La Ley de Servicios Sociales de Canarias, que entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, regulará la Prestación Canaria de Inserción, la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia. Según la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, la entrada en vigor de la norma supone que "en torno a 11.000 familias con hijos a cargo, que cumplan los requisitos contemplados en la Prestación Canaria de Inserción, podrán solicitar en la permanencia en el sistema".

Ahora, "se abre un periodo de generación de las disposiciones transitorias para regular la aplicación de la nueva normativa, así como de adaptación de los aplicativos y gestores informáticos compartidos con los ayuntamientos y procedimientos administrativos y presupuestarios necesarios para hacer efectiva su aplicación", aclaró Valido.

También ayer se constituyó la Comisión Técnica Especializada del Consejo General de Servicios Sociales, órgano encargado de elaborar los reglamentos que desarrollarán la nueva Ley de Servicios Sociales. Su objetivo es avanzar en los diferentes reglamentos previstos así como establecer un calendario de trabajo. Y, de forma paralela, las diferentes direcciones generales implicadas en la Ley deberán desarrollar las instrucciones transitorias dirigidas a garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos en el propio marco normativo.

"La entrada en vigor de la nueva Ley es el inicio de una transformación permanente en las condiciones de vida de la ciudadanía canaria", matizó Valido.

La nueva Ley de Servicios Sociales, que fue aprobada el pasado 26 de marzo con consenso parlamentario, ha contando con un amplio proceso de participación ciudadana, del Tercer Sector, de los colegios profesionales, Cabildos y Ayuntamientos.

"Se trata de una Ley de última generación, de las mejores del Estado, que garantizan la construcción de un sistema público de servicios sociales moderno y avanzado", ha indicado la Cristina Valido, quien explica que la nueva Ley impulsa un nuevo Sistema Público de Servicios Sociales integrado por el conjunto de Administraciones públicas canarias coordinadas en red, junto con sus centros, servicios y demás recursos en materia de servicios sociales y de asistencia social, de titularidad pública y privada acreditados, destinados a la ciudadanía en general, y en particular a las personas y colectivos más desfavorecidos, o que se hallaren en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo.

Para ello, se potencia la cooperación interdepartamental e interadministrativa, a través del Sistema Canario Unificado de Información, el Registro Único de entidades, centros y servicios, el Historial Social Único y el Plan De Intervención Social Integral, y permite la mejora inmediata de la PCI, intensifica la lucha contra la pobreza infantil y el apoyo a las familias con menores, ya que permanecerán en el sistema aquellas con menores a su cargo y sin rentas o con pocas rentas, así como aquellas personas que necesiten más tiempo para culminar sus itinerarios de inserción socio laboral en programas acreditados para tal finalidad.