Indignación por la ausencia de respuesta. El Gobierno de Canarias mostró ayer su malestar por la negativa del Ministerio de Fomento a responder a los requerimientos de la Audiencia Nacional sobre la ejecución de las sentencias que obligan al Estado a abonar casi 1.000 millones en las arcas de la Comunidad Autónoma por el incumplimiento del convenio de carreteras entre 2012 y 2016. El vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, aseguró ayer que el Ejecutivo socialista no quiere pagar al Archipiélago lo que debe, al tiempo que acusó al PSOE canario de "cobarde y cómplice" de sus compañeros en Madrid por no alzar la voz para que Fomento ingrese los fondos cuanto antes. "El Gobierno del PSOE miente descaradamente a los canarios y nos toman el pelo. Pedro Sánchez viene a las Islas con promesas vacías a la vez que rehuye a la Justicia y no nos paga lo que nos corresponde", subrayó.
Los fallos del Tribunal Supremo obligan a Fomento a pagar los 864,7 millones que dejó de enviar en el periodo antes citado, cuando aún gobernaba el PP, para la inversión en carreteras. A esta cifra hay que sumar, además, unos 127 millones en concepto de intereses de demora. El Ejecutivo regional presentó el 27 de febrero un incidente de ejecución de sentencia después de que ambas administraciones no llegaran a un acuerdo para el abono de las cuantías. La Audiencia Nacional emitió el 6 de marzo tres requerimientos para la ejecución de cada una de los fallos del Supremo favorables al Gobierno canario. Ante la falta de respuesta, el órgano judicial volvió a dirigirse el día 14 de este mes al departamento que en estos momentos dirige en funciones José Luis Ábalos. Fomento, sin embargo, asegura que respondió al primero hace algo más de una semana.
Rodríguez se mostró muy crítico por la actitud que ha adoptado la formación socialista en el Archipiélago ante situación. A su juicio, los socialistas canarios "aplauden los incumplimientos" de Madrid con Canarias y han demostrado "que no tienen fuerza dentro de su organización para exigir a los suyos que cumplan con Canarias".
El vicepresidente y consejero regional firmó el pasado 22 de diciembre en Madrid el convenio de carreteras vigente, dotado con 1.200 millones de euros, para financiar más de 100 intervenciones. Sobre la mesa dejó, en cambio, el acuerdo extrajudicial propuesto por Fomento. En él, el Estado solo reconocía una deuda de 500 millones y una adenda de 101 millones para las carreteras en ejecución. A principios de marzo, la portavoz del Ejecutivo regional y consejera de Hacienda, Rosa Dávila, apuntó que "en aras al buen rollito" el Gobierno canario no había computado el total de los intereses. Sin embargo, ante el tijeretazo que trató de efectuar el Estado, Canarias exigió el pago total de los intereses más la deuda con la presentación del incidente de ejecución de sentencia contra el Ministerio.
El rechazo del Gobierno canario a firmar el acuerdo extrajudicial propuesto por el departamento de José Luis Ábalos lo utiliza ahora Fomento como argumento para asegurar que el cumplimiento de las sentencias está en marcha pero suspendido de facto por la negativa del Ejecutivo. El baile de cifras entre los números reclamados por el Archipiélago y los que computa el Estado se debe a que Fomento solo reconoce tener que pagar las obras que están certificadas, algo a lo que el Gobierno canario se opuso.
El incumplimiento del Gobierno central con el Archipiélago durante los años de crisis asfixió el desarrollo de las carreteras en Canarias, una situación que ha provocado que aún haya obras en ejecución del convenio anterior, como la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria.
Las desavenencias de la Comunidad Autónoma con el Estado se han sucedido desde que Sánchez accediera a La Moncloa. La falta de acuerdo sobre la cantidad que Madrid debe pagar a Canarias en materia de carreteras se suma a un listado de desencuentros entre ambas administraciones a cuenta, por ejemplo, de la negativa de Sánchez para reunirse durante sus visitas a las Islas con Fernando Clavijo, presidente del Gobierno canario, o del incumplimiento o retraso en las transferencias de diferentes partidas. No en vano, Rodríguez, también exigió ayer al Gobierno central que firme cuanto antes el plan de infraestructuras turísticas de 2019 para evitar retrasos como los de 2018. El vicepresidente especificó que se trata de "15 millones de euros para la modernización y renovación que son claves para poner al día las infraestructuras turísticas de las Islas".
