Las diferencias en materia de seguridad entre el Gobierno canario y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) vuelven a salir a la luz. Tras el fiasco que supuso el intento de reformar la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias, que data de 1997, ahora es la convocatoria unificada de plazas que asume la Comunidad Autónoma la que ha levantado las suspicacias de los alcaldes, que se quejan de una decisión "unilateral" del Ejecutivo porque no ha contado con la organización que representa a los municipios canarios.
La Consejería de Política Territorial y Seguridad modifica por decreto ley la actual norma para asumir por delegación de los ayuntamientos la convocatoria y selección de nuevas plazas de policías locales. Se trata de un cambio del que el Ejecutivo "informó" a la Fecam antes de que fuera al Consejo de Gobierno, pero sin convocar reuniones previas y recabar la posición de los regidores al respecto.
El presidente de la Comisión de Función Pública y Seguridad de la Fecam, Ignacio Rodríguez Jorge, critica que "el Gobierno ha empezado muy mal" este proceso cuando son los ayuntamientos los titulares de la competencia en materia de policía local. "Como responsable de la Fecam creo que no son formas de actuar, no nos han dado audiencia y ha sido una actuación unilateral sin contar con nuestra participación", cuestiona el alcalde de La Matanza de Acentejo.
Durante las negociaciones para la reforma de la ley de 1997 ya se evidenciaron las diferencias de criterio entre la Comunidad Autónoma y la Fecam. El texto pactado entre el Ejecutivo y los sindicatos representativos del cuerpo fue rechazado en su mayor parte por la Fecam. Esta falta de consenso provocó que se estancara la reforma legal por decisión de los grupos parlamentarios. Ahora, unos meses después, el Gobierno utiliza el recurso del decreto ley -figura que entró en vigor tras la reforma del Estatuto- para acometer uno de los aspectos más importantes que contemplaba la reforma de la ley.
El vicepresidente segundo de la Fecam, Óscar Hernández, critica a la Dirección General de Seguridad y Emergencias: "La fórmula más adecuada para resolver los problemas no es que cuando los sindicatos no cierran acuerdos con las instituciones a las que pertenecen vayan directamente al Gobierno y éste regule sin tomar en cuenta a los titulares de la competencia". El alcalde de Agüimes cuestiona que en este caso las centrales sindicales se hayan puesto de acuerdo con la directoral general de Seguridad, Nazaret Díaz, para lanzar la propuesta de una convocatoria unificada de plazas de policías locales "sin escuchar el posicionamiento de los titulares de la competencia, nos tendría que haber preguntado al menos", añade Hernández.
"Da la sensación de que todos los alcaldes estamos de acuerdo con este tema pero habrá ayuntamientos que estén a favor y firmen el convenio con la Comunidad Autónoma porque les facilita las cosas y otros no. Necesitamos ver la letra pequeña y lo lógico era haber cerrado la convocatoria según las necesidades reales de los municipios y esto no ha sido así", explica el dirigente municipalista.
Lo que dudan los alcaldes es que una convocatoria anual de plazas de policías locales pueda resolver las necesidades de los municipios ante la diferente problemática que presentan. En este sentido, Hernández desconoce cómo se va a desarrollar la convocatoria y las bases de la misma.
Lo que sí tendrá que negociar el Ejecutivo con la Fecam son los pormenores del convenio al que se tiene que adherir cada ayuntamientos para ceder la competencia e incluir cuántos efectivos necesita para sacar a concurso las plazas. Al respecto, Ignacio Rodríguez no cree que un planteamiento global como el que ha decidido el Ejecutivo sea lo más adecuado en la situación actual. Por eso Rodríguez Jorge apuesta por crear listas de reserva como ocurre en los servicios públicos esenciales, caso de sanidad, educación o Justicia. "Necesitamos un procedimiento más ágil que el Gobierno no ha resuelto en 20 años para cubrir las bajas o vacantes mediante una lista de reserva", sostiene el dirigente de la Fecam.
Los alcaldes esperan las explicaciones del Gobierno cuando se inicie el procedimiento para alcanzar los convenios con los ayuntamientos.
