"He podido esclarecer cualquier tipo de arbitrariedad en mi proceder, no solo en cuanto al tráfico de influencias, sino también respecto a la prevaricación o malversación". Así de contundente se mostró este miércoles el presidente del Ejecutivo regional y candidato a la reelección por CC, Fernando Clavijo, tras prestar declaración durante más de dos horas en el Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna por el caso Grúas. Clavijo respondió a todas las preguntas salvo a las de la acusación particular al entender que su comparecencia por este proceso se debe a una "denuncia política" que "lo único que busca es generar algún tipo de daño o menoscabo" a su candidatura en las elecciones autonómicas del 26 de mayo.

Clavijo, que calificó su declaración de "minuciosa", aseguró que pudo despejar cualquier tipo de duda al Ministerio Fiscal y a la magistrada Celia Blanco sobre su proceder en la concesión de un préstamo a una empresa de retirada de vehículos cuando era alcalde de La Laguna. Una acción, indicó, que permitió salvar el servicio de grúas del municipio. "Creo que he acreditado que obré siguiendo el ordenamiento jurídico", subrayó.

El jefe del Ejecutivo regional aseguró que se siente "absolutamente respaldo" por su partido y explicó que llegó más de una hora y media antes de que comenzase su declaración para reunirse con su abogado. "No había tenido tiempo dado las circunstancias electorales en las que nos encontramos y pude llegar antes y despachar y analizar bien la declaración", aseveró.

La Fiscalía Anticorrupción, que ha asumido la causa, halla indicios de prevaricación, malversación y tráfico de influencias en la actuación de Clavijo. La causa ha seguido un singular recorrido. Unid@s se puede y Por Tenerife-NC, partidos de la oposición en el Ayuntamiento lagunero, presentaron una denuncia por presuntas irregularidades en la tramitación del expediente de las grúas en abril de 2017. En junio de ese año, Blanco archivó la causa con el apoyo de la Fiscalía, pero la Audiencia Provincial, cuatro meses después, ordenó reabrir el caso.

El Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna remite el caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) al ser Clavijo aforado, pero la Fiscalía General del Estado decide esperar a que se apruebe el nuevo Estatuto de Autonomía que elimina los aforamientos para emitir su informe sobre el caso. Aunque en un primer momento tenía sobre la mesa un borrador en el que no se aprecian indicios de delitos, dos días después de entrar en vigor la carta magna canaria el Ministerio Fiscal remite un informe al TSJC donde expone que no es competente, al perder Clavijo su aforamiento, y que el caso vuelve a La Laguna.