Dependencia y Sanidad son áreas a las que más afecta directamente el rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez a gastar el superávit de Canarias en los servicios públicos esenciales, según el Ejecutivo regional. Con los recursos que el Estado obliga a devolver a los bancos para amortizar deuda se podría contratar el personal suficiente para realizar las valoraciones de las personas dependientes y dejar "a cero" las listas de espera. En Sanidad permitiría la renovación de equipamientos de alta tecnología para el diagnóstico del cáncer o intensificar los programas de tarde quirúrgicos, de pruebas diagnósticas y de consultas para la reducción de las listas de espera. La construcción y equipamiento de un quirófano tiene un coste estimado de 470.000 euros.
Estos son algunos de los destinos a los que el Gobierno regional contempla asignar los fondos del superávit de la Comunidad Autónoma si el Ejecutivo central permite flexibilizar la regla de gasto y aplicar los recursos a sufragar los servicios públicos esenciales, puesto que Canarias es una de las comunidades menos endeudadas y cumplidoras con los objetivos del déficit. Para el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, "no tiene sentido que se obligue a Canarias a destinar el superávit a pagar deuda a los bancos cuando es la Comunidad Autónoma con menor endeudamiento per cápita".
El Gobierno central ha computado un superávit de 947 millones a las Islas, frente a los 300 millones que calcula el Gobierno de Canarias, y obliga a devolver ese dinero a los bancos. Según Clavijo, con esos recursos se podrían crear 18.940 puestos de trabajo.
El presidente canario le ha vuelto a pedir una reunión urgente a Pedro Sánchez para intentar corregir esta situación y sigue sin obtener respuesta. El jefe del Ejecutivo de España y secretario general del PSOE visita hoy y mañana Canarias en el seno de su campaña electoral para revalidar su candidatura a la Presidencia.
El Gobierno canario exige al Ejecutivo central que rectifique en su cálculo del superávit y, además, permita gastarlo en sanidad, educación, servicios sociales o en carreteras en vez de dárselo a los bancos. Según el Ejecutivo regional, el Ministerio de Hacienda eleva el superávit de las Islas porque computa como tal los 146 millones transferidos a finales de 2018 con partidas de ese ejercicio que se ejecutaban en 2019 y otros 500 millones de las sentencias por los incumplimientos del convenio de carreteras dictadas por el Tribunal Supremo. Canarias cifra en 945 la deuda en carreteras, frente a los 500 millones que cuantifica el Estado. Ese es otro campo de batalla entre ambas administraciones a lo que ahora se suma el superávit.
El problema ya no se centra solo en la rebaja de 445 millones en las sentencias de carreteras sino en que al computarlo como superávit se pone en peligro la ejecución de las obras que estaban recogidas en el anterior convenio y que no se han podido ejecutar por el incumplimiento estatal, y que ahora tampoco podrán realizarse porque no están insertas en el nuevo convenio. Son ocho infraestructuras de calado, como la cuarta fase de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, la vía de Ofra -El Chorrillo, en Tenerife, o la de Costa Calma -Pecenescal, en Fuerteventura.
Dependencia
Si se permitiera aplicar el superávit a los servicios públicos esenciales supondría un importante avance en dependencia, según las cuentas del Gobierno regional. El presupuesto para dependencia es de 203,25 millones, de los cuales 190 millones van directamente a prestaciones o servicios. Con ese dinero se está atendiendo al 70% de las personas con el derecho reconocido, por lo tanto, con 90 millones más se podría cubrir a la totalidad.
Además, si se pudieran destinar más recursos a este área se podría contratar al personal para las valoraciones de dependencia y dejar a cero las listas de espera. Por cada millón invertido en dependencia, se pueden contratar 33 personas para atender a la población, se indica desde el Gobierno. Como en el cuento de la lechera, en materia de empleo se daría cobertura a miles de familia teniendo en cuenta que los 42 millones del Plan de Empleo de Canarias (PIEC) dan trabajo a más de 6.000 familias. Además, con los 30 millones de pobreza que se transfieren a los ayuntamientos se ayudan en distintos aspectos (prestaciones básicas como comida, enseres de baño, ayudas de emergencia) a más de 180.000 familias.
En Sanidad también hacen sus cálculos y con el uso del superávit se podría haber reducido la jornada de los profesionales sanitarios públicos de 37,5 horas a 35 horas semanales desde el 1 de enero. El Gobierno ha suscrito un acuerdo con tres sindicatos para que se aplique el 1 de mayo en todas las áreas, hospitales y centros sanitarios de Canarias, con recursos del presupuesto de este año. Presupuesto que contemplaba hacer frente a esta rebaja con el superávit. Al igual que en Educación, donde se preveía financiar con estos fondos la rebaja de horas lectivas del profesorado, de 20 a 18 en Secundaria y de 25 a 23 en Primaria, y contratar a 2.200 nuevos profesores.?Aplicar esta medida rondaría los 108 millones de euros.
El Plan Canario de Infraestructura Educativa 2018-2025 contempla más de 140 obras de construcción, renovación o sustitución de inmuebles educativos, de manera que al final del periodo el Archipiélago contará con al menos 23.000 plazas que tienen un coste cercano a los 420 millones de euros. Parte del superávit también tendría ese destino, como en las obras hidráulicas. El protocolo con el Estado para los próximos doce años supone más de 170 obras hidráulicas para avanzar en el ciclo integral del agua.
Fernando Clavijo (CC) ha hecho un frente común con su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo (PP), para reivindicar al Gobierno central que no perjudique a sus ciudadanos por el hecho de que sus ejecutivos hayan gestionado de manera "seria y rigurosa" las cuentas públicas, pues ambas comunidades son de las menos endeudadas pero no se les permite invertir su superávit en sus necesidades. El dirigente canario también ha concitado el apoyo de empresarios y sindicatos y de portavoces del Parlamento regional (CC, PP y ASG).
Los socialistas canarios, por contra, sostienen que el Gobierno de CC se queja para esconder su "incapacidad" en gastarse el presupuesto y aseveran que ha dejado de ejecutar 800 millones euros, de ahí el superávit.
