La constitución el martes del Congreso y del Senado resultantes de las elecciones generales del 28 de abril pone en marcha la XIII Legislatura estatal y abre un nuevo ciclo político en España dominado de nuevo por la izquierda tras casi ocho años de hegemonia de la derecha pese al interludio de los últimos diez meses de gobierno socialista en minoría. La victoria del PSOE y el descalabro del PP, junto a los resultados de las demás formaciones de uno y otro signo político, no da margen a otra opción que no sea la de un gobierno de Pedro Sánchez, apoyado por Podemos que, no obstante, necesitará acuerdos puntuales con los demás grupos para garantizar la gobernabilidad. Es lo que se ha llamado la geometría variable, que en todo caso podrá estar muy condicionada por los resultados de las elecciones autonómicas y locales del próximo día 26. De momento, la izquierda se garantiza la gestión de las cámaras con su mayoría en sendas Mesas de Congreso y Senado.
La nueva legislatura pone fin a la etapa del Gobierno en precario de Sánchez y a la inestabilidad parlamentaria vivida desde la moción de censura de hace un año contra el Gobierno del PP, sin que el horizonte político en el país quede completamente despejado por el papel clave que pueden jugar los partidos independentistas catalanes. En todo caso, arrancan las nuevas Cortes con importantes novedades como es la presencia por primera vez en España de un importante grupo parlamentario de ultraderecha (los 24 diputados de Vox), con una disputa inédita entre el PP y Cs por ver quien lidera la oposición, y la recuperación por parte del PSOE de la mayoría absoluta en el Senado. Llamativa es también la presencia de políticos presos en ambas cámaras (cuatro en el Congreso y uno en el Senado) al permitir el Tribunal Supremo que los procesados por su participación en el procés acudan a las sesiones inaugurales a tomar posesión de sus escaños.
Y en clave canaria, la principal novedad es la pérdida de peso político de los nacionalistas tanto por la pérdida del escaño de NC, como por el hecho de que las dos diputadas del partido que sí ha logrado representación, Ana Oramas y Guadalupe González Taño, de CC, no sean de entrada determinantes para condicionar la acción del Gobierno.
Ambas podrían serlo, eso sí, si ERC rechaza la investidura de Sánchez y los presos soberanistas renuncian al acta y son sustituidos. Pero todo apunta a que los republicanos se abstendrán y en ese caso convertirían en irrelevantes los dos votos de CC, quien por ahora no desvela su posición concreta al respecto. Sus dos representantes han señalado que no apoyarán la investidura de Sánchez si éste pacta con Podemos y los independentistas catalanes y vascos para gobernar, pero matizan que tampoco se colocarán en la oposición y muestran disposición a pactos puntuales tanto de políticas de Estado como relacionados con Canarias.
La formación canaria espera tener capacidad de condicionar con frecuencia acuerdos del Congreso o decisiones del futuro Gobierno en esa dinámica de geometría variable que creen va a marcar la vida parlamentaria en la nueva legislatura. Pero el nacionalismo canario no tendrá en ningún caso el peso que logró en la anterior legislatura. "Yo espero que nuestros votos sean decisivo en muchas comisiones o votaciones del Pleno, y podamos condicionar Presupuestos, medidas del Gobierno, y los socialistas canarios reconsideren su posición con Canarias, y los derechos de los canarios, y que respeten el REF y el Estatuto, nos transfieran las nuevas competencias, las cantidades que están pendientes de los Presupuestos prorrogados, y una financiación autonómica justa con Canarias", señala Oramas como las prioridades de CC para los próximos cuatros años.
Eufórico PSOE
El resto de los partidos canarios valoran de muy distinta forma el marco en el que comienza la legislatura, tanto en relación con la política estatal como en lo que tiene que ver con los asuntos isleños que se pusieron sobre la mesa en la campaña electoral y en los respectivos programas electorales. Los socialistas canarios, eufóricos por sus seis diputados y ocho senadores, dominan la escena y tienen por delante el reto de llevar al programa de Gobierno la llamada agenda canaria que queda por desarrollar.
Elena Máñez, nueva diputada por Las Palmas, resalta de entrada las "esperanzas" depositadas en la nueva etapa. Confía en que "a partir del 26 de mayo tengamos un presidente socialista en Canarias y podamos trabajar para esa agenda canaria con el Gobierno de España".
El PP canario asume su nueva situación y se conjura para trabajar con sus tres diputados, todos ellos ya presentes en el Congreso en la anterior legislatura, y su único senador, (Sergio Ramos, nuevo en el cargo) para provocar debates sobre las Islas en ambas cámaras. Guillermo Mariscal, diputado veterano por Las Palmas, afirma que "hay que demandarle y exigirle a Sánchez que cumpla con la ley y lo que marcan el REF y el Estatuto, y que no vuelva a utilizar los presupuestos para compensar a los territorios donde él cree que cuenta con más votos".
Mariscal considera que los resultados autonómicos del día 26 "van a condicionar mucho el tipo de gobierno que se plantee Sánchez" porque cree que "el acuerdo con Podemos ya está hecho, pero no lo han querido formalizar hasta saber cómo se trasluce en municipios, cabildos y gobiernos autonómicos". Según él, "si el PSOE gobierna Canarias, la agenda canaria tiene un negro horizonte, porque los socialistas canarios no fueron capaces de denunciar la actitud del Gobierno de Sánchez con el Archipiélago".
Desde Cs se pone el acento en lo que consideran dependencia del PSOE a los apoyos de los soberanistas catalanes, y en la "nula voluntad hasta ahora" de cumplir con los mandatos del REF y el Estatuto en relación con Canarias. "La clave va a estar en que Sánchez sea capaz de llegar a acuerdos estables con Podemos y los independentistas. A la famosa geometría variable no le veo futuro", asegura Saúl Ramírez, que ha renovado su acta por la provincia oriental. Según él, "el acuerdo con Podemos está hecho pero no lo harán público hasta después del 26", pero al tiempo admite que "los resultados de las elecciones autonómicas y municipales marcarán la dinámica del nuevo Gobierno y la propia gobernabilidad".
