Islas así como cuál sería la fórmula ideal para encauzarlo todo -bien vía real decreto o con otro acuerdo del Consejo de Ministros-.

Tras una hora y media de reunión, los miembros del Consejo Asesor acudieron ante la prensa en la primera planta del edificio de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife e irradiaron preocupación por lo que implica ese superávit impuesto desde el Ministerio de Hacienda. El primero en intervenir fue el presidente de la CEOE Tenerife, José Carlos Francisco, quien recurrió al símil del fútbol para recalcar que, aunque ya no se esté ni en tiempo de prórroga, sino de penaltis, aún se puede resolver una situación que puede perjudicar mucho a las Islas, a sus empresas y el empleo -18.000 puestos directos, según el cálculo del Gobierno autónomo-.

Francisco también anticipó el apoyo de los agentes sociales al recurso judicial al que recurrirán de no prosperar la vía política y administrativa, algo en lo que coincidieron luego los demás, si bien Clavijo subrayó que lo mejor, lo menos traumático, ágil e ideal es alcanzar un acuerdo por las buenas y cuanto antes.

En una línea similar se mostró Gustavo Santana. Aunque aludió en varias ocasiones a las distintas "interpretaciones" del Ministerio y el Gobierno regional sobre el superávit, confió en que se logre una salida consensuada en bien de las Islas porque, en este caso, cree que el Ejecutivo regional tiene razón. También lo considera así el secretario general de CCOO, quien se mostró muy preocupado por las consecuencias para las arcas regionales y, por tanto, para la sociedad en general por no poder derivar parte de ese dinero a reforzar los servicios esenciales y sí a deuda, pese a tratarse de la comunidad menos endeudada del país. Tampoco convence la alternativa de las inversiones financieramente sostenibles que ha aprobado el último Consejo de Ministros para las corporaciones locales y las comunidades cumplidoras con la ley de estabilidad financiera como es el caso de Canarias porque, entienden, se podría emplear una mínima parte de esos millones bloqueados y porque se le quiere dar prioridad a los servicios básicos y las vías, según insistió el presidente.

Clavijo volvió a subrayar ayer la lealtad de Canarias para con el Estado a la hora de cumplir precisamente la regla de gasto, el déficit y otros ratios económicos exigidos. Por tanto, no entiende lo que está sucediendo. Más allá de los 18 millones para la pobreza de 2018 pendientes o los 42 para el Plan Integral de Empleo que tampoco han llegado considera aún más relevante la situación del superávit.

Recordó, asimismo, sus intentos desde el 20 de diciembre para hablar o citarse con Sánchez, aunque todos han resultado infructuosos, si bien confía en que, al tratarse ahora de una petición de un consejo compuesto por empresarios y las principales centrales sindicales, acepte la reunión. Como los demás, sabe que queda poco tiempo de legislatura y que se está inmerso en el hay periodo electoral pero, recalca, ni el Consejo ni esta petición tiene que ver con partidismos ni pretenden interferir en la campaña.

No piensan lo mismo, sin embargo PSOE, NC y Podemos, que ayer no acudieron a la convocatoria con los portavoces de los grupos parlamentarios inmediatamente después del Consejo Asesor. Algo incomprensible para Clavijo toda vez que los diputados "cobran para estas cosas".

Los socialistas no asistieron "al circo de Clavijo" , aseguró el secretario general y candidato a la Presidencia de Canarias Ángel Victor Torres, porque se trata de una acción de carácter "electoralista" que se convoca a 48 horas de que empiece la campaña electoral para elegir al próximo Gobierno de España. Desde NC criticaron también el "uso partidista" que hace el jefe del Ejecutivo de la Presidencia del Gobierno y por convertir los actos institucionales en "instrumento para la campaña electoral".

En el otro lado, el portavoz de CC, José Miguel Ruano, criticó que se haya hecho una lectura solo partidista de algo que trasciende a los grupos políticos y a la coyuntura electoral, pues afectará al futuro Gobierno regional, lo conforme quien lo conforme, por comprometer, como mínimo, los próximos seis meses. A su juicio, y en la estela, a su vez, de Casimiro Curbelo (ASG), esto debe implicar a todos los estamentos y a la sociedad isleña en general. Por su parte, José Estalella (PP), se alineó con los argumentos del Gobierno y asumió que, en casos como Canarias, que ha cumplido sobradamente las exigencias sobre estabilidad presupuestaria, debería flexibilizarse la regla de gasto.

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