Los diputados del Parlamento de Canarias han cobrado a lo largo de la legislatura que está a punto de concluir un total de dos millones de euros en concepto de dietas. Se trata de cantidades que sus señorías perciben al margen del sueldo y de los complementos para costearse los gastos en transporte terrestre, alojamiento y manutención. El importe varía en función de la isla de procedencia del diputado y de su cargo en la Cámara (las dietas son mayores para los miembros de la Mesa del Parlamento y los portavoces de cada grupo), pero la cuantía media anual que se embolsa cada señoría es de unos 8.600 euros. No obstante, esta cifra viene reduciéndose progresivamente desde 2016. La primera institución de las Islas gastó en 2018 (último año completo de la legislatura) casi 33.000 euros menos en dietas que al comienzo del mandato. Una reducción que tiene que ver con distintos factores (el mayor o menor número de reuniones, el mayor o menor número de visitas institucionales, la cantidad de actividades que se llevan a cabo...) pero que también es consecuencia del cada vez mayor número de diputados que "no pasan" las dietas. Es decir, que asisten a un pleno pero no firman ni exigen luego que se les pague esta compensación. Una decisión que, no obstante, es estrictamente personal.
Aunque las dietas se han pagado siempre en todas las Cámaras legislativas del país, incluidas las Cortes Generales, fue el estallido de la crisis en octubre de 2007 el que dio lugar a que se pusiera a los parlamentarios en la picota. ¿Por qué? Porque los sueldos de los diputados están por encima y hasta muy por encima del salario medio (más si cabe en el Archipiélago) y ello no obsta para que, además, cobren un extra por el taxi, el alojamiento en Tenerife (donde está la sede del Parlamento autonómico y donde pernoctan sus señorías de las restantes seis islas cuando los plenos se dividen en dos sesiones) y la comida. Pero, sobre todo, porque las cantidades están fijadas en función de la isla de residencia y el cargo, de modo que circunstancias como que el diputado de Lanzarote, por ejemplo, tenga casa en Tenerife no se tienen, de facto, en cuenta.
Un parlamentario raso de la Comunidad Autónoma en régimen de dedicación exclusiva percibe cerca de 4.000 euros de sueldo (3.965,32 euros exactos de enero a junio y 3.975,09 de julio a diciembre). El salario medio de los trabajadores de la región es de 1.607 euros mensuales, con lo que el diputado que menos cobra ingresa cada mes más del doble que el trabajador medio. Aún más en los casos en que su señoría desempeña algún cargo en la institución, por lo que se cobran complementos que oscilan entre los alrededor de 2.200 euros de la presidencia y los 520 de los portavoces suplentes de cada uno de los seis grupos parlamentarios. Y, por si fuera poco, los 60 diputados reciben también dos pagas extras en junio y diciembre. Pero, aun con todo esto, los 70 políticos que han desfilado por los pasillos de la sede de la calle Teobaldo Power a lo largo de la legislatura (los 60 que han terminado el mandato y los otros diez que lo comenzaron pero no lo finalizaron) se han repartido otros dos millones en dietas. Exactamente 2.023.681,87 euros, según los datos que el propio Parlamento publica en su sitio web. Tienen derecho a 60 euros por pleno o reunión si son de Tenerife; a 83 si son de Gran Canaria; y a 113 si son de alguna de las restantes islas. Cantidades que aumentan en el caso de los portavoces y de los miembros de la Mesa.
La IX Legislatura arrancó en junio de 2015. En ese primer medio año de mandato, la Cámara repartió un total de 259.576,35 euros únicamente en dietas. Este año, cuando la legislatura ya está prácticamente concluida, los diputados se han embolsado otros 172.410 euros al margen del sueldo y los complementos. La base para ver la evolución de este gasto está, no obstante, en los tres años completos de 2016, 2017 y 2018. En 2016, cada una de las 61 personas que ocuparon los 60 escaños de la Cámara ingresó una media de 9.019 euros. Un gasto total de 550.185,53. En 2017, el Parlamento desembolsó en dietas algo menos, 524.193 euros, de modo que la media por cada uno de los 62 políticos que pasaron por la institución fue de 8.455 euros. En 2018 fueron 517.316,99. Esto es, 8.622 euros de media. Así pues, el gasto global se ha reducido año a año desde el comienzo de la legislatura, algo en lo que ha influido que haya diputados que renuncian a sus dietas, ya sea total o puntualmente. Francisco Déniz, de Podemos, no ha percibido ni un solo euro por este concepto ni en 2019 ni en 2018.
En un ranking de legislatura, los primeros puestos son para la presidenta de la institución, Carolina Darias (77.103,03 euros en los cuatro años); el secretario primero, Mario Cabrera (73.373 euros); el vicepresidente primero, David de la Hoz (73.248,99); y la vicepresidenta segunda, Cristina Tavío (63.093). Sumas altas han cobrado también Iñaki Lavandera (61.148,55), Noemí Santana (55.593), Héctor Gómez (54.640), Australia Navarro (52.125), Román Rodríguez (50.280) o Melodie Mendoza (50.189).
