Un total de 54 instalaciones altamente contaminantes serán inspeccionadas este año en Canarias al estar sujetas a normas estrictas de prevención y control, debido a sus características y por los materiales con los que trabajan. El programa de inspección ambiental 2018-2020 del área de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma extrema la vigilancia sobre estas industrias por mandato de la UE y de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin de reducir al mínimo el impacto ambiental de los residuos y vertidos que generan.
Entre las instalaciones que se encuentran bajo la lupa de la inspección ambiental se encuentran los vertederos insulares -ahora denominados complejos ambientales-, las centrales térmicas, cementeras, producción de papel y vidrio, granjas avícolas, centros de almacenamiento de residuos peligrosos y productos químicos, centrales de diésel y otras instalaciones similares cuyos productos suponen un elevado riesgo para el medio ambiente.
Según refleja el plan de inspección ambiental publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), el mayor número de instalaciones corresponden a centrales de combustión igual o superiores a 50 megavatios de potencia hasta un total de 10, seis en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y cuatro en Las Palmas. Las granjas de cría de aves de corral de más de 40.000 plazas son también 10 distribuidas entre las dos provincias. En segundo lugar por número están los vertederos con capacidad superior a las 25.000 toneladas de residuos, que son ocho, cuatro en cada provincia ya que en Gran Canaria hay dos en la capital grancanaria -Salto del Negro- y San Bartolomé de Tirajana -Juan Grande-.
Junto a las centrales eléctricas, las granjas y los vertederos hay también seis almacenes temporales de residuos peligrosos, además de tres instalaciones de tratamiento en superficie de metales, tres cementeras, tres instalaciones de fabricación de productos químicos orgánicos y tres centrales de valorización o eliminación de residuos peligrosos con capacidad superior a las 10 toneladas diarias. Con una instalación hay una refinería de petróleo -Santa Cruz de Tenerife-, una instalación de fabricación de vidrio, dos centrales para la fabricación de productos químicos inorgánicos -gases y sales-, una instalación de mezcla y eliminación de residuos no peligrosos superior a las 75 toneladas diarias, fábrica de cartón, tratamiento de alimentos y una instalación de cría de cerdos con más de 2.000 plazas.
Según refleja el programa publicado en el BOC, en 2018 se inspeccionó el 75% de las instalaciones sujetas a control y vi- gilancia medioambiental. Des-de 2016 se ha incrementado de forma paulatina el número de instalaciones sujetas a inspección. El informe admite que en el periodo 2016-2018 no se ha podido completar el control sobre algunos centros e industrias con menor potencial riesgo ambiental, lo que se pretendía realizar en este primer cuatrimestre del año.
Intensificación
Fuera de las inspecciones reglamentarias, en 2018 se investigó un incidente y se ordenó el cierre de una instalación. Para este año, además de intensificar las labores de inspección con más personal y medios, se incluyen nuevas herramientas que hagan más eficaces las comprobaciones como verificar el cumplimiento de los valores límite de emisión a la atmósfera mediante monitores de funcionamiento continuo y, además, actualizar los formularios para revisar la documentación necesaria para el seguimiento ambiental de los diferentes tipos de instalaciones sujetas a la autorización integrada. Asimismo, se ha intensificado la labor de formación del personal asignados a las tareas de inspección, especialmente en los aspectos relativos a los vertidos al mar, un atentado medioambiental que ha aumentado en los últimos años.
Esta situación provoca que la Dirección General de Protección de la Naturaleza tenga como objetivo aumentar las inspecciones no reglamentarias en función de criterios como denuncias o quejas de ciudadanos o entidades, por la investigación de accidentes o incumplimientos de la ley o por la concesión, renovación o clausura de acti- vidades e instalaciones que trabajan con materiales contaminantes.
Un objetivo que se ha marcado para este año y el siguiente es también incrementar la colaboración con otras entidades e instituciones acreditadas, algo que hasta el momento se ha realizado de forma escasa, lo que también ha producido cierta descoordinación institucional.
