Casi 300.000 pensionistas canarios podrán acceder de forma gratuita a sus medicamentos a partir de mañana. El Boletín Oficial de Canarias publica este jueves el decreto 78/2019, de 6 de mayo, que garantiza la gratuidad en la prestación farmacéutica ambulatoria del Servicio Canario de la Salud (SCS) de las personas titulares de la tarjeta sanitaria individual expedida por el SCS que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios, cuya renta sea inferior a 18.000 euros anuales.

Esta medida, que entrará en vigor este viernes beneficiará el 70% de los pensionistas canarios y afectará, en concreto, a 292.458 pensionistas. El decreto, que supondrá una inversión de más de 14 millones de euros (14.174.516), aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios, destinada a compensar gastos relacionados con la protección de la salud.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sostuvo que con esta medida se devuelve a los canarios, "concretamente a los pensionistas con menos recursos de nuestra tierra, lo que la crisis económica les arrebató. Es, por tanto, un acto de justicia que, además, se financiará con cargo a los recursos de todos los canarios, es decir, al superávit".

Este decreto, según informa en un comunicado el Gobierno de Canarias, se aprueba para garantizar la adherencia a los tratamientos médicos de aquellas personas con rentas más bajas, ya que se constató que durante la crisis un número significativo de pensionistas y sus beneficiarios no habían iniciado o bien habían interrumpido o suspendido sus tratamientos prescritos por el facultativo.

Las subvenciones que contempla el decreto se aplicarán de manera automática, sin que los beneficiarios tengan que realizar ningún trámite. En este procedimiento han colaborado los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de ambas provincias quienes asumirán los trámites derivados de las facturas de estos medicamentos para evitar que los pacientes tengan que realizar gestiones administrativas. El Gobierno de Canarias ha tomado como referencia el modelo seguido por la Comunidad Valenciana, que ha articulado una medida similar desde 2016 con resultados constatables de incremento significativos de adherencia terapéutica de este colectivo.

El copago de la prestación farmacéutica ambulatoria por parte de las personas pensionistas de la Seguridad Social y de las beneficiarias de las mismas se estableció mediante el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, como una de las múltiples medidas adoptadas por el Gobierno del Estado para paliar los efectos de la crisis económica. Una vez superada la citada crisis económica se están restableciendo los derechos afectados por la misma, y se están adoptando medidas para incentivar que la recuperación económica llegue a las familias y a la totalidad de la ciudadanía sobre la que recayeron con mayor virulencia los efectos de la crisis.

A pesar de dichas medidas, Canarias sigue siendo una de las comunidades autónomas con una de las rentas per cápita más baja del Estado y es también una de las regiones con mayor número de pensionistas con las pensiones más bajas del país, lo que justifica adoptar esta medida.

Estos indicadores determinan la necesidad de continuar adoptando medidas de impulso de la recuperación económica y de los beneficios del Estado del bienestar.

Colectivo con dificultades

El decreto hace hincapié en que los datos del sistema de información de receta electrónica del SCS ponen de manifiesto que un número significativo de pacientes pensionistas y sus beneficiarios con rentas inferiores a 18.000 euros no han iniciado o han interrumpido el tratamiento prescrito por el facultativo correspondiente. "Estos datos evidencian que se trata de un colectivo que tiene serias dificultades, por motivos económicos o sociales, para acceder a los tratamientos necesarios para garantizar su salud" , recoge la disposición legislativa. El Ejecutivo entiende, a su vez, que estos indicadores determinan la necesidad de continuar adoptando medidas de impulso de la recuperación económica y de los beneficios del Estado del bienestar.

Asimismo, tendrán derecho a las ayudas las personas que figuren como beneficiarias de las aseguradas como pensionistas, siempre que presenten ingresos inferiores a los 18.000 euros. El decreto aclara que el importe máximo de la subvención por persona beneficiaria no podrá superar los 70 euros en un año.

Tras conocer la intención del Gobierno presidido por Fernando Clavijo de eliminar el copago de las medicinas para los jubilados con menos recursos, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas, Juan Ramón Santana, valoró de forma positiva esta medida. Santana indicó, a principios de mes, que "todo lo que sea facilitar el pago de los medicamentos a los pensionistas que menos ganan es bienvenido porque en muchos casos se trata de tratamientos necesarios". Más aún, expuso, porque durante los años de recesión económica muchos jubilados fueron el sostén de sus familias por los problemas para acceder al mercado laboral, por lo que el copago de la medicación hacía más compleja esa situación.

Hasta ahora los pensionistas con ingresos inferiores a los 18.000 euros tenían un tope en el pago que hacían en las farmacias cuando acudían a comprar las medicinas. Ese límite a la contribución se situaba, de media, en los ocho euros.

En la implantación del nuevo procedimiento han colaborado los colegios oficiales de farmacéuticos de ambas provincias, quienes asumirán los trámites derivados de las facturas de los medicamentos para evitar que los pacientes tengan que realizar gestiones administrativas. El Gobierno de Canarias, según apunta en su comunicado, ha tomado como referencia el modelo seguido por la Comunidad Valenciana, que ya articuló una medida similar hace tres años, en 2016, con "resultados constatables" de incremento significativos de adherencia terapéutica de este colectivo.

Esta iniciativa nace con vocación de permanencia en el tiempo y el objetivo del Gobierno actual es que se consolide como una partida más en las cuentas autonómicos. En cualquier caso, el Servicio Canario de la Salud realizará un seguimiento y evaluación de los índices de adherencia a los tratamientos por parte del colectivo destinatario de estas subvenciones para determinar su continuidad en los próximos ejercicios presupuestarios regionales.