La Audiencia Nacional insiste en sus advertencias al Ministerio de Fomento para que cumpla las sentencias del Tribunal Supremo que le condenaban a pagar 945 millones euros por los incumplimientos del anterior convenio de carreteras de los años 2012, 2013 y 2014. Lo hizo el pasado seis de marzo con tres requerimientos para cada una de los citados autos del Supremo, y lo vuelve a hacer ahora, con fecha del 14 de mayo, pese a que el departamento que dirige en funciones el ministro José Luis Ábalos asegura que ya había contestado al primero hace poco más de una semana, el pasado día 6.
La negativa de Fomento a reconocer el total de la deuda reclamada por Canarias, que cifra ya en casi 1.000 millones si a las cifras del convenio se le añaden los intereses de demora, mantiene abierta la pugna entre ambas administraciones, que ahora está residenciada en la sección octava de la Sala de los Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional tras la presentación por parte de la Comunidad Autónoma el pasado 27 de febrero de un incidente de ejecución de sentencia contra el Ministerio.
El primer requerimiento de la AN daba a Fomento un plazo de diez días para contestar. El remitido el pasado día 14 señala que "habiendo transcurrido el plazo prudencial concedido al Ministerio de Fomento para que informe sobre la ejecución de sentencia" a que se refiere el contencioso, se insta por tanto una nueva comunicación "para que proceda a cumplir" lo que demandaba el anterior escrito judicial o, en su caso, a que el Ministerio "exponga las razones que lo impiden". Un portavoz oficial del Ministerio insistía ayer en que esa contestación al primer requerimiento ya se había dado el pasado día seis y que no constaba en este momento ninguna otra diligencia judicial a la que responder.
En todo caso, indican que es posible que ese nuevo requerimiento no haya entrado oficialmente en el registro del Ministerio teniendo en cuenta el escaso tiempo trascurrido, así como el hecho de que el pasado miércoles fuera festivo en la capital. Pero el portavoz mostró su extrañeza por esa nueva demanda judiciañ por considerar que eso estaba ya respondido. Pese a esa insistencia, Fomento no se mostró dispuesto a hacer pública esa respuesta oficial a la Audiencia Nacional. Aseguran que, ahora, la sala judicial en cuestión "tendrá que resolver el incidente de ejecución de sentencia indicando si se da por cumplida la misma o si piden nueva información" a la luz de la respuesta dada.
La consejería de Obras Públicas y Transporte, que dirige también en funciones Pablo Rodríguez, asegura que la instancia judicial ante la que está planteado este contencioso no le ha hecho llegar dicha "supuesta contestación" por parte de Fomento, y que el hecho de que se haya tramitado un segundo requerimiento demostraría que no hay tal respuesta. Para el Gobierno regional, todo hace indicar que el Ministerio no moverá ficha al menos hasta que un nuevo Gobierno central tome posesión y se conforme al tiempo un nuevo equipo en ese departamento.
Desde Fomento se sostiene como argumento central que el cumplimiento de la sentencia está en marcha pero suspendido de facto por el hecho de que el Gobierno de Canarias se negara a aceptar el acuerdo extrajudicial que aseguran tenían pactado cuando se firmó el nuevo convenio de carreteras el pasado 22 de diciembre.
En los cajones se quedaron entonces las otras dos partes que en principio se iban a firmar y que fueron también aprobadas por el Consejo de Ministros, la adenda de 101 millones para las carreteras actualmente en ejecución, y el compromiso del ministerio para la devolución de los fondos aportados por la comunidad autónoma para obras que no pagó el Estado entre 2012 y 2016, 500 millones según Madrid. El Estado sólo admite tener que pagar las obras que están certificadas, pero no las que se realizaron con los fondos que adelantó la comunidad autónoma, unos 345 millones. Lo que pretendía el equipo de Ábalos es que al firmar el nuevo convenio y la cantidad de 500 millones reconocida por Fomento como deuda, Canarias renunciara a pleitear ante los tribunales por la diferencia. El Gobierno regional se negó rotundamente.
Ambas partes intentaron negociar una solución durante los primeros meses de este año, y se produjeron algunas reuniones entre Pablo Rodríguez y el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, así como de la Comisión Mixta de Seguimiento del nuevo convenio. Desde el gobierno regional se llegó a señalar que el ministerio había ofrecido algunas fórmulas de pago que la consejería estaba dispuesto a aceptar, pero se cortaron todos los circuitos de relación desde el momento en que, semanas después, se convocaron elecciones generales para el 28 de abril. Según la versión que trasladó Saura al consejero y vicepresidente canario, era el Ministerio de Hacienda quien vetó cualquier solución que pasara por reconocer el total de la deuda reclamada por Canarias.
"Nos llegaron a decir que estaban de acuerdo en buscar una nueva redacción de acuerdo extrajudicial que nos permita firmar ya la disposición de los 600 millones que ahora están dispuesto a pagar, pero dejando abierta la vía de que sigamos reclamando en requerimiento judicial los otros 345, porque tal y como estaba redactado el acuerdo que nos propusieron en diciembre, eso no era posible", explicó el consejero tras algunas de las reuniones en las que se trataba de alcanzar un acuerdo. El Gobierno regional en funciones considera que los requerimientos de la Audiencia Nacional a Fomento no entran en el fondo del asunto y que se limitan a instar al Ministerio a que cumpla las sentencia del Supremo y pague la deuda. "En teoría, los hechos están juzgados y solo cabe resolver el incidente de ejecución", sostiene el consejero en funciones.
