Más de 1.000 millones de euros pendientes y solo cuatro días y un Consejo de Ministros por delante para aprobar la transferencia de esa cuantía. El Ejecutivo regional, que espera un gesto mínimo del Estado, eleva a 1.281,8 millones la factura pendiente con Canarias derivada de lo adeudado en los presupuestos generales correspondientes a los años 2018 y 2019. Del total, 327,5 responden a partidas de convenios o resoluciones de las cuentas del pasado año que no llegaron a formalizarse y 954,3 a los recursos consignados en las de este ejercicio, entre los que el Gobierno canario suma los 500,34 millones -todavía faltan casi 500 millones más- de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo por los incumplimientos del convenio de carreteras.
La portavoz del Ejecutivo canario y a su vez consejera de Hacienda, Rosa Dávila, subrayó en la rueda posterior al Consejo de Gobierno que a Pedro Sánchez solo le queda una oportunidad para cumplir con el Archipiélago. Esa oportunidad, recalcó, llega este viernes durante el transcurso del Consejo de Ministros, justo dos días antes de la celebración de las elecciones generales. Después de esta fecha, el Gobierno de Sánchez entrará en funciones. Esa "limitación", indicó Dávila, implica que el Ejecutivo central no pueda dictar reales decretos y sea muy difícil el ingreso de esas partidas. "No voy a mentir. Es poca la confianza que nos traslada el Gobierno socialista de que lo que no ha hecho en los últimos cuatro meses lo haga en tan solo cinco [cuatro para el lector] días".
Entre las cuantías pendientes de este año se encuentran los 42 millones del plan de empleo ligado a las infraestructuras educativas; otros 42 millones del Plan Integral de Empleo para Canarias (PIEC); 40 millones del convenio de medio ambiente en materia de aguas; 30 millones del programa para la lucha contra la pobreza; 15 millones del plan de infraestructuras turísticas; diez millones del plan de depuración de aguas; ocho millones para abaratar el agua de riego y cinco para el plan para el establecimiento de la banda ancha en el Archipiélago.
El Gobierno canario también reclama los cuatro millones del convenio para financiar actuaciones en materia de costas; cuatro millones para del convenio de renovación de Las Rehoyas (Las Palmas de Gran Canaria); tres millones de la reposición de Las Chumberas (La Laguna); dos millones para el acondicionamiento de la playa de Valleseco (Santa Cruz de Tenerife) y 500.000 euros tanto para la estrategia para la internacionalización de la economía como para subvencionar plantas potabilizadoras de aguas.
En materia de carreteras, el Ejecutivo regional denuncia que el central aún no haya transferido 247,99 millones correspondientes a la presente anualidad e incluye, además, los 500 millones que el Estado incluye en el superávit de las Islas. El Ejecutivo calcula un superávit de 300 millones frente a los 947 millones que nos computa el Gobierno. El Ministerio de Hacienda lo incrementa porque tasa como tal los 146 millones transferidos en el último tramo de 2018 y esos 500 millones de las sentencias dictadas por el Supremo en carreteras.
El Gobierno canario, con Fernando Clavijo a la cabeza, ha solicitado en varias ocasiones a Madrid que corrija su cálculo del superávit y permita, además, destinar ese dinero a los servicios públicos esenciales y a carreteras. Ahora solo es posible destinar esos fondos a la amortización de la deuda o a inversiones financieramente sostenibles sujetas a una serie de "requisitos y limitaciones". Para Clavijo, una medida así carece de sentido porque Canarias es la tercera comunidad con menor deuda de todo el Estado y cercena la posibilidad de crear 18.940 puestos de trabajo en el Archipiélago relacionados con la sanidad, la educación y la dependencia. Para liberar el superávit, el Estado no es necesario modificar la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria, sino que el Estado flexibilice, dentro del marco de esa norma, la regla de gasto a través de un real decreto.
Entre las partidas económicas de 2018 que han quedado en el tintero, se encuentran 18 millones del programa para la lucha contra la pobreza y ocho millones para abaratar el agua de riego. El Gobierno de Sánchez aprobó la transferencia de esta partida a través de un real decreto el 29 de marzo, pero casi un mes después el dinero no ha entrado en las arcas autonómicas. Dávila incidió, a su vez, en que el nuevo REF y el Estatuto de Autonomía recogen la obligación por parte del Estado de igualar la inversión en las Islas a la media del conjunto de autonomías. "No es ni más ni menos que cumplir con los derechos de los canarios anclados", enfatizó.
